El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la administración general del Estado (AGE), una medida que ha contado con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF. Así lo ha anunciado este viernes durante unas jornadas deEldiario.es, en las que ha recordado que hay comunidades autónomas donde ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, pero que en la AGE y organismos públicos se dictará una resolución para implantar esta jornada la primera quincena de abril, previsiblemente después de Semana Santa.

El Parlament ha aprobado una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones: que sean considerados como agentes de la autoridad. La demanda, que ganó fuerza tras el asesinato de Núria, cocinera en prisión de Mas de Enric en marzo del 2024 a manos de un interno, ha sido una propuesta del PSC que ha salido adelante con los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts. Además de los funcionarios de vigilancia, el estatus de agente de la autoridad —que ya tienen entre otros a policías, médicos y docentes— se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de la ocupación pública catalana, que tomará el relevo a la regulación vigente desde 1997. Superado el primer cuarto del siglo XXI, y visto el contenido del documento, queda claro que el empleo público permanecerá bajo un modelo diseñado el pasado milenio. El Gobierno se siente cómodo manteniendo un statu quo que cree inmutable y renuncia a una reflexión profunda sobre lo que el país debe necesitar en este capítulo.

El marco legislativo sobre las condiciones laborales de los funcionarios en Catalunya tiene más de 25 años y, para el Govern, ha llegado el momento de ponerlo al día. El consejo ejecutivo del próximo martes aprobará el proyecto de ley de empleo público, que tiene como objetivo redefinir el acceso al sector público, despertar vocaciones entre los jóvenes para afrontar el relevo generacional en la administración y cambiar las condiciones de promoción en la carrera funcionarial. La ley, que posteriormente entrará en el trámite parlamentario, afecta a casi 400.000 trabajadores: los empleados de la Generalitat, los de los 947 ayuntamientos de Catalunya y los de las siete universidades públicas catalanas. La norma ha sido trabajada con el "máximo consenso", según el departamento de la Presidencia, y se enmarca en el gran proyecto de reforma de la administración que tiene en marcha el ejecutivo catalán.

En medio del fuego cruzado entre el ministerio de Trabajo y la patronal española CEOE por el bloqueo a la mesa del diálogo social para la mejora de los riesgos laborales, Pedro Sánchez ha querido presidir la firma del acuerdo entre el ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y dos de los sindicatos mayoritarios de funcionarios, UGT y CSIF, para subir más de 2 2028 (ambos incluidos). "Son los acuerdos que legitiman la acción de gobierno", ha defendido Sánchez este jueves durante la clausura del acto de la firma. También ha afirmado que pasos como éste son los que "garantizan estabilidad y capacidad de mirar a largo plazo". Por último, CCOO no se ha sumado.

El gobierno español mueve ficha en la negociación para subir los sueldos públicos y plantea un incremento salarial de un 10% para el período 2025 - 2028, según ha informado UGT en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles. El ministerio de Función Pública y los principales sindicatos de funcionarios han vuelto a reunirse este miércoles para negociar una mejora de los salarios públicos, y la intención es verse de nuevo mañana jueves. De entrada, sin embargo, el planteamiento de la cartera que pilota Óscar López (PSOE) no convence a los sindicatos por su letra pequeña.

El gobierno español no tiene, por ahora, un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 sobre la mesa. Sin embargo, para los trabajadores públicos esto no puede ser un impedimento para acordar un nuevo incremento salarial para este 2025. Normalmente, el aumento de estos sueldos se recoge en nuevas cuentas públicas. Los funcionarios llevan días presionando al ejecutivo de Pedro Sánchez para que mueva ficha –los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) han amenazado con una huelga general este mes de diciembre–. De momento, han logrado que este miércoles se reanude la negociación con el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la batuta de Óscar López (PSOE).

Las Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.

El gobierno español ha aprobado una nueva convocatoria de puestos de trabajo públicos. En concreto, este 2025 se convocarán hasta 36.588 plazas públicas en la administración estatal, tal y como ha informado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, este martes. Se trata de una convocatoria ligeramente inferior a la de 2024,que fue histórica con la oferta de 40.146 plazas, a través de la cual se quiere reforzar, sobre todo, servicios de atención a la ciudadanía que dependen de la administración general del Estado, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social y las oficinas de extranjería.

Mientras intentábamos respirar en medio del calor que no dejaba ni dormir, del humo de los incendios y de la bronca política española, que ya ha alcanzado el nivel de saunas y prostíbulos, una buena noticia se colaba entre las estrechas rejas de las noticias que consiguen un titular: la reforma de la administración impulsada por el Gobierno irá pronto al Parlamento.

Siempre hay quien no se arruga y levanta la voz ante la injusticia o el abuso, sin hacer un cálculo previo de coste-beneficio. La persona entera que hace, sencillamente, lo correcto. Sin embargo, en la mayor parte de los humanos el pusilánime convive con el héroe potencial. ¿Quién no ha alternado episodios de cobardía o pasividad con arrebatos de intrepidez o osadía? Podemos echarle la culpa al carácter, la educación o el momento vital. O recurrir, en parte, al contexto. La psicología social habla de un efecto espectador porque cuando muchas personas contemplan una agresión, la víctima tiene menos probabilidades de ser auxiliada. Contra lo esperado, el grupo no tiene un efecto multiplicador sino difuminador de la responsabilidad individual. Unos por otros, la casa sin barrer. El caso dramático de Kitty Genovese –una adolescente neoyorquina que fue asesinada en la calle, frente a treinta y siete testigos, sin que nadie interviniera– ilustra muy bien este fenómeno.

Existe una administración pública poco conocida para muchos ciudadanos, pero vital en el día a día de los territorios, donde cubrir las plazas vacantes de trabajo se está convirtiendo en una verdadera odisea. Los funcionarios se marchan, atraídos por sueldos significativamente mejores en otras instituciones, aunque estén a kilómetros de distancia de donde viven. Hablamos de los consejos comarcales, una herramienta de reequilibrio territorial que depende de la Generalitat y que se encarga de tareas como la depuración de aguas, los servicios sociales y los comedores y el transporte escolar de muchos pueblos medianos y pequeños.

El dueño del mundo hizo un discurso en el que se dirigió a su "mejor amigo" (léalo junto, "mejoramico", con el significado de cuando eres menor de edad), Elon Musk, y lo elogió por su recorte en el gasto público, que –lo leíamos en el ARA– "ha supuesto el as".

Doscientos altos funcionarios de la Generalitat se han rebotado porque el Govern les había anunciado que se había terminado el derecho a hacer dos días de teletrabajo. Sí, la pandemia nos descubrió muchas ventajas del trabajo a distancia, como que no hacían falta tantos viajes por trabajo o que las reuniones se podían hacer por Zoom. Y de la misma manera que estar físicamente en el despacho no asegura necesariamente más productividad, trabajar desde casa no es sinónimo de escapar de las obligaciones porque quien es cumplidor lo es tanto en casa como en el despacho. Y después está la huella de carbono, la conciliación, y algunos argumentos más a favor de trabajar desde casa. Todo esto ya nos lo sabemos.

Hasta el 31 de octubre de este año, entre los funcionarios de prisiones de Catalunya se han registrado 4.497 bajas laborales, casi el triple que en el mismo periodo del 2018, cuando hubo 1.544. Son datos a los que ha tenido acceso el ARA mediante una petición de transparencia y que muestran un aumento constante de las incapacidades temporales entre estos profesionales, hasta el punto de que los primeros 10 meses de este año ha habido más que en la misma franja de 2020 y 2021, los años más marcados por la covid, que causó un alud de bajas.

Durante todo el año 2020, sólo 40 funcionarios de la Generalitat pidieron que se activara el protocolo por acoso psicológico en el trabajo, una cifra modesta si tenemos en cuenta que en Catalunya hay 244.000 trabajadores que dependen de esta institución. Pero año tras año, la cifra ha ido creciendo y éste último, que aún no ha terminado, a la Generalitat ya le han llegado 178 denuncias, lo que supone un incremento del 354%. De entre todos los funcionarios de la Generalitat que consideran que están sufriendo acoso en el trabajo destacan especialmente los profesores, que han pasado de tramitar 19 denuncias en todo el 2020 a 127 este 2024. Es decir, se ha registrado un aumento de denuncias del 568% por parte de este colectivo.

El Parlament de Catalunya ha llegado a un acuerdo con los funcionarios de la Cámara para acabar con el litigio judicial que los trabajadores habían presentado fruto de los intentos de recortar alguno de los privilegios laborales que mantienen. El premio de jubilación –una anualidad entera que cobraban en el momento de jubilarse– es uno de los que protagonizaban el toma y daca entre las partes. Por último, se mantendrá hasta el 2050, aunque aplicando un tope: los que se jubilen hasta finales de este año cobrarán 89.667 euros como máximo (la mayoría de los trabajadores no pasa de esta cifra, pero altos cargos de la cámara tienen sueldos superiores a los 200.000 euros anuales) y la cifra se irá reduciendo progresivamente hasta 2050. En 2029, por ejemplo, será de 57.387 euros. Antes de este año se habrán jubilado unos setenta funcionarios de la cámara. En 2040 la cifra máxima será de 25.000 euros y en 2049 de 2.500.

Japón es un país conocido en todo el mundo por ofrecer al comercio y la hostelería una excelente atención al cliente, una práctica que no es recíproca de los consumidores hacia los trabajadores que los atienden. Según informa el diario británico The Guardian, los niveles de abusos de la clientela hacia empleados de estos sectores ha obligado a las autoridades de la ciudad de Tokio a aprobar una nueva normativa para reducir el kasuhara, una palabra japonesa que se traduce como acoso del cliente.

La prisión de Ponent y la de Lledoners han salvo la cocina los internos condenados por homicidio u otros delitos de sangre, según avanzó TV3 y confirmaron al ARA fuentes del departamento de Justicia. La conselleria desvincula la decisión a Lledoners delasesinado de una cocinera en Mas de Enric a manos de un preso y alega "motivos reglamentarios", sin detallar cuáles son. En el caso de Ponent, el movimiento sí estaría motivado por el crimen y la dirección del centro de Lleida ha ejecutado ya cinco cambios de destino de internos que trabajaban en este servicio.

Nueva agresión en las cárceles catalanas. Después de una semana marcada por las protestas a raíz de el asesinato de la cocinera de Mas de Enric, que ha empujado a cientos de funcionarios a movilizarse ante los centros penitenciarios exigiendo dimisiones a la conselleria de Justicia y más medidas de protección, se ha vivido un nuevo conflicto en la cárcel de Ponent, en Lleida. Dos trabajadores resultaron heridos leves tras ser agredidos este sábado por un preso cuando intentaban reducirlo, según avanza el diario Segre.