BarcelonaLa septuagésima promoción de jueces está integrada por 188 nuevos profesionales en prácticas que a finales de noviembre ya recibieron su destino. Solo hay once catalanes. El año pasado eran seis de 62. En cambio, Catalunya es tradicionalmente el lugar donde más plazas vacantes hay. Este año eran unas ochenta de las 195 que habían quedado desiertas en toda España por cambios de destinos o promociones. Una deficiencia estructural que contrasta con el alto volumen de asuntos –muchos de importancia– que gestionan los juzgados catalanes y que se ha mantenido durante los años que la plantilla judicial de Catalunya ha tenido que afrontar diferentes juicios y procedimientos derivados de la judicialización del Procés.
La baja tradición de opositar es uno de los motivos que explican la falta de jueces catalanes, argumenta la magistrada Clara Carulla, jefa de estudios del Escuela Judicial, el centro que forma a los futuros jueces de todo el Estado, que está ubicado en Barcelona. “Catalunya es una tierra con una fuerte tradición empresarial, más que opositora”, subraya. “Es más fácil optar por trabajar en el ámbito privado que hacer una oposición complicada que te comporta una media de cinco años, pero que hay gente que tarda diez y muchos que no lo aprueban nunca”, dice Patricia Bocanegra, una de los jueces que integran la 70ª promoción y que ejercerá en Arenys de Mar.
Para Carulla, el hecho de que no haya una gran tradición de carrera judicial en Catalunya explica, en parte, la movilidad de la plantilla y el elevado número de vacantes que se generan cada año y que derivan en su inestabilidad: la prioridad entre la mayoría de jueces que se forman en el centro de Vallvidrera es acercarse a casa, si no a corto, al menos a medio plazo. El mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, reconocía en el acto de jura o promesa de los 74 nuevos jueces “los graves problemas de movilidad y vacantes judiciales” que sufre la plantilla de jueces en Catalunya. De hecho, las 74 incorporaciones no cubren el total de vacantes existentes, que son más de ochenta.
Las personas que deciden hacer de jueces primero se tienen que licenciar en derecho y después tienen que superar unas duras oposiciones teóricas, que pasan por memorizar el grueso de leyes. Normalmente, tardan entre tres y cuatro años en prepararse. Los opositores que las superan pasan dos años en la Escuela Judicial: un tiempo dedicándose a la parte teórica, seguido de un año en prácticas con un tutor y cuatro meses como jueces sustitutos o de refuerzo. Después, los aspirantes eligen destino, en función de su nota y de las plazas ofertadas, que dependen del número que habilite el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –los años de crisis económica se convocaron menos– y de las vacantes existentes. Como en Catalunya hay mucha movilidad, también se generan más plazas.
El consenso político
Carulla asegura que el contexto político y el Procés no influyen en los jueces a la hora de elegir destino ni tampoco a la hora de pedir el traslado más adelante. La jefa de estudios admite que pueden existir “prejuicios previos” de algunos aspirantes y de sus familias antes de venir a completar su formación en Catalunya, pero durante los dos años que estudian “hacen un cambio de chip”. En cambio, una de las nuevas jueces licenciadas este año, Helena Castells, dice que “los últimos años Catalunya no está tan bien vista como destino por el contexto político”.
Carulla dice que los aspirantes ordenan sus prioridades de destino en función de la especialización, por un lado, y de la ubicación, de la otra, “no solo por estar cerca de casa, sino cerca de alguien”. Es el caso del madrileño Antonio Costia, que tiene a su pareja en Catalunya. Este fue uno de los motivos para decidir quedarse, explica. El otro, que “le habían dado buenas referencias” del juzgado de Figueres, donde finalmente hará las prácticas.
Con todos los condicionantes previos, no acostumbra a darse el hecho que el primero de la promoción elija Catalunya. De los últimos años, solo en 2018, cuando fue una juez catalana, Marta Nadal, la primera en escoger destino, eligió el juzgado de Mollet. El elevado número de plazas vacantes en Catalunya hace que la mayoría de jueces catalanes no tengan problema por ejercer cerca de casa y a menudo en lo que les interesa. Por ejemplo, Laia Hernández ha elegido Granollers en primera opción porque quería “trabajar en el ámbito de la violencia contra las mujeres” y porque parte de su familia vive en Barcelona.
Marta Pérez, de Zaragoza, también ha optado por Cataluña porque hace años que vive aquí: “Podía escoger, pero tenía claro que me quería quedar en Catalunya”. Diego Acosta, colombiano residente en Madrid, dice que ha elegido Catalunya porque después de haber hecho prácticas ha visto que le gusta esta tierra y porque ha hecho piña con otros compañeros de la Escuela: “Algunos lo escogen y otros llegan de manera obligada”, admite. Es el caso de Carmen Sánchez, de Málaga: Catalunya era el único destino posible, “porque en Andalucía ya no quedaban plazas y aquí es donde más hay”, confiesa.
“Somos conscientes de que algunos de vosotros tenéis proyectos vitales (y profesionales) fuera de Catalunya”, decía Barrientos en su discurso a los jueces en prácticas hace pocas semanas. “Pero incluso para los que efectivamente habríais preferido empezar ejerciendo en otros territorios no perdemos la esperanza de que acabéis consolidando vuestros destinos entre nosotros, como antes hemos hecho tantos otros”, les alentaba. El CGPJ ha creado un incentivo económico para los jueces que trabajan en Catalunya, que, según Carulla, puede ayudar a mantener la “estabilidad” de la plantilla. El tiempo dirá si los discursos y los incentivos han calado.
El catalán, una excepción rn los juzgados
La movilidad de la planta judicial catalana y el hecho de que esté formada mayoritariamente por jueces venidos otros puntos del Estado explican también en parte el uso residual que se hace del catalán en el ámbito de la justicia. Los datos son demoledores: solo un 7% de las sentencias se redactan en catalán. El mismo presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, pedía a los nuevos jueces en prácticas que “reconozcan” y “respeten” los “derechos lingüísticos de los ciudadanos que intervengan en los procesos” y que respeten “su opción lingüística”. “Sobre los poderes públicos, en este caso los jueces, recae la carga de facilitar el ejercicio de este derecho y hacer efectiva la opción lingüística escogida por los ciudadanos”, subrayaba.
El problema no es solo de los jueces: los abogados reconocen que la lengua más utilizada en los tribunales, también por parte suya, es el castellano, porque es el idioma en el que están redactadas la mayoría de leyes. Los colegios profesionales y la conselleria de Justicia hace años que destinan esfuerzos para revertir la situación. Hace poco se ha aprobado un incentivo de 20 euros por cada escrito que los abogados de oficio presenten en catalán.
