El DNI de Andrés Hinajeros es atípico por partida doble. Por un lado, es permanente –sin fecha de expiración– desde veinte años antes de cumplir los 70 y, por otro, no tiene su firma. Es una concesión extraña de la administración hacia Hinarejos, sin fuerza ni movilidad en brazos y manos desde aquel mayo de 1974 que, cuando era un joven en la veintena, quedó parapléjico. Fueron cuatro años de hospitalización durísimos en los que confiesa que sólo tenía el deseo de morir, pero se ha rehecho y hoy dice sentirse satisfecho con la vida hasta el punto de que celebra el cumpleaños biológico y el del 17 de mayo –que, como dice él: "El día que volví a nacer"–. "Soy feliz, vivo con la tetraplejía, pero la tengo asumida".

Cinco años lleva el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional batalla por los derechos de las personas con discapacidad y de las cuidadoras. El colectivo –que reúne a madres y también hermanas de varias generaciones– denuncia maltrato sistemático de la administración por la burocracia y un infrafinanciación de servicios y actividades. Sin embargo, en este lustro se han ganado ser interlocutoras directas de la conselleria y una gran entidad social.

Una vez terminado el 2025, también se ha terminado el presupuesto del Plan que daba "aire" a las familias con personas con un alto grado de discapacidad. "¿Ahora qué debemos hacer?", se preguntan, exhaustas, por la escasez de los llamados respiros, programas de estancias temporales en residencias para las personas con discapacidad para que las familias descansen. Además, son familias empobrecidas a la fuerza para que la dependencia o la discapacidad supone un sobrecoste económico en terapias, prótesis y cuidadoras que no siempre cubre la administración pública.

La cultura y los servicios sociales. El teatro y la inclusión. Dos áreas en plena precariedad en lo que se refiere a recursos públicos. Si a esto le sumamos que hablamos de Juneda, un pueblo de Les Garrigues de 3.500 habitantes, podría decirse que su continuidad (nunca interrumpida) es su gran éxito.

Barreras arquitectónicas que impiden el acceso a edificios o transporte público; denegaciones de adaptaciones curriculares y falta de empatía del personal médico; imposibilidad de seguir cursos o espectáculos o de entender documentos oficiales por elausencia de la versión en lectura fácil. Son, a grandes rasgos, los principales motivos que hay detrás de las 248 denuncias que el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) recibió en 2024 y que sirven para evidenciar que, pese a los avances, la accesibilidad es el gran reto a la espera de que el Gobierno apruebe el pacto.

De los escalones para entrar en locales comerciales, en estaciones de tren sin ascensores o con las escaleras mecánicas estropeadas o la falta de empatía del funcionario de turno. Las quejas por vulneración de derechos de las personas con una discapacidad crecen, aunque son muy pocos los afectados que deciden dar el paso de denunciarlo. Así lo constata el último radar elaborado por Ecom, la fundación que reúne a las entidades del sector y que en 2024 recogió 352 casos, un 50% más que el año anterior. "Nunca pararíamos hacer quejas, vivimos una vulneración constante de nuestros derechos", ilustran las personas entrevistadas para elaborar el informe que resume su cotidianidad.

Un año después delaprobación de la ley ELA, el gobierno español crea el grado III+ de dependencia extrema que debe garantizar el derecho de los enfermos de esta enfermedad neurodegenerativa incurable a recibir un servicio especializado las 24 horas del dia. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado este martes que los pacientes en un estado de la enfermedad más avanzada recibirán una prestación "de hasta 10.000 euros mensuales" para hacer frente a los gastos de los cuidadores profesionales que necesitan para sobrevivir.

La década de los setenta fue una época de muchos cambios en la sociedad catalana. En ese contexto de liberación política y social, una de las revoluciones más silenciosas fue la de aquellas familias que tenían un niño con alguna discapacidad psíquica. Subnormales, retrasados, disminuidos, tarados, incapacitados, inválidos y minusválidos. Eran tiempos en los que no existían eufemismos para describir una carga familiar, no sólo física, sino también emocional. Eran tiempos en que todos aquellos con alguna discapacidad psíquica estaban escondidos en sus casas, alejados de las miradas y de los prejuicios de una sociedad todavía muy inmadura.

