Cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional acaban mandado este diciembre y eso sitúa a PSOE y PP ante una nueva negociación para renovar el máximo intérprete de la Constitución. Se necesita una mayoría de tres quintas partes del Senado y, por tanto, los dos grandes partidos deben ponerse de acuerdo. A finales del 2025 habrán cumplido nueve años como miembros de este organismo el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Ricardo Enríquez y María Luisa Balaguer, nombrados por la cámara alta en el 2017. En cuanto a José María Macías, fue designado en julio del 2024 para cubrir 2022 por motivos de salud— y podrá ser elegido de nuevo porque no habrá cumplido un tercio de mandato. ¿Cómo afectarán los cambios a la resolución de los recursos sobre la amnistía?

Eugeni Gay (Barcelona, ​​1946) atiende al ARA justo al día siguiente de la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía. Fue miembro del tribunal desde 2001 hasta 2012 y también vicepresidente de la institución.

El Tribunal Constitucional prevé celebrar un pleno monográfico para resolver sobre la ley de amnistía los días 24, 25 y 26 de junio. El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, ya dijo hace unos días en un desayuno en el Ateneo de Madrid que se deliberaría sobre la amnistía antes del verano y, con el calendario sobre la mesa, la opción "más probable" es la de la semana de Sant Joan, tal y como ha avanzado TV3 y ha confirmado el ARA. cuando era vocal en contra de la ley de amnistía y Juan Carlos Campo –del sector progresista– se abstuvo porque también se pronunció cuando era ministro de Justicia. Así, se prevé que se imponga la mayoría progresista por 6 a 4.

Nueva maniobra de la derecha del Tribunal Constitucional para detener la amnistía. Tres magistrados propuestos por el PP en el órgano de garantías, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, registraron un escrito este lunes en el que solicitan presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de dictar la sentencia, o bien esperar a que Luxemburgo resuelva las que ya hay. Por ejemplo, las de la Audiencia Nacional por el caso de los miembros de los CDR acusados ​​de terrorismo y la del Tribunal de Cuentas sobre la causa del 1-O y la acción exterior de la Generalitat durante el Proceso. Consideran que existen aspectos de la ley de amnistía que pueden ser contrarios al derecho europeo y que, antes de analizar la constitucionalidad de la norma, el TJUE debería pronunciarse. Sin embargo, fuentes consultadas por el ARA conceden poco recorrido a este intento de torpedear la amnistía.

El Tribunal Constitucional busca legitimarse a tres meses de que dicte sentencia sobre la amnistía. Y el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, se ha reivindicado este lunes en un formato no muy habitual: invitado por el Ateneo de Madrid, ha pronunciado un discurso y se ha sometido a preguntas de algunos periodistas para decir que "cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución y el sistema democrático". La idea de Conde-Pumpido es que la sentencia al recurso del PP llegue antes del verano, un plazo "razonable", dijo, dado que la norma entró en vigor en julio de 2024. Así pues, el TC se pronunciaría un año después.

Un socio del ANC fue citado a declarar como investigado la segunda semana de abril por un delito de desobediencia contra los Mossos por su participación en el recibimiento al expresidente Carles Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa. Aquel 8 de agosto, los antidisturbios del cuerpo policial detuvieron a dos personas e identificaron a diecinueve más cuando intentaban entrar en el Parque de la Ciutadella para acceder al Parlament. Ignasi es una de las diecinueve personas que los Mossos identificaron tras rociarle a él y al resto de manifestantes con gas pimienta para cerrarles la entrada.

La magistrada María Luisa Segoviano fue la única miembro del Tribunal Constitucional (TC) que acudió el lunes a la toma de posesión de dos nuevos jueces del Tribunal Supremo. El resto se reunían para abordar el conflicto inédito que se ha abierto en la institución y que ha ocupado prácticamente toda la semana. Se trata del desafío que han propuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Audiencia Provincial de Sevilla: pretenden sortear sentencias del TC elevando sus cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, el órgano madrileño ya ha realizado la petición en Luxemburgo. Ésta es la vía que el Supremo ya insinuó que utilizaría para aplazar aún más la aplicación de la ley de amnistía y, por tanto, puede dilatar también el regreso de Carles Puigdemont. ¿Qué está sucediendo?

