El conflicto en la emblemática Casa Orsola de Barcelona ha vuelto a poner los focos en la lucha social por el derecho a la vivienda en la ciudad. El desahucio de Josep en esta finca —que el viernes aglutinó a más de un millar de personas en el portal y que este lunes se ha aplazado por segunda vez hasta el 18 de febrero - se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación en los barrios, un ejemplo entre muchos vecinos obligados a irse de la capital catalana.

La noticia ha pasado en segundo plano, como suelen hacerlo las noticias referidas a este tipo de hechos (en el mejor de los casos, porque la mayoría pasan inadvertidas): dos hermanas que vivían en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, ​​en un piso en la calle Navas de Tolosa, se suicidaron la madrugada del pasado lunes, horas antes de ser desahuciadas de su domicilio. Tenían 54 y 64 años, dejando cartas de despedida en las que explicaban que habían decidido dejar de vivir ante la imposibilidad de resolver su problema. No habían pagado el alquiler del piso desde marzo de 2021 y debían a la propiedad poco más de nueve mil euros.

Hace apenas un mes que entró en vigor el nuevo índice de control del precio de los alquileres, el elemento de la nueva ley española de vivienda que ha acaparado mayor atención desde la pesada aprobación de la norma. El Sindicato de Alquiladoras ha hecho balance este miércoles de los primeros 30 días de aplicación de la herramienta y una de las principales preocupaciones de la entidad es la desinformación que, según han observado, llega a través de las inmobiliarias y los portales de anuncios. "Es una ley que protege a los inquilinos y no es normal que la patronal se dedique a explicar cómo saltársela ya decir que no funciona", ha denunciado el portavoz de la organización, Enric Aragonès. Aunque es pronto para valorar todos sus efectos, el Sindicato celebra que la normativa sirva para que los inquilinos puedan forzar bajadas de precios en sus contratos, como en aquellos casos que ya están por encima del índice.

Decenas de inquilinos de más de 40 fincas de Barcelona han vuelto a sumar fuerzas y denuncian que la inmobiliaria Rentaz incumple el acuerdo alcanzado después de hacer pública una "estafa generalizada" con los honorarios que los habían cobrado de forma presuntamente irregular. En un nuevo capítulo de un caso que se hizo público en marzo, en el que los propios inquilinos reclamaron a la inmobiliaria que les devolviera estos honorarios, los inquilinos han decidido ahora llevarlo a los tribunales. Según explican, la protesta de marzo derivó en un pacto entre las partes implicadas. Se marcaba un plazo para que les devolviera el dinero y se establecía una cláusula de confidencialidad que hizo que el acuerdo no se hiciera público. Ocho meses después, los vecinos han decidido romper esa confidencialidad para denunciar que Rentaz, aseguran, sigue sin devolverles el dinero. Este sábado han decidido en una asamblea exigir el cumplimiento del acuerdo a los tribunales.

"Es el piso de su vida, lo lleva muy mal", así resume Meritxell al ARA el caso de su madre, Josefa, una pensionista de 80 años que tiene que renovar el contrato de su piso en unos meses y el fondo de inversión que se ha quedado el edificio donde vive pretende subirle el alquiler hasta un precio que ella, dice, no puede pagar. Así lo denuncia el Sindicat de Llogaters, que asegura que Lioness Inversiones –la empresa que recientemente ha adquirido el edificio de la Casa Orsola, donde vive Josefa, y que ocupa todo un chaflán del Eixample Esquerre– ha pedido una subida del 90% del precio a esta vecina. "Josefa paga 450 euros por un piso de 53 m² adaptado y recibe una pensión que no llega a los 500 euros mensuales. Subiéndole el alquiler a 800 euros, la empresa de Albert Ollé pretende infringir la ley de regulación de alquileres", aseguran desde el Sindicat. Según su hija, Josefa depende completamente de ella y de la asistencia social para vivir, y lleva toda la vida en este piso.

Hasta hace 30 días, los vecinos locatarios que viven en la Casa Orsola tenían "muy buena relación" con la propiedad del edificio. "Era un trato familiar y muy cordial", asegura Elisenda, que hace más de 30 años que vive en la finca, situada en la esquina de las calles Consell de Cent y Calàbria, en el Eixample Esquerra. Se trata de un edificio modernista muy conocido en el barrio (en el siglo XIX había sido una importante fábrica de baldosas hidráulicas) que ocupa todo un chaflán y tiene dos escaleras: en total, 27 pisos y 4 locales comerciales. Hace un mes, sin embargo, el bloque cambió de manos y la relación con los vecinos ha dado un giro de 180 grados. Ahora el propietario es el fondo de inversión Lioness Inversiones SL, que enseguida comunicó a los vecinos –a través de un burofax– que no les renovarían el contrato. Lejos de aceptar las condiciones, la finca entera se ha organizado para denunciar lo que consideran que es una operación especulativa.

Con ocho furgonetas de los Mossos ante su portal, preparadas para desalojarlo, Carlos, de 53 años, ha decidido "aguantar el tipo" con calma. Afuera, una cincuentena de vecinos y vecinas, convocados por los movimientos por una vivienda digna, protestaban ante la puerta para impedir –sin éxito– la entrada a la comitiva judicial. "Solo me quedaba intentar mantener la dignidad, y mucho que me ha costado. No les he abierto, los he esperado adentro sentado hasta que han roto la puerta y han entrado". Los agentes han apartado uno a uno a los manifestantes y han accedido al piso. Entonces Carlos los ha recibido y ha entregado las llaves. Su madre, enferma crónica del corazón y con un informe de vulnerabilidad acreditada, no estaba en el piso. "Menos mal que en el último momento hemos decidido que era mejor que ella no estuviera, porque la situación de tensión ha sido muy potente", relata Carlos.

Por una política de vivienda social y asequible, medio millar de personas se han manifestado este sábado en Barcelona -a pesar de que hay diversas en todo el Estado - en protesta por el incumplimiento del gobierno español de regular el precio de los alquileres, según datos de la Guardia Urbana. Medio centenar de entidades, como Sindicat de Llogateres, el Observatori DESC o la PAH, han convocado una nueva movilización ante la delegación del gobierno español, en la calle Mallorca con Roger de Llúria, tan solo seis semanas después de protagonizar un acto de fuerza por la anulación del decreto de la Generalitat que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer vivienda social antes de desalojar familias vulnerables. El lema de la concentración: "La vivienda es un derecho, no un negocio", ilustra el espíritu de la convocatoria a favor de un aumento del parque público de viviendas y en contra de las grandes empresas que monopolizan el mercado a precios inalcanzables para una sociedad en crisis.