La entidad espanyolista Sociedad Civil Catalana (SCC) está en pleno proceso de transición. Después de la dimisión de su presidenta, Elda Mata, a principios de mayo, este viernes ha tenido lugar la asamblea de socios en la que se ha consolidado la sangría económica de la entidad, que sigue cayendo en gasto y que ha perdido relevancia desde el post-Proceso. Además, la entidad también ha dado un leve giro en la dirección. El nuevo presidente es un exsocialista que estuvo en las listas de Miquel Iceta de los comicios catalanes del 2017 y que siempre ha tenido un perfil muy cercano al PSC: se trata de Álex Ramos, que hasta ahora era vicepresidente de la organización. Ha sido elegido por el 99,1% de los votos para liderar una junta que tendrá a la jurista experta en derecho constitucional Teresa Freixes como vicepresidenta. En la asamblea, celebrada este viernes por la noche, han participado 103 socios.

Es de lectura muy interesante el reportaje de Roger Palós en este diario sobre las entidades espanyolistas que actúan contra la escuela en catalán tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana y Baleares. Sociedad Civil Catalana (con sus derivados: Sociedad Civil Valenciana y Sociedad Civil Balear), Escuela de Todos, Asamblea por una Escuela Bilingüe o Hablamos Español se dedican a combatir la enseñanza del catalán y en catalán en los Países Catalanes, una realidad que según ellos no existe, pero los territorios o las comunidades que forman parte sí que curiosamente tienen en común el hecho de tener Losada, cuando dice que tienen implantación sobre todo en Catalunya, la Comunidad Valenciana y Baleares porque "la situación es mucho más complicada": la "complicación" debemos entender que es el hecho de que la gente habla catalán).

Primero fue en Catalunya, pero ahora las entidades espanyolistas que combaten el catalán en la escuela amplían fronteras y actúan tanto en la Comunidad Valenciana como en las Islas Baleares. El último capítulo ha sido la consulta por la lengua en el País Valenciano, en la que se ha podido ver Escuela de Todos acudiendo a la síndica de agravios valenciana. El pasado lunes se hacía público que la plataforma de entidades nacida en Catalunya para defender el castellano en la escuela, denunciaba a 78 ayuntamientos valencianos a la defensora del pueblo autonómica por "vulnerar las reglas de neutralidad institucional al solicitar públicamente a las familias que optaran por el valenciano como lengua base de educación". Ocho de estos ayuntamientos son del PP –como Xàbia o Sueca–, dos de ellos en coalición con Vox. Según la entidad, no encontraron ningún consistorio que pidiera el voto por el castellano.

El independentismo se encomendó durante el Proceso a un lema, "Europa nos mira", que hizo fortuna y el españolismo ridiculizó. Ahora, quien también se contagia a esta esperanza europea es el españolismo civil, en su caso para que la justicia tumbe la amnistía en el supuesto de malversación e impida de rebote el regreso de los exiliados –entre ellos el expresidente Carles Puigdemont–, que paralelamente tienen abierta una causa penal en el Tribunal Supremo. Paradójicamente, los que habían sacralizado las resoluciones del Tribunal Constitucional ahora han dejado de confiar en ellos porque hay mayoría progresista.

En el Palau de la Generalitat, esta semana ha estado marcada por la reunión del presidente Salvador Illa con la presidenta desde 2022 de Sociedad Civil Catalana (SCC), Elda Mata Miró-Sans. La entidad no era recibida en Palau desde hacía ocho años, en plena efervescencia del Proceso, cuando el presidente era Carles Puigdemont. Mata no es muy conocida por el gran público y todavía hay un detalle más desconocido: es sobrina valenciana del histórico presidente del Barça que levantó el Camp Nou, Francesc Miró-Sans, al que no llegó a conocer. Su madre era la prima hermana: "Los Miró-Sans somos poquitos", asegura a este diario. El estadio, levantado en 1957, también tiene la impronta de otro familiar suyo, Francesc Mitjans Miró, que fue arquitecto. La recepción de Mata en Palau coincide con el 125 aniversario del club y con el año en que debería terminar la reforma del campo.

Este jueves iba a ser un día con agenda intensa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tenía programada la reunión en el Palau con el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata. Con el españolismo y el soberanismo, desde un presidente que asegura que quiere encabezar "el Gobierno de todos" y que, mientras guiña un guiño al catalanismo pujolista y se empapa del tarradellismo, también quiere tener una consideración por a quienes hasta hace dos años eran compañeros de manifestaciones y coloquios en el seno de la lucha contra el Proceso. Finalmente, Òmnium ha plantado al presidente a última hora alegando motivos de agenda y sólo se ha podido encontrar con Sociedad Civil Catalana (SCC), que ha vuelto a la Generalitat después de ocho años, con la reunión que va mantener con el expresidente Carles Puigdemont en el 2016.

La amnistía movilizó al unionismo, que el 8 de octubre del año pasado reunió 50.000 personas en una manifestación en Barcelona –según la Guardia Urbana–, junto a toda la plana mayor del PP y Vox. Un día que también rememoraba la movilización del 8 de octubre de 2017, tras el referendo del 1-O, con 350.000 manifestantes. Históricamente, al españolismo le ha costado movilizar a los ciudadanos para sus objetivos, pero hasta el año pasado había ido saliendo a la calle. Contra la amnistía y la autodeterminación, contra los disturbios a raíz de la sentencia del Procés, contra los indultos o las mesas de diálogo, o incluso contra la política lingüística. Pero ahora viven un momento de calma. El presidente de la Generalitat es Salvador Illa, que es contrario a la independencia y ha prometido "gobernar para todos los catalanes" y, pese a las voces de alarma que siguen llegando desde el PP y Vox, el independentismo ha ido perdiendo fuerza tanto en las instituciones como en la calle.

