Se buscan jueces en Cataluña
Los casos en los juzgados catalanes suben un 41% desde 2016 mientras que el número de jueces sólo se ha incrementado en un 6%
BarcelonaCasos que se arrastran, falta de medios y un montón de carpetas que se hace mayor cada día que pasa. Esto es lo que se encuentran los jueces que se incorporan a los juzgados de Catalunya, una de las comunidades con más litigios del Estado y donde históricamente existen más vacantes judiciales. Entre 2016 y 2023, los casos que llegan a los tribunales catalanes han crecido en un 41%, mientras que los magistrados para atenderles, un 6%, según datos de la conselleria de Justicia a las que ha accedido el ARA. Estas cifras explican que estén cerca del colapso mientras la atención política y mediática se centra en las altas instancias, como el Supremo o la Audiencia Nacional.
En Cataluña, pues, se buscan jueces. Les busca la propia Generalitat, que pide crear más plazas, y les busca el propio Tribunal Superior de Justicia, que, consciente de la acumulación de expedientes, ha pedido al ministerio de Justicia que introduzca incentivos económicos para seducir a nuevos jueces que elijan Catalunya como destino y retener a los que ya ejercen. El gobierno español se pone de perfil y se mantiene en silencio, aunque los incentivos no son ajenos al sistema retributivo de los magistrados: cobran los destinados al País Vasco –por el antiguo terrorismo de ETA– y para las Canarias y Baleares –por ser islas–. Cataluña tiene 10,9 jueces por cada 100.000 habitantes, un ratio inferior al estatal (11,6); para corregir el déficit, el departamento de Justicia de la Generalitat pide crear cien nuevos juzgados y confía en cubrir la mitad en los próximos dos años. Sólo País Vasco, Murcia, Navarra y Castilla-La Mancha tienen un ratio peor, y sin embargo no tienen un problema de vacantes tan grave como el de Cataluña, porque se ha convertido en una tierra de paso para los miembros de la judicatura. Aunque pasen unos años, como son de fuera –hay pocos jueces catalanes– acaban marchando.
Con los juzgados desbordados, las administraciones se miran cada año con esperanza a las nuevas hornadas de la Escuela Judicial, que tiene su sede en Barcelona. Según datos del TSJC, este año, 44 nuevos jueces de los 160 miembros de la 72ª promoción –es decir, sólo el 27,5%– han escogido plaza en Catalunya, donde había unas sesenta desiertas. ¿Qué ocurre con la veintena de plazas que han quedado sin titular? La justicia intenta taparlas como puede con jueces sustitutos (no funcionarios), así como con las que surgen a lo largo del año fruto de ascensos, traslados o jubilaciones. En la anterior promoción, 76 nuevos jueces se quedaron en Catalunya y, aunque también hubo plazas desiertas, se cubrieron con el llamado cuarto turno (dirigido a juristas con más de diez años de experiencia que quieren dar el salto a la carrera judicial). Y en el anterior, se quedaron 74 y sólo seis quedaron vacantes.
Este déficit de entrada se agrava al cabo de unos años. Según fuentes judiciales y de la Generalitat consultadas por el ARA, cuando los jueces han acumulado suficientes méritos optan por otros destinos. Y es que, como se ha apuntado antes, la mayoría no son catalanes –de la 72ª Promoción, por ejemplo, lo son 14 de 160– y un gran grosor acaba dejando a Catalunya para acercarse a su lugar de origen. Ésta es la madre de los huevos de la alta movilidad de jueces en Catalunya, según todas las fuentes consultadas por el ARA. La jefa de estudios de la Escuela Judicial, la magistrada Clara Carulla, descarta que la situación política influya en la decisión de quedarse o no. "Nunca hemos tenido la sensación de que esto haya afectado. En la Escuela vivimos con cierta distancia los años más intensos políticamente", añade en referencia al Proceso. Factores como la familia o la posibilidad de optar a una posición más alta en el escalafón tienen mayor incidencia en la elección, según corroboran fuentes judiciales.
Despertar vocaciones en Cataluña
De hecho, sólo hay un 8% de jueces catalanes, según datos de Justicia, mientras que la población catalana es el 16% de todo el Estado, una situación que tiene que ver con la poca tradición de opositar que hay en Cataluña. Según Carulla, es una situación que tiene "difícil remedio" porque tiene que ver con la propia idiosincrasia de la sociedad catalana y su tejido empresarial. Un ejemplo: tres de los mejores despachos de abogados de España según los rankings –Uría Menéndez, Garrigues y Cuatrecasas– tienen sede en Barcelona. Aparte, los jóvenes juristas pueden probar suerte en el mundo de la empresa como consultores o en los departamentos de recursos humanos, o continuar su formación en una de las diez facultades de derecho de Cataluña.
Todas estas opciones son más populares que estudiar unas oposiciones con menos de 200 plazas disponibles en los últimos años y que, en promedio, los candidatos tardan cinco años en preparar. Para tratar de hacer frente a esta situación, la Generalitat activó en 2022 un programa de becas para opositores a juez y fiscal con 50 plazas anuales y una duración de cuatro años.
"Si trabajas en Cataluña, es necesario saber catalán"
Además, y con la idea de que ni el derecho de las comunidades históricas ni la lengua sean un impedimento para elegir plaza fuera de casa, la Escola Judicial ofrece cursos de catalán, gallego y vasco y de derecho foral o propio. Según la dirección, tienen un muy buen seguimiento, pese a que la lengua catalana es muy poco usada en el ámbito judicial, y hacen que también haya jueces que se planteen quedarse en Catalunya una vez terminada la formación en Barcelona. Un caso de éxito es el de la juez destinada a Vic Silvia Junquera, de la 72ª Promoción, que es de un pueblo de Asturias y eligió plaza en Catalunya después de enamorarse de la ciudad. La llamada del ARA la toma, de hecho, en clase de catalán.
Acabada la lección, Junquera explica por qué decidió aprender una vez optó por quedarse: "Si trabajas en Catalunya, hay que saber catalán. Trabajamos para la gente y facilita que puedan expresarse con más tranquilidad cuando vienen a un juzgado, a menudo con algún problema". Sus primeros meses como juez, subraya, confirmaron lo que denuncian tanto a la Generalitat como al TSJC: "Faltan medios para la justicia", lamenta.