Se acabó la época en la que el Tribunal Constitucional era prácticamente una extensión del PP y los populares, habitualmente satisfechos con sus decisiones, reclamaban "respeto" a quienes osaban criticarlas. Con Mariano Rajoy de presidente, por ejemplo, el gobierno español lo utilizó de ariete contra el proceso soberanista y ya antes, recogiendo las firmas contra el Estatut, los populares habían puesto el futuro de la España autonómica en manos del tribunal de garantías. Era indiferente si había magistrados con el mandato caducado o incluso si el presidente había militado en un partido político (Francisco Pérez de los Cobos reconoció haberlo hecho en el PP). Pero todo esto ha pasado a mejor vida ahora que en el TC hay mayoría progresista por primera vez desde 2013.

El Tribunal Constitucional aparta al magistrado José María Macías de las deliberaciones sobre la amnistía. La mayoría progresista se impone por 6 a 4 y esa composición es la que abordará todos los recursos que tengan que ver con el olvido judicial del Proceso. El exministro Juan Carlos Campo ya decidió abstenerse porque dictó los indultos cuando estaba en el gobierno de Pedro Sánchez y ahora se acepta la recusación que la Fiscalía había planteado contra Macías, que como vocal afín al PP en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) lideró un llevar informe contra la norma mientras se tramitaba en el Congreso,

1. Irresponsabilidad. Las comunidades autónomas del PP, con Ayuso como abanderada, siempre un paso por delante de Feijóo, Vox y el socialista manchego García-Page, abanderado del neofelipismo, llevan la amnistía al Constitucional. La impotencia política trasladada a los tribunales. Un ejercicio más de politización de las instituciones que deberían ser neutrales: parad lo que nosotros no hemos podido evitar. Y tan descaradamente que presentan recusaciones contra los miembros del Constitucional que consideran que no son de su cuerda. Solo faltaría darles la sentencia escrita. Triste ejercicio que no hace más que confirmar la politización de las instituciones españolas en los altos niveles. Ahí donde no llega, la derecha traspasa el trabajo a quienes considera afines. Patética idea de la separación de poderes y funciones.

Cuatro días después de que el PP registrara el anunciado recurso contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional, este lunes se ha producido un alud de recursos de las autonomías populares. Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar que la Comunidad de Madrid ya había formalizado el registro en un desayuno informativo, poco antes de que Aragón también confirmara el mismo movimiento. A estas dos autonomías cabe sumar Galicia, Murcia, Cantabria y Andalucía. De momento, son seis las comunidades del PP que han dado el paso y, dentro del miércoles –cuando vence el plazo para recorrer, de tres meses desde la publicación oficial del texto–, las seguirán en cascada Extremadura, Castilla y León , las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

La ley de amnistía pretendía ser un instrumento ágil para acabar con la persecución judicial de muchos cargos y activistas independentistas. Por eso se fijó un plazo de aplicación máximo de dos meses, que evidentemente ya no se ha cumplido en la mayoría de los casos. Los tribunales, empezando por el Supremo y la Audiencia Nacional, retuercen los plazos planteando recursos en Europa y también en el Tribunal Constitucional (TC). Y este último, según fondos jurídicas consultadas por el ARA, no resolverá hasta dentro de seis meses o un año. El próximo martes el tribunal de garantías decidirá la admisión a trámite sobre el primer caso que ha llegado: la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el Supremo por el caso de un manifestante encausado por desórdenes públicos. Llegarán más, y el PP también se ha sumado con un recurso de inconstitucionalidad registrado este mismo jueves.

Catalunya tiene nuevo president: Salvador Illa. Es el tercer presidente socialista que dirigirá el gobierno catalán, después de Pasqual Maragall y José Montilla, pero el primero que lo será habiendo ganado unas elecciones. Aquí tenemos el primer motivo por el que Illa es president, haber quedado primero. Sin embargo, este no constituye el principal motivo de su elección, como demuestra el hecho de que otros dos socialistas, Pedro Sánchez y Jaume Collboni, son respectivamente presidente y alcalde habiendo perdido las elecciones. La razón auténtica por la que Illa ha sido elegido 133 president de la Generalitat se basa en que el tripartito sumaba. Algunos lo advertimos reiteradamente: si el tripartito suma, se hará. Y así fue. Es una ecuación que nunca falla, excepto cuando Esquerra Republicana puede ostentar la presidencia, como ha sucedido en estos últimos años, con Pere Aragonès.