Los primeros pasos del nuevo Govern de Salvador Illa no han gustado nada a las entidades españolistas. Tras recordar que el actual presidente de la Generalitat se había manifestado con ellas, ahora lamentan el "giro nacionalista", según apuntan al ARA las principales organizaciones de este espectro, que habrían querido un pacto unionista con el PP y Vox ahora que el independentismo no tiene mayoría en el Parlament. Precisamente, la retórica de defensa de la nación catalana, el pacto con ERC y la ausencia de la bandera española en la toma de posesión –como viene siendo habitual– han originado una lluvia de críticas desde estas entidades. Por otra parte, su esperanza de un gobierno catalán que apueste por un españolismo desacomplejado en sus políticas va menguando.

En el Ayuntamiento de Barcelona funcionó el entendimiento unionista para evitar que Xavier Trias fuera alcalde en el 2023 y Ernest Maragall en el 2019. El PSC y los comunes fueron unos actores imprescindibles en ambos casos, pero también la plataforma de Manuel Valls primera vez y el PP el segundo. Hace pocos meses la entidad españolista Sociedad Civil Catalana tuvo un papel importante en la operación para hacer alcalde Jaume Collboni y ahora se ha vuelto a activar para hacer lo mismo en la Generalitat y permitir que Salvador Illa se convierta en presidente del país. La mesa del Parlament es la primera parada en esta operación, pese a que el PSC mantiene que su camino sólo pasa por hacer un pacto de izquierdas con ERC y los comunes.

Después de la manifestación contra la amnistía en Barcelona, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado desde Masquefa el "fracaso" de la marcha, que ha reunido a 50.000 personas según la Guardia Urbana –65.000 menos que la protesta independentista del 11-S, según el mismo cuerpo–, y ha lamentado que la derecha españolista haya venido a la capital catalana a promover "venganza, odio y represión". En opinión del presidente, la presencia de los líderes del PP y Vox es "inversamente proporcional a su éxito y apoyo" entre la ciudadanía de Catalunya, donde solo tienen 8 de los 48 diputados que los catalanes envían al Congreso de Diputados. Aragonès también ha señalado que la quiebra de la protesta "empuja más que nunca a batallar por la amnistía y la autodeterminación".

El unionismo ha vuelto a volcarse en la calle este domingo contra la amnistía y la autodeterminación, dos claves de la negociación de los independentistas con Pedro Sánchez. Lo hace de la mano de Societat Civil Catalana (SCC), una entidad que ha ido perdiendo protagonismo desde 2017, cuando se manifestaron contra el "golpe" independentista. Ahora reaparece en Barcelona después de un periplo en el que se ha visto afectada por la desmovilización y la pérdida de aliados políticos, como el PSC –que se ha distanciado de ellos y en esta protesta no participará–. ¿Cómo ha evolucionado la organización?

"Trenes y aviones llenos y muchos autocares". El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, daba por sentado esta semana que un buen número de ciudadanos de todo el Estado desembarcarían en Barcelona el domingo para asistir a la manifestación contra la amnistía. Sin embargo, la movilización podría no ser tan masiva como sugería el número 2 de la entidad espanyolista. Según ha podido saber el ARA, el unionismo sólo ha logrado montar dos autobuses desde el Estado y ni siquiera estaban llenos a dos días de la marcha. Uno saldrá la noche del sábado desde la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y el otro, a la misma hora, desde Pamplona. La entidad confiaba en que también se organizaran autobuses desde Valencia o Zaragoza, pero no saldrá ninguna ni de la capital de la Comunidad Valenciana ni de Aragón.

Elda Mata (Barcelona, 1953) es la nueva presidenta de Societat Civil Catalana (SCC) después de un periodo en el que la entidad ha vivido problemas económicos y crisis internas y ha reducido su capacidad de convocatoria respecto al 2017.

La concesión de los indultos, la convocatoria de la mesa de diálogo o la reunión de la Comisión Bilateral han sido bautizadas por la parte española como "primeros pasos para el reencuentro" entre la Generalitat y el Estado. Este martes el constitucionalismo ha añadido otro paso inesperado en la llamada "agenda del reencuentro": un encuentro entre la entidad unionista Sociedad Civil Catalana (SCC) y la presidenta del Parlament, Laura Borràs. "Un primer paso de los muchos pasos hacia el reencuentro", así ha definido la reunión el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, que junto con Álex Ramos han representado la entidad en la cámara catalana. Fuentes del entorno de Borràs, sin embargo, quitan peso a la reunión: recuerdan que era una audiencia pública a petición de la entidad y no hacen ninguna valoración al respecto.

Societat Civil Catalana (SCC) ha recuperado un cierto protagonismo después de un periodo en que ha mantenido un perfil bajo. La pandemia y el desinterés de parte del unionismo -la independencia ya “no da tanto miedo”, recuerda una voz-, son dos causas de la bajada de actividad de la entidad que el 8 de octubre de 2017 organizó la concentración unionista más multitudinaria desde el comienzo del Procés. Hay, además, una tercera razón que no se le escapa a nadie: el cambio de color político en la Moncloa. Los movimientos de SCC solían ir compasados con el ejecutivo de Mariano Rajoy, y la entidad ha intentado hacer equilibrios para mantener esta sintonía también con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero la frialdad del ejecutivo socialista hacia la organización presidida por Fernando Sánchez Costa -que se queja de que la Moncloa no lo haya recibido todavía- han acabado llevando a SCC a concentrarse dos veces en una semana a las puertas de la delegación del gobierno español en Barcelona contra los indultos a los presos políticos.