La de este martes es la segunda protesta en dos meses que el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional (SinMaDiF) convoca ante la consejería de Derechos Sociales e Inclusión para exigir más recursos económicos y humanos para cubrir las necesidades de las personas dependientes y de sus cuidadoras principales, un papel que recae en un 90% de los casos en madres, mujeres o mujeres. Denuncian que "el abandono" que sufren es violencia machista institucional porque, cuando a un familiar se le diagnostica, "los derechos salen por la ventana" y dejan a la familia en la "soledad horrorosa" de tener que buscar servicios, recursos y ayudas para poder salir adelante. "¡Ya no podemos más!", exclaman.

Estos días las familias buscan y barajan entre las ofertas de administraciones y entidades de cara a llenar de actividades y ocio parte de las vacaciones veraniegas de los más pequeños. Hay precios de todo tipo, en función de los días y las horas de asistencia, de si se pasa la noche fuera y del tipo de actividad que se realizará. Los precios oscilan aproximadamente entre los 100 euros por una semana de casales de ocho horas a unos 300 o 400 por cinco o seis días de colonias. Sin embargo, estos son los precios de actividades para niños que no necesitan ningún apoyo especializado. Por el contrario, para las que tienen una discapacidad importante las tarifas se disparan hasta multiplicarse por dos.

Los agentes de los Mossos d'Esquadra que han sufrido un accidente o una enfermedad y se les da la incapacidad total para seguir trabajando deben soportar un complicado periplo dentro del cuerpo que, en algunos casos, termina en los tribunales. "A mí me llamaron por teléfono y me dijeron que debía devolver la placa, el uniforme y el arma, que debía dejar de ser policía –recuerda Miquel Àngel Reguero, un agente del cuerpo que sufrió un accidente que le impide trabajar con normalidad–. Antes cuando ocurrían estas cosas el cuerpo te dejaba en la calle, con la pensión que tocara”, explica.

Más de 103.000 catalanes han muerto mientras engordaban las listas de espera para que se les reconociera el grado de dependencia o recibir una prestación. Coincidiendo con los 18 años de la aprobación de la ley de la dependencia en el Congreso de los Diputados, el Observatorio de la Dependencia ha presentado un balance agridulce de esta iniciativa porque "su potencial sigue sin desarrollarse". En el conjunto español, desde el 1 de enero de 2007 (cuando entró en vigor) hasta ahora se han beneficiado 3,7 millones de personas –la mayoría ancianos, pero también adultos y menores con discapacidades superiores al 33 %– y otras 900.000 personas han muerto en la espera.

Hace dos meses que la hija de Félix, de 93 años, hizo el registro de la solicitud para la evaluación del grado de dependencia y "como mínimo" tendrá que esperar unos "cinco o seis meses" antes de que termine todo el proceso. Previamente, su médico de cabecera había examinado al hombre para hacerle el informe médico –preceptivo hasta ahora– y con posterioridad tendrá que pasar por una primera entrevista para valorarle la capacidad de dependencia (el grado) y una segunda entrevista con una trabajadora social de su ayuntamiento para acabar de determinar en qué ayuda o servicio tiene derecho (el PIA, en la jerga del sector). Según la estadística, casi permanecerá 326 días, aproximadamente un año, un plazo que ahora el departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha propuesto acortar 100 días, hasta situarlo en nueve meses dentro de finales del 2025.

En verano, begonias. En invierno, pensamientos. Las calles, parques y plazas de Martorell están llenas de flores cualquiera que sea la época del año. Cada año se plantan 100.000 y se cultivan en el mismo municipio del Baix Llobregat Nord. Todas las plantas salen del Centro Ocupacional de Can Serra, un espacio donde personas con discapacidad intelectual o física se encargan de supervisar su crecimiento. Pero también realizan un montón de actividades: desde practicar deportes como el baloncesto, el baile o la petanca hasta realizar talleres de costura, de cerámica o de confección de mermelada. La iniciativa le ha valido a Martorell revalidar este año las tres Flores de Honor, el distintivo que impulsa la Confederación de Horticultura Ornamental de Catalunya con el objetivo de promover la transformación verde del espacio público.