El primer mes de vida de la ley de amnistía ha resuelto algunos interrogantes, dejando todavía muchas causas judiciales vinculadas al Proceso en el aire. Como era de esperar, la norma ha contado con el consentimiento de algunos tribunales, pero también con una oposición frontal de otros. Los detractores fueron los sospechosos habituales: los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena, la Audiencia Nacional, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos. De momento, hay setenta personas amnistiadas, mayoritariamente policías españoles que cargaron contra los votantes el 1-O, pero también manifestantes y algún cargo público, mientras que los líderes del Proceso se están encontrando obstáculos. Cuanto mayor es la instancia judicial, más problemas.

Hace pocos días, y en estas páginas, Joaquín Urías daba por muerta la ley de aministía, tras las dos decisiones del Tribunal Supremo la semana pasada relativas a la situación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, por un lado, y Puigdemont, Comín y Puig, por otro. Yo discrepo. Existen varios escenarios abiertos que conviene que analicemos detenidamente. Y ahora aún más después de la decisión del lunes del juez García-Castellón de archivar el caso Tsunami y la del martes del juez Aguirre de pedir al Supremo que abra una causa contra Puigdemont y su entorno por traición, malversación y pertenencia a organización criminal.

Un error grosero de García-Castellón con algo tan nimio como una prórroga extemporánea de la instrucción del caso Tsunami ha puesto fin a una investigación delirante por terrorismo. Buena noticia. Pero todavía quedan algunos frentes abiertos. El lector quizás recordará que, en estas mismas páginas, hice referencia a que la guerra de guerrillas del Tribunal Supremo (TS) por no aplicar la ley de amnistía podía chocar con otro obstáculo inesperado: la decisión de los magistrados de no plantear ninguna cuestión prejudicial a escala europea –lo que sí que hará la Audiencia Nacional en el caso de los CDR– y verter toda la litigiosidad en el propio TS y después en el Tribunal Constitucional (TC), para dilatar y hacer ilusorios los beneficios de la norma o para evitar un nuevo correctivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la vista de cómo han tenido que retorcer el delito de malversación: la independencia de Catalunya habría afectado a los intereses de la UE porque la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría disminuido. Y eso que la sentencia del Proceso decía que la independencia era un “ensueño”, “un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana”.

Este jueves hará un mes que el Boletín Oficial del Estado publicó la aprobación de la ley de amnistía. Desde entonces, se han beneficiado 74 personas, 46 de las cuales son policías nacionales y cuatro mossos d'esquadra, según recoge el ACN. Más allá de los agentes policiales, se ha amnistiado el exconseller de Interior Miquel Buch y el mozo que contrató como asesor mientras hacía de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y otros veinte amnistiados son manifestantes investigados o condenados por altercados en Barcelona.

Un observador imparcial podría pedirse tranquilamente cómo es que, si el Congreso de los Diputados (sede de la soberanía nacional española) aprobó la ley de amnistía para los encausados ​​por el Proceso, el presidente del Parlament, Josep Rull, se ve en la necesidad de aclarar, en el curso de una entrevista, que “Puigdemont no será detenido en el Parlament”.

Los magistrados del Tribunal Constitucional firman cada vez menos sentencias sobre el Proceso. Esto es lo que se desprende del informe anual del Instituto de Estudios del Autogobierno de este año, que constata que sólo cinco de las casi 200 sentencias firmadas en 2023 resuelven litigios relacionados, directa o indirectamente, con el derecho a decidir y el proceso independentista. Estas cinco sentencias, enmarcadas en un total de ocho autos dictados sobre estos litigios, hicieron que el 2023 fuera uno de los años con menor actividad del TC relacionada con el tema. Desde antes del 2017 –cuando aún debían resolverse casi todas las cuestiones en torno al referéndum del 9-N del 2014– que no tenía tan poco trabajo vinculado al Proceso. En 2019 el número de autos se encaramó hasta 53 y en 2020 hasta 51.

El Tribunal Supremo de España, mediante un extravagante Auto, ha dejado prácticamente sin efectos una ley recién aprobada por las Cortes Generales. No se trata de una ley cualquiera, sino de la norma más trascendente de esta legislatura y de una de las más importantes aprobadas en los últimos años por nuestro Parlamento. La ley de amnistía.