Guerra abierta por los nuevos letrados de los Mossos

BarcelonaLa creación de una subdirección específica para defender a los Mossos d'Esquadra dentro de la dirección general de Policía ha abierto la caja de los truenos a la Generalitat. La decisión se hizo efectiva a través de un decreto de reestructuración interna y obedece a la voluntad del director de la Policía, el mayor Josep Lluís Trapero, de volver a situar la representación, defensa y asesoramiento jurídico de los Mossos en el paraguas de Interior. Se trata de un conflicto que trae cola: en 2021 se envió al departamento de Presidencia la representación jurídica de la policía porque el Gobierno de Pere Aragonès consideró que algunas acusaciones a manifestantes independentistas eran demasiado elevadas. Ahora, los abogados volverán a Interior, pero la medida se ha topado con la oposición de la asociación Fórum de Abogacía de la Generalitat, que le ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y pide su paralización inmediata, según avanzó El Mundo.

Según ha podido saber el ARA, el tribunal ya ha admitido a trámite el recurso y en las próximas semanas deberá decidir si acepta la suspensión cautelar del despliegue de la subdirección, tal y como exige la asociación. "Existe un riesgo cierto y actual de que la ejecución del Decreto impugnado ocasione perjuicios irreparables o de reparación muy difícil, tanto para los intereses colectivos representados por la entidad recurrente como para el correcto funcionamiento de los servicios jurídicos de la Generalitat", alertan al recurso, al que ha accedido el ARA.

Ahora bien, ¿por qué Foro de Abogacía está en contra de esta medida? El principal argumento es que el decreto crea "nuevas estructuras jurídicas" dentro de la Dirección General de la Policía, que invaden las que la ley atribuye en exclusiva al Cuerpo de Abogacía de la Generalitat. Hasta ahora, la representación de los Mossos se llevaba desde el gabinete jurídico, que cuelga del departamento de la Presidencia. Así era desde el 2021, cuando la CUP se lo reclamó a Pere Aragonès para investirle presidente de la Generalitat. ERC claudicó y la veintena de letrados que llevaban las causas de Mossos pasaron a depender de Presidencia: "Es desde ahí desde donde se puede hacer una mejor defensa de los trabajadores públicos y se garantizará que puedan tener una atención durante todo el proceso", defendió el entonces conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

Las peticiones de penas

En la práctica, la reestructuración de la defensa jurídica de los Mossos podría tener consecuencias en las posiciones que la Generalitat defienda en procesos en los que ejerza de acusación. Fuentes del Foro de Abogacía señalan que este cambio puede comportar que se pidan penas mayores a manifestantes encausados ​​a juicio, con peticiones más alineadas con los intereses de los agentes y menos con el criterio de proporcionalidad.

La asociación argumenta, además, que el nuevo decreto no supone un retorno a la situación anterior: en primer lugar, porque se crea una subdirección general (antes, era una unidad especializada) y, en segundo, porque el redactado del decreto no reconoce explícitamente, como sí ocurría antes, que su personal ejercerá sus "de las funciones". Éste es el cuerpo encargado de la defensa de los funcionarios de la administración catalana, sean médicos, maestros o administrativos. Además, llueve sobre mojado: la asociación ve en este movimiento un paso más para "desintegrar" los servicios jurídicos, después de que el ejecutivo catalán hiciera un acuerdo de Govern "para posibilitar contratar bufetes privados para defender a los altos cargos". Es decir, antes los letrados dependían de Interior, pero orgánicamente del gabinete jurídico central (Presidencia), y ahora colgarán de la dirección de la policía.

El asesoramiento en el ámbito penal y administrativo a la Dirección General de Policía –por ejemplo, de cara a la redacción de proyectos de ley– también recaería en la subdirección de la Policía, otra función "reservada" en el Cuerpo de Letrados por ley. Por todo ello, la asociación insta al tribunal a actuar de urgencia, dado que ya se han empezado a convocar las ofertas de plazas para proveer a la nueva subdirección. "Todo esto constituye un cambio estructural de gran alcance que, de ejecutarse plenamente, generará situaciones consolidadas muy difíciles de revertir", advierten.

Interior defiende el modelo

Desde Interior, en cambio, resaltan las bondades del modelo y, al margen de la letra pequeña, recuerdan que ya era así como funcionaba antes del mandato de Aragonès. Fuentes del departamento defienden que permitirá que los agentes tengan a disposición abogados de la casa, pero con mayor especialización. Hasta ahora, cuando un agente no estaba de acuerdo con la estrategia que le ofrecía la Generalitat acababa recurriendo a los abogados de su sindicato. Según las mismas fuentes, el regreso al modelo anterior ha sido "consensuado" con el gabinete jurídico, siendo sólo el sector representado en Foro de Abogacía el que se ha girado en contra.

No hay unanimidad en los sindicatos policiales sobre esta medida. Desde Fepol aseguran que ven bien su reubicación. "Ha vuelto a donde tenía que estar. Lo defendemos", asegura su portavoz, Toni Castejón. El propio sindicato critica que en la etapa anterior se había "inducido políticamente" cuando se podía defender a un mosso y cuando no. Sin embargo, desde el sindicato USPAC no ven bien la reubicación. En primer lugar, critican que esa medida va en la línea de concentración de poder de Trapero como director. Asimismo, Albert Palacio, su portavoz, alerta de los riesgos de tener un cuerpo de letrados que cuelga del mismo organismo (la dirección de la policía) que los Asuntos Internos de Mossos, que investigan las malas praxis de los agentes. Una situación incompatible, opinan, porque debería garantizarse la independencia entre ellas.