Los llamaban "los Erasmus" porque se diferenciaban de los demás menores extranjeros no acompañados que llegan en patera. Quizás porque llevaban un teléfono caro o por las historias que contaban. Finalmente, el apodo que les puso la Policía Nacional ha resultado ser cierto porque se ha destapado un fraude en Tarragona en el que varios progenitores abandonaban a sus hijos para que éstos se declararan desamparados y pudieran entrar en el sistema de protección. De momento, hay una treintena de padres detenidos y 22 de estos chicos han vuelto con su familia biológica, aunque la investigación está todavía abierta.

El gobierno español ya ha decidido dónde y con qué recursos se trasladarán los 3.975 menores extranjeros no acompañados que ahora están en Canarias, en Ceuta y en Melilla esperando una directriz. Tal y como se preveía, ni Catalunya ni País Vasco formarán parte de este reparto autonómico por "el esfuerzo de acogida realizado hasta ahora" y, en cambio, la mayoría de estos jóvenes se reubicarán en Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571), según explicaron fuentes del ministerio de Juventud e Infancia.

En los dos primeros meses del año, llegaron a Catalunya 437 menores migrantes no acompañados, que se sumaron a los, aproximadamente, 9.000 que están bajo la tutela de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), de los que 2.400 son extranjeros. Son jóvenes que, como hicieron hace años Ibrahima Bah o Bilal Sighaoui, se han arriesgado su vida para emigrar, movidos en gran parte por la voluntad de ayudar a su familia. "Ante el mar me dije: «muerte o vida»", explicaba Bah, el jueves, en la celebración de los 25 años del SDI (Servicio de Detección e Intervención), un servicio del Ayuntamiento de Barcelona que detecta y acompaña a niños, adolescentes y jóvenes mayores de 21 años para intentar suplir el consejo o la compañía de unos padres o hermanos. El consistorio barcelonés, como la Generalitat de Catalunya, lleva décadas dedicando presupuestos a la atención de estos jóvenes y crea plazas en centros y en pisos y los incluyen en las prestaciones (los mismos que los menores tutelados nacionales) para echarles una mano cuando cumplen 18 años. Con mucha suerte, estos jóvenes pueden seguir teniendo apoyo institucional hasta los 23 años, siete años antes la edad de emancipación.

Ajeno a la batalla política que se ha montado por la reubicación de los menores migrantes solos de Canarias, la vida en el centro de acogida del Vallès donde viven 22 de estos chicos tutelados por la Generalitat continúa con la actividad ordinaria. "Aquí hacemos una carrera contra la mayoría de edad, no podemos perder el tiempo", afirma Lluís Feliu, director de este servicio gestionado por la entidad ISOM. La carrera a contrarreloj se centra en que antes de los 18 años todos tengan su documentación (pasaporte y permiso de residencia con derecho a trabajar), conocimientos mínimos de catalán y castellano y estén encarrilados laboralmente.

El departamento de Derechos Sociales admitió este jueves que le cuesta encontrar plazas para los menores migrantes que llegan solos a Catalunya. El motivo es que ha habido un repunte de llegadas en los últimos meses deadolescentes provenientes de países subsaharianos y de Marruecos que llegan a tierras catalanas, gran parte de los cuales vienen de Canarias.

No se sabe cómo, pero consiguieron el contacto de NO, la activista de la entidad ciudadana Somos Red, a la que llamaron la madrugada del viernes 24 de noviembre para pedir socorro. "No podía no hacer nada, tenía que actuar", explica ella. Un grupo de menores migrantes ha denunciado episodios de malos tratos y vejaciones en el centro de acogida de Canarias donde estaban, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El último, una "paliza brutal" -en palabras del activista- a uno de los menores por parte de dos trabajadores del centro. "Uno le aguantaba y el otro le daba puñetazos", explica. Éste fue el desencadenante para que un grupo de doce menores se marchara del centro –y caminara unas tres horas– para ir a denunciar los hechos que ya investiga el juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

Solo dos de cada 10 menores de edad tutelados por la Generalitat acabarán volviendo a su familia biológica, una cifra baja que para la síndica de greuges obliga a realizar una revisión del sistema de protección, basado más en la separación de las criaturas del su núcleo familiar para encerrarlas en centros que no en la prevención y atención de las situaciones de riesgo. "Estoy convencida de que con mayor ayuda a las familias se podrían reducir los desamparos", ha afirmado este lunes Esther Giménez-Salinas durante la presentación del informe La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, en el que reclama un cambio en el modelo que pase por invertir más en el apoyo y acompañamiento de las familias para poder reducir la alta cifra de niños que pasan años en estos centros.

