A pesar de la repercusión política y social que han tenido los dos decretos de vivienda tumbados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, con la convocatoria de elecciones en el horizonte y decenas de personas acampadas en los centros de ciudades de todo el Estado como Madrid y Barcelona, la emergencia de la vivienda no se detiene. Este lunes comenzará una nueva semana de desahucios sin la protección a los inquilinos que conferían los decretos, que se promovieron a toda prisa por la presión de la ciudadanía y de los sindicatos a raíz de la expulsión de Maricarmen Abascal, una vecina de Madrid de casi 90 años. Ella, finalmente, podrá volver a casa después de llegar a un acuerdo con el fondo de inversión propietario del piso del cual la echaron, pero todavía hay cientos de personas que continúan sin tener ninguna alternativa y que se enfrentan a un posible desahucio en los próximos días. Según ha podido saber el ARA, solo en Barcelona, la ciudad donde se practican más desahucios de Cataluña, hay más de 90 previstos para esta semana.

El primer decreto de vivienda –el decreto antidesahucios– incluye algunas medidas que van acompañadas de compensaciones y bonificaciones a propietarios e inquilinos. De hecho, este ha sido y es uno de los puntos de la discordia de la negociación con Junts, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas a los propietarios. La memoria económica del decreto, a la cual ha tenido acceso el ARA, pone cifras al impacto de algunas de estas medidas, mientras que otras no las cuantifica. Solo entre deducciones y bonificaciones fiscales, el ministerio de Economía estima un coste de 1.280 millones de euros a las arcas públicas, según han señalado fuentes gubernamentales a la ACN.

Urbagestión, el fondo de inversión que es propietario del piso de Maricarmen Abascal, ha llegado este lunes a un acuerdo con los abogados de la vecina para que pueda volver a casa. La mujer de 87 años fue desahuciada la semana pasada del piso donde vivía en el barrio madrileño de Retiro, lo que ha desencadenado movilizaciones en todo el Estado, una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y una negociación a contrarreloj entre el gobierno español y los socios de la investidura por un decreto de urgencia en materia de vivienda. Ahora la Maricarmen tendrá que ratificar el acuerdo, han explicado sus representantes, que han explicado que deberá pagar alrededor de un 30% de su pensión, aproximadamente 500 euros (similar al importe que pagaba hasta ahora), en un contrato renovado por ocho años.

Maricarmen Abascal en Madrid; Olga, la mujer de 54 años de Hospitalet que se suicidó después de ser desahuciada... La lista es terriblemente extensa. Aunque el número total de lanzamientos judiciales es inferior al de hace unos años, sigue siendo un problema, una lacra. Y lo más grave es que cuando se ha intentado aplicar una medida, aunque fuera temporal –como el decreto para impedir los desahucios de personas vulnerables–, un conjunto de partidos, como PP, Vox y Junts, se opusieron.

El desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid es uno de esos hechos que marcan una etapa de la vida española. Tiene una enorme carga simbólica, como en la década de los ochenta la tuvo el Cojo Manteca, un chico con discapacidad que entonces tenía 20 años y que se hizo famoso por cómo cargó contra el mobiliario urbano en las manifestaciones estudiantiles que en 1987 tuvieron lugar en Madrid. El significado de la salida de la protagonista actual en todos los informativos es bien distinto del que tuvo Jon Manteca Cabañes, que nació en Arrasate en 1967 y murió en Orihuela en 1996. No obstante, las imágenes que los unen tienen muchas cosas en común, aunque la protesta ha sido llevada a cabo sin duda con más dignidad por Maricarmen Abascal, porque el Manteca pasó a la historia gráfica del país golpeando con sus muletas todo tipo de cristales y cabinas de teléfono, cuando eran una dotación obligada en las calles de las ciudades.