Problemas en el trabajo o en los estudios, discutir con los amigos o la familia, no gustarse cuando se miran en el espejo o sentirse solos. Estos son cuatro de los motivos que generan mayor malestar emocional a los jóvenes, según un reciente informe del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. En la maraña de situaciones que les hacen sufrir también está el cambio climático, las guerras y el miedo a perder el trabajo o no encontrarlo. En total, en Catalunya, un 45,8% de los jóvenes de entre 16 y 32 años asegura sufrir malestar emocional, según el estudio. De éstos, sólo el 29,8% decide pedir ayuda.

Hoy, en Cataluña, de los 1.256 niños menores de 6 años que tutela la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), 280 viven en centros. De éstos, 134 tienen menos de 3 años. Esto no les favorece nada: afecta a su bienestar y desarrollo, tal y como ha reconocido este noviembre el departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya. Lejos de reconducirse, en los últimos diez años el número de niños menores de seis años que no viven con una familia de acogida no ha parado de crecer. La tendencia es alarmante: si en 2018 había 115 menores de 6 años en centros, ahora son 280, más del doble. En paralelo, el número de familias acogedoras en Cataluña se ha estancado. Hoy, el territorio sólo cuenta con 787 familias de acogida.

La precariedad laboral, el abandono prematuro de los estudios y la barrera lingística y cultural. Éstos son tres de los ingredientes que, según los expertos, pueden explicar por qué casi la mitad de los jóvenes recién llegados a España se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. Así lo recoge las estadísticas de Eurostat, que fijan en un 44,8% el porcentaje de jóvenes entre 19 y 29 años nacidos fuera de España que podrían llegar a entrar en situación de exclusión. La cifra se reduce hasta el 24,5% en el caso de los nacidos en el país. Sin embargo, comparten retos: aspectos como el rendimiento en el sistema educativo, la incorporación en el mercado laboral o la emancipación del hogar familiar son temas esenciales y transversales a la hora de definir las oportunidades y el futuro que tendrán.

Desde dinamizar actividades de teatro, danza o lectura hasta echar una mano para aprender nuevos idiomas o ayudar a prepararse para entrar en la universidad. Cada semana, en los centros penitenciarios de toda Cataluña entran grupos de voluntarios. En el interior, se juntan con las personas reclusas e intentan hacer algo menos pesado el muro del aislamiento. "La privación de libertad y aislamiento es una situación que conlleva a menudo una mayor exclusión social y un deterioro de la salud física y mental", recuerda Glòria Gratacòs. Es técnica de administración y gestión del voluntariado de Justícia i Pau Barcelona, ​​una de las entidades de Cataluña que lleva más años coordinando proyectos de voluntariado en las prisiones de la provincia de Barcelona. Empezaron a hacerlo en 1987 y, desde entonces, el equipo de voluntarios y el número de proyectos no han parado de crecer.

Hace dos años, Carlos San Juan estaba de enhorabuena. El hombre, de 78 años, había logrado reunir a 600.000 firmas bajo el lema "Soy mayor, no idiota", una campaña para reclamar a las entidades bancarias españolas que no cerraran más oficinas y que reforzaran la atención a las personas mayores. En definitiva, el jubilado pedía un trato más humano a los bancos. Éste es uno de los movimientos con más fuerza que ha habido en España a la hora de poner en el centro del debate público el fenómeno del edadismo. Se trata del conjunto de estereotipos, discriminaciones y prejuicios basados ​​en la edad de las personas. Puede darse en todas las franjas de edad, pero especialmente afecta a las personas mayores. Ahora bien, existen otros colectivos y entornos concretos donde el edadismo tiene, también, un impacto relevante. Es el caso del mundo tecnológico. ¿Qué significa hacerse mayor y trabajar en gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft o Meta? A menudo, es incompatible.

Caminar por el Raval, en Barcelona, ​​y cruzarse con Núria Paricio (Ojos Negros, Teruel, 1957) es habitual. Llegó de Aragó cuando tenía sólo 7 años y, después de formarse en turismo, se puso al frente del negocio familiar: un restaurante en la Rambla. Desde el local, fue viendo la transformación del barrio, hasta que en el 2002 dio un cambio de rumbo profesional. Aquel año se apartó del negocio y tomó las riendas de la nueva entidad que ella misma había ayudado a crear: la Fundació Tot Raval, una organización que todavía hoy es clave para el desarrollo comunitario del barrio y de la calidad de todos los que vive. La labor que realizó hasta el 2014 le valió la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona.