El Gobierno pone orden al funcionariado catalán con nuevas oposiciones y evaluaciones anuales

BarcelonaEl marco legislativo sobre las condiciones laborales de los funcionarios en Catalunya tiene más de 25 años y, para el Govern, ha llegado el momento de ponerlo al día. El consejo ejecutivo del próximo martes aprobará el proyecto de ley de empleo público, que tiene como objetivo redefinir el acceso al sector público, despertar vocaciones entre los jóvenes para afrontar el relevo generacional en la administración y cambiar las condiciones de promoción en la carrera funcionarial. La ley, que posteriormente entrará en el trámite parlamentario, afecta a casi 400.000 trabajadores: los empleados de la Generalitat, los de los 947 ayuntamientos de Catalunya y los de las siete universidades públicas catalanas. La norma ha sido trabajada con el "máximo consenso", según el departamento de la Presidencia, y se enmarca en el gran proyecto de reforma de la administración que tiene en marcha el ejecutivo catalán.

¿Cuáles son las principales novedades de la ley? Una de ellas es el rediseño de las oposiciones. La Generalitat quiere andar hacia exámenes menos memorísticos, seguidas de un curso de selección donde los candidatos pondrán a prueba sus habilidades en situaciones similares a las que se encontrarán en el puesto de trabajo al que optan. Desde Función Pública consideran que los tiempos en los que tenía utilidad memorizar páginas y páginas de leyes han quedado ya atrás. Ahora, sostienen, todas se encuentran al alcance de un solo click, por no hablar del uso de la inteligencia artificial en el día a día de la administración.

A esto se añade el hecho de que Cataluña no es un país con tradición opositora –tendencia que también lastra, por ejemplo, el número de juristas catalanes que quieren ser jueces y fiscales–. Función Pública iniciará próximamente una campaña dirigida a jóvenes para tratar de seducirles de las bondades de trabajar para la administración, una opción que a menudo no se plantean cuando terminan los estudios universitarios, subrayan las mismas fuentes. La urgencia de hacerlo se pone de manifiesto al mirar los datos: un 24% de los funcionarios de la Generalitat se jubilarán antes del 2030, y sólo el 7,3% son menores de 30 años. Además, se está trabajando en una macroplataforma desde la que se puedan consultar todos los procesos de selección abiertos, sean de un ayuntamiento o de la Generalitat. "Es imprescindible disponer de nuevas herramientas para trabajar por la administración del futuro, con el objetivo de recoger el talento interno y reclutar talento externo para hacer una administración más eficaz y que genere confianza a la ciudadanía", ha destacado la secretaria de Función Pública, Alícia Corral, que confía en que el Parlament lo apruebe este año.

Progresión profesional

Con la idea de aprovechar (y premiar) la experiencia de los empleados públicos, la ley revisa el sistema de progresión profesional dentro de la administración. Hasta ahora, la única manera de cobrar más era ascender en la escala jerárquica, lo que incentivaba a que los empleados saltaran de un departamento a otro para poder ir ganando mejoras salariales, al margen de cuál fuera su especialidad. El Gobierno espera dar la vuelta a esta situación con la introducción de cuatro "tramos" que se traducirán en un incremento de sueldo: el inicial, el consolidado, el experto y el referente. Será la llamada carrera "horizontal", por oposición a la "vertical" (la jerárquica).

Sin embargo, para beneficiarse del reconocimiento de estos tramos no será suficiente con haber pasado cierto tiempo en una posición (no es un complemento de antigüedad), sino que habrá que acreditar una solvencia y unas aptitudes que se concretarán en el desarrollo reglamentario. El nuevo sistema también se ve reflejado en el nuevo régimen sancionador: se introduce la posibilidad de ser degradado como castigo ante una infracción grave.

Moverse de administración

Además, el Govern quiere mejorar la evaluación del cumplimiento de los objetivos entre el funcionariado. Cada año, los empleados públicos serán sometidos a una evaluación vinculada a la consecución de resultados que se fijarán para cada departamento por parte del superior jerárquico. ¿Qué ocurrirá, si no se cumplen? En primer lugar, que van a perder el complemento salarial asociado. Es lo que históricamente se conocía como complemento de productividad, y que en la Generalitat ya ha pasado a abonarse según la consecución de objetivos, de común acuerdo con los sindicatos. Ahora, este modelo adquirirá rango legal y se extenderá a todas las administraciones. En segundo lugar, una valoración negativa también perjudicará a las posibilidades de progresar profesionalmente, en el reconocimiento de los tramos de la carrera horizontal.

Por otra parte, la nueva regulación ofrece oportunidades a los funcionarios que estén pensando en un cambio de aires: facilita la movilidad administrativamente de aquellos que tengan un perfil que pueda ser útil tanto en una administración local, por ejemplo, como en la Generalitat. Sin embargo, y con la idea de que los consistorios o universidades que tengan dificultad para contratar personal no lo pierdan, la posibilidad de acogerse a esta opción se hará depender de un convenio. Dicho de otra forma, se ofrece la posibilidad a las administraciones que suscriban este convenio con la Generalitat, pero no será obligatorio hacerlo. Los funcionarios que quieran dar el salto a una administración diferente tendrán que pasar una serie de filtros: la Escuela de Administración Pública de Cataluña se encargará de acreditar que tienen las competencias para ello.