El miércoles Maricarmen Abascal fue obligada a salir de la que había sido su casa durante más de setenta años. Salió en una camilla de emergencias, sin poder recoger sus pertenencias y agotada y con altos niveles de ansiedad después de haber vivido cuatro intentos de desahucio a los 87 años. Los movimientos sociales han convertido el caso de esta mujer madrileña en un símbolo del grave problema de la vivienda que afecta a España. También el Defensor del Pueblo ha asegurado que su historia ilustra las carencias en la protección de personas vulnerables ante la expulsión residencial, especialmente en las grandes ciudades. Este viernes, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, el fondo propietario del inmueble, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver a su piso. La propuesta, sin embargo, la ha rechazado el consistorio madrileño porque "no cumple los requisitos legales" y se ha ofrecido a mediar.

Causa una profunda vergüenza que haya sido necesario el desahucio de esta señora mayor de Madrid para que ahora sí, corramos todos. Primero, porque no es serio y, después, por los que dicen que ellos ya hace tiempo que avisaban, porque un decreto antidesahucios parará el golpe, pero no es la solución al problema de la vivienda.

Ayer desahuciaron de su casa a una señora de 87 años porque no pudo asumir la subida del alquiler de 500 a 2.750 euros. Como este desahucio ha ocurrido en Madrid, donde el altavoz resuena más fuerte –también en Cataluña–, esta imagen de esta señora, que se llama Maricarmen, se ha convertido en el símbolo del destrozo que el mercado inmobiliario está haciendo en la vida de miles de personas.En Cataluña se producen entre 7.000 y 8.000 desahucios cada año. La inmensa mayoría es por impago del alquiler (un 75%, aproximadamente). Todo es legal: hay una ley, que aplica el juez, con la protección de la policía. Es legal, pero no es ético ni es decente. Y aquí es cuando todas las miradas se dirigen hacia la política, para que corrija aquello que llamamos los abusos del mercado. Pero ya hace décadas que el mercado le está ganando a la política. Aquí y en todas partes. Y no hace falta un desahucio dramático como el de ayer para comprobar sus efectos: ¿cuántos jóvenes no pueden emanciparse de casa de sus padres porque no se pueden permitir un alquiler –con el consiguiente efecto que tiene eso sobre sus expectativas de futuro, de vivir en pareja, de formar su propia familia, de tener hijos–? ¿Cuántas familias han tenido que dejar el barrio o la ciudad de toda la vida porque no se pueden permitir vivir allí?Las causas remotas e inmediatas de la crisis de la vivienda han sido largamente debatidas. Oyes a los constructores y remarcan que hay pocos solares, oyes al sector inmobiliario y dice que falta oferta, oyes a todo el mundo diciendo que no se ha construido vivienda pública, oyes a los pequeños propietarios y dicen que no quieren ser tratados como los grandes tenedores, como los fondos buitre y los especuladores, y tener que hacer ellos, de su bolsillo, las políticas de vivienda que no han hecho los gobiernos. El problema es que a todo el mundo el mercado inmobiliario nos está comiendo la vida. ¿Recuerdan el caso de aquella maestra de Mallorca que trabajaba en Ibiza y cada día cogía un avión para ir a dar las clases en Ibiza porque le salía más a cuenta coger un avión que pagar un alquiler? Pues eso.Los efectos sobre la moral colectiva, la pérdida de confianza en la democracia y el aumento de la insolidaridad son enormes. Aquí y en todas partes. Si hay un problema globalizado es el de la vivienda. En este contexto, ayer Pedro Sánchez se hizo una foto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que remató con la frase siguiente: “Los poderosos nos tienen miedo”. Es el tipo de afirmaciones que se deben hacer con hechos más que con palabras, sobre todo cuando los hechos te desmienten. Mal día para decir “Los poderosos nos tienen miedo”, porque no es verdad. La imagen de la Maricarmen de ayer es de una gran violencia social.Sí, la política tiene sus códigos, y las alianzas internacionales son muy buscadas, la foto con Mamdani es buscada, pero el problema de la vivienda los supera a todos, también a los líderes políticos con mayor conciencia social.Buenos días

