Barcelona no logra frenar un 'coliving' irregular en un blog de Gràcia

BarcelonaDiez meses después de que una inspección del Ayuntamiento de Barcelona considerara ilegales las obras que permitieron convertir parte de un bloque de pisos de Gràcia en un coliving, todavía es posible alquilar una de sus habitaciones por entre 810 y 940 euros al mes. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, admitió este martes en la Comisión de Urbanismo que, pese a varios expedientes y multas que certifican la irregularidad de las obras, el consistorio no ha logrado de momento que el propietario regularice la situación. Algo que le reprochó la concejala de Barcelona en Comú Lucía Martín, quien consideró que el ejecutivo no hace suficiente para frenar la actividad y le acusó de actuar con "dejadez y permisividad".

El caso de este edificio de la calle Sant Agustí es un ejemplo más de un modelo de negocio que ha crecido en la ciudad para intentar esquivar la limitación del precio del alquiler. Cómo explicó el AHORA, la compañía New Amsterdam Developers (NAD) adquirió la finca –de once pisos– en diciembre del 2023 y comunicó a los vecinos a través de un burofax que no renovaría sus contratos de alquiler. Pronto esos pisos se trocearon en tres habitaciones gestionadas por Enter Coliving –una empresa que gestiona alquileres temporales–, por las que se pedían entre 800 y 960 euros. En total, cerca de 2.700 euros; más de tres veces el precio que hasta entonces pagaban los inquilinos por toda la vivienda.

Después de que los vecinos denunciaran el caso en enero del 2024 y que incluso el Síndic de Barcelona se implicase, el Ayuntamiento realizó una inspección en el edificio y determinó que al menos en dos de los pisos se habían hecho obras de manera irregular –sin pedir la licencia necesaria– y que en otras tres más había–. De ahí surgió un expediente –al que ha tenido acceso el ARA– que se notificó a la propiedad en agosto y según el cual NAD tenía dos meses para regularizar las obras. Pese a responder al Ayuntamiento diciendo que lo haría, no ha sido así.

Esto dio pie a una nueva resolución el 23 de octubre en la que el Ayuntamiento ordenaba el derribo de las obras hechas y la restitución de las viviendas tal y como eran inicialmente. Dos meses más tarde, la inspección vuelve a confirmar que ni se han legalizado las obras ni se han derribado, por lo que se impone a la propiedad una primera multa coercitiva de 500 euros, algo más de la mitad de lo que cobra por un mes en una de las habitaciones ofertadas. Luego hay una segunda de otros 500 euros. La propiedad las ha pagado ambas, pero ni ha derribado las obras ni ha frenado la actividad del coliving que realiza gracias a la reforma realizada.

Posible vulneración del 30%

La concejala de Comunes Lucía Martín cargó contra la actuación del Ayuntamiento, al que acusó de no moverse hasta que los vecinos y el Síndic no le forzaron, y de hacerlo con "multas urbanísticas ridículas" en vez de reclamar el cese de la actividad y abrir expedientes sancionadores. "Miran hacia otro lado", denunció.

Bonet –que confió en que la futura regulación que se está elaborando en el Parlament permita que el tope del alquiler se aplique también al alquiler de habitaciones– aseguró ayer que el Ayuntamiento de Barcelona seguirá imponiendo multas a la propiedad mientras no se restituya la legalidad de las obras. También anunció que los servicios técnicos del Ayuntamiento estudian si, al tratarse de una gran remodelación, la propiedad de la finca podría haber incumplido también la obligatoriedad de reservar un 30% a vivienda protegida. "Seremos contundentes contra la picaresca", zanjó.