Los días siguientes del ataque a un centro de menores extranjeros de Castelldefels, la Generalitat calificó el asalto de “racista”. Lo dijo en marzo de 2019 el entonces secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós (ERC) –ahora secretario general de Interior–, que anunció que el Govern se personaría en la causa judicial. Efectivamente, la Generalitat ha actuado como acusación, pero este martes, cuando se hizo el juicio en la Audiencia de Barcelona, retiró casi todos los delitos que pedía inicialmente: de odio –contra los derechos fundamentales–, desórdenes públicos, atentado contra funcionarios y lesiones. Solo mantuvo el de daños. Antes del juicio, la petición era de siete años y medio de prisión para los cuatro acusados y una multa de 16.500 euros, pero al final se adhirió a la petición de la Fiscalía, que también redujo las penas. ¿Por qué este cambio?

Punto final a las exploraciones genitales médicas para determinar la edad de los menores no acompañados. El consejo de ministros de este martes ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley que regula el nuevo procedimiento de evaluación de la edad de los menores migrantes no acompañados y a través de la cual quedarán prohibidas "las pruebas invasivas con desnudos integrales", que hasta ahora se utilizaban para determinar la edad de algunos jóvenes. Lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Ahora la norma sale a consulta pública y, por lo tanto, todavía puede recibir modificaciones.

Ante el escándalo político y el conflicto legal que se ha desencadenado por la deportación de 55 menores de los centenares que entraron en Ceuta en el mes de mayo, cuando Marruecos dejó de controlar sus fronteras, el gobierno español no se ha cansado de asegurar que la repatriación se hizo de acuerdo con la voluntad de los niños y de sus familias. Pues bien, K.B., uno de los chicos deportados, lo ha negado al ARA de forma rotunda: "Me deportaron de Ceuta contra mi voluntad. Quiero volver".

La semana pasada comenzaron las repatriaciones a Marruecos de niños migrantes no acompañados que estaban en Ceuta desde hacía casi tres meses. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, dice que son menores que quieren retornar a su país y que no son expulsiones sino "retornos asistidos”. El ministro puede utilizar todos los eufemismos que quiera pero le está costando hacer pasar su actuación como legal –o incluso, como justa–. 

A pesar de que el gobierno español había insistido en que no había ningún menor de edad entre los migrantes devueltos de manera exprés en la frontera de Marruecos con Ceuta, la Fiscalía ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de la Fundació Arrels por el caso de un chico de 16 años que llegó nadando –ayudado por un flotador hecho de botellas– hasta la playa de la ciudad autónoma y poco después la policía lo acompañó hasta la frontera para expulsarlo. La ley española y el derecho internacional prohíben las expulsiones de menores de edad porque forman parte de un colectivo con una protección especial que no puede quedar sin tutela y, por eso, cuando llegan a un país son las administraciones públicas las que se hacen cargo de ellos mientras no se localiza a su familia. A pesar de que las diligencias se abren a raíz de un caso concreto, el ministerio público ha matizado que si se pueden documentar otras expulsiones también se investigarán.

Melilla ha vivido la cuarta noche consecutiva de presión migratoria en su perímetro fronterizo, la primera con el ejército español desplegado en el refuerzo de la vigilancia y el control, informa Efe. A diferencia de las dos últimas noches, en las que los intentos de entrada pudieron ser frustrados, este jueves por la noche han podido acceder a la ciudad parte de los que han conseguido acercarse al perímetro fronterizo por diferentes puntos. No hay datos oficiales de cuántas personas han participado, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en una treintena los que lo han conseguido. Marlaska ha asegurado que todos ellos serán "localizados" y "devueltos" a Marruecos.

La vía de la regularización de los menores que llegan solos a España no ha sido nunca fácil, pero los retrasos para conseguir la documentación y el endurecimiento de la ley de extranjería empujan todavía más a la marginalidad a los que cumplen 18 años. El Tribunal Supremo modificó los tres reglamentos que hacen referencia a los menores tutelados y les exige unos criterios durísimos para renovar el permiso de residencia. En este callejón sin salida se encuentran 1.490 menores migrantes tutelados por la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y 4.000 jóvenes más de entre 18 y 23 años que sigue atendiendo en centros de protección o bien ofreciéndoles recursos formativos.

Vox lo ha vuelto a hacer: ha utilizado a los inmigrantes para su discurso populista y ha atraído el foco mediático en el arranque de la campaña electoral en Madrid. En esta ocasión, el partido ultraderechista ha perpetrado un cartel en el que contrapone a una adorable mujer de pelo blanco a un supuesto menor inmigrante con la cara tapada, acompañados con el lema "Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes". Son dos frases simples pero que literalmente son mentira.