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, se ha consumado este miércoles en el cuarto intento de echarla de casa. A pesar de que desde este martes por la tarde cientos de vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de la capital española se habían concentrado e instalado fuera del edificio, los antidisturbios de la Policía Nacional han ejecutado la sentencia de desahucio, lo que ha dado lugar a momentos de gran tensión: el Sindicato ha denunciado el uso de "violencia" por parte de la policía, con golpes en la cabeza a los manifestantes, así como el uso de gas pimienta. La propiedad del inmueble, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., planteaba un incremento del alquiler hasta los 1.650 euros, que Maricarmen no podía afrontar: tiene una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 euros de alquiler, porque tenía un contrato de renta antigua. A pesar de los intentos de negociación, el fondo se ha cerrado en banda. Ahora la vecina no sabe dónde irá y, de momento, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que tiene una "plaza de emergencia" en una residencia. "Es una tragedia social", ha afirmado el presidente español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde Nueva York, que ha señalado directamente al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid como responsables de no haber evitado este desahucio.

Este lunes han desahuciado a Sílvia Sanz, una vecina del barrio de Gràcia de Barcelona que vivía justo delante de la Escuela Fructuós Gelabert desde hacía 13 años. El año 2013 entró a vivir con su pareja, que sí que constaba en el alquiler, y cuando lo dejaron él se marchó de Barcelona y ella se quedó en el piso. Desde entonces ha estado en total indefensión administrativa y sin acceso a determinadas ayudas públicas vinculadas a la vivienda porque no ha conseguido entrar en el contrato a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones. "Es como si no existiera", explica cansada a l'ARA. Este lunes un fuerte dispositivo policial ha ejecutado la orden de desahucio a pesar de la voluntad de Sílvia de llegar a un acuerdo para una salida pactada.

Decenas de personas se han concentrado este miércoles por la mañana ante el número 3 de la calle Farigola, en el barrio de Vallcarca de Barcelona, donde vive una familia con dos menores, para intentar impedir su desahucio. Al mismo tiempo, hasta seis furgones de policía antidisturbios de la Guardia Urbana también han llegado a este mismo punto para ejecutar el lanzamiento, que se ha acabado efectuando sobre las 10 de la mañana. Ya a primera hora de la mañana han montado un fuerte cordón policial. De hecho, los primeros momentos de tensión se han vivido ya a primera hora, cuando algunos de los concentrados han intentado superar la barrera policial.

Se abre un nuevo frente de conflicto en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Los Mossos d'Esquadra han desalojado esta mañana a las primeras tres familias de las 58 que se prevé echar en total de unos bloques ocupados desde 2017 en la rambla de la Mina. Hay más desalojos previstos, los días 22, 25 y 29 de junio; y así en cadena, hasta vaciar el edificio. El motivo, según apunta la administración, es que estos pisos, de titularidad pública, se construyeron para alojar a los vecinos del bloque Venus, del mismo barrio, y ahora se necesitan porque el derribo del bloque —que se presenta como la pieza clave para transformar el barrio— está previsto finalmente para 2028.

Iván Giesen tiene 68 años y lleva 27 viviendo en un piso del número 153 de la calle Ramon Turró, en el Poblenou. En 1999 se mudó allí después de vivir unos años en el barrio Gótico, en un momento en que el precio del alquiler de esta zona más céntrica empezó a duplicarse. "Buscaba un lugar y encontré este piso en el Poblenou, que, además, me venía muy bien porque entonces llevaba una academia de idiomas en el barrio", relata el vecino. En 2019, sin embargo, la empresa Maramca SL –propietaria de la finca desde 2012– empezó unas obras en el edificio y notificó que dejaría de renovar el contrato a los vecinos, entre ellos Giesen.

Celestino Merino tiene 77 años y lleva 45 viviendo en su piso de la calle Salou, en Sants. Sin embargo, en el último año la vida no le ha puesto fácil: hace siete meses se quedó viudo y, en paralelo, la inmobiliaria Second House compró su edificio y ahora, asegura, quieren echarlo del piso donde ha vivido siempre con su mujer. Un duelo se le sobrepone al otro, que está por llegar: "He vivido toda mi vida aquí, con ella, y ahora parece que tendré que marcharme". Los ojos se le empañan, pero acepta que si la inmobiliaria no se aviene a negociar tendrá que despedirse de todos los recuerdos en pocos días. "Será duro, echaré de menos mucho el barrio", admite.

Ni la estatua de Goya ha podido ser desahuciada de la plaza Sant Jaume. El movimiento por la vivienda, que se reunió en el centro de Barcelona para reclamar el derecho a tener un techo, impidió que el camión se llevara el busto gigante del pintor aragonés, colocado en medio de la plaza con motivo de la gala del cine español celebrada en Barcelona. Al menos, hasta que ha terminado la concentración bajo el lema "Basta excusas. Los pisos, para vivir" que ha llenado más de la mitad de la plaza barcelonesa. En la plaza caben unas 6.000 personas cuando está llena, pero según la Guardia Urbana la protesta ha congregado a 1.100. Las protestas de las entidades sociales han llegado después del acuerdo de Junts, PP y Vox en el Congreso para derribar el paquete de medidas sociales de Pedro Sánchez que incluía un antidesahucio. Una votación en Madrid que servirá para que muchas "familias vulnerables" acaben en la calle ha denunciado al portavoz del Sindicato de Alquiladoras, Enric Aragonès: "Si seguimos repitiendo que la economía va mejor, pero seguimos viviendo cada vez peor, ya sabemos quien aprovecha esta frustración, es terreno labrado para el extremo".

La decisión del Congreso de derogar este martes el decreto ómnibus que contaba con toda una serie de medidas sociales para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, como la extensión de la moratoria que permitía la suspensión de los desahucios de colectivos vulnerables, provoca un efecto colateral para los propietarios que hasta ahora habían visto suspendidos estos procedimientos.

Un juzgado de Barcelona tendrá la última palabra sobre el desahucio de un inquilino del barrio de Gràcia de Barcelona. El fondo de inversión propietario del piso ha llevado el caso a la justicia para forzar el desalojo con el objetivo de convertir la vivienda en un coliving. Se trata del número 14 de la calle Sant Agustí, donde ya hay cuatro pisos que son colivings. Varios expedientes y multas hace tiempo que constataron que las obras para trocear los pisos se habían hecho de forma ilegal.

Una veintena de vecinos se han agrupado esta mañana frente al número 24 de la calle Tigre, en el barrio del Raval de Barcelona, ​​para protestar contra el segundo intento de desahucio de siete familias de este bloque. Esta vez, sin embargo, la solidaridad vecinal no ha sido suficiente y la comitiva judicial y los Mossos d'Esquadra han acabado ejecutando la orden judicial y echando a los vecinos afectados, entre ellos varios menores adolescentes y una mujer de 90 años, según explican desde el Sindicato de Vivienda de Ciutat Vella. Fuentes municipales precisan que la mujer de 90 años no fue desalojada, aunque se encuentra entre las afectadas.

La prórroga del escudo social en vigor y que decae este 31 de diciembre comienza a tomar forma. Después de que el gobierno español anunciara que se mantendrán las ayudas actuales al transporte público, aunque no se sabe en qué medida ni por cuánto tiempo, EH Bildu ha cerrado un acuerdo con el ejecutivo de Pedro Sánchez para que también se mantenga todo el 2026 la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Hacía semanas que los movimientos sociales por el derecho a la vivienda presionaban para que esta medida aprobada durante la pandemia de la Covid-19 se mantuviera.

Este viernes por la mañana Haji se ha despertado con una buena noticia y una mala. La buena es que su perro, Tupac, tendrá un techo. La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada) de Barcelona se hará cargo de ello. Lo malo es que él continuará sin un techo. Hasta el miércoles, su hogar era el instituto B9 de Badalona. Desalojado, lo único que tenía era un rincón en una tienda de campaña, justo en la plaza de enfrente, para no dormir al raso. Ahora ya no le queda ni eso.