¿Qué es la Escuela de Administración Pública de Cataluña? Ésta es la nueva misión que le encarga el Gobierno

BarcelonaLa Escuela de Administración Pública de Cataluña es una institución centenaria: nació en 1912 y es una de las más antiguas de Europa. Fue fundada por Enric Prat de la Riba y es ahora el centro de formación de referencia del funcionariado catalán. Ahora, sin embargo, el Gobierno quiere que vaya un paso más allá, en el marco de la reforma de la administración pública que tiene en marcha. Para ello, y según trasladan al ARA fuentes del Govern, el consejo ejecutivo dará este martes el pistoletazo de salida a la redacción de la nueva ley de la Escuela de Administración Pública, con la idea de tenerla terminada el verano de 2026 con el "máximo diálogo" con el sector público, las entidades municipalistas y los grupos parlamentarios. No es el primer ejecutivo catalán que lo intenta: el gobierno de Pere Aragonès trabajó una propuesta que finalmente se quedó en el cajón, tras la ruptura con Junts; anteriormente, en 2017, en 155 pasó por encima de la reforma en la que había trabajado el entonces director de la Escuela, Agustí Colomines, ahora diputado de Junts.

La ley de la Escuela de Administración Pública de Cataluña es la tercera pata de las otras dos reformas con las que el Govern quiere dibujar la administración catalana del futuro: la ley de empleo público y la del directivo público profesional. El objetivo es que la Escuela le acompañe en los cambios que introducirán estas normas. Por ejemplo, impartiendo un curso selectivo obligatorio posterior a las oposiciones, que el Gobierno quiere realizar menos memorísticas y más competenciales, o ganando peso en el proceso de selección de los directivos públicos. El nuevo modelo que proyecta el ejecutivo quiere desterrar los nombramientos a dedo de los altos cargos y establecer su acceso vía concurso público. La Escuela de Administración Pública se encargaría de acreditar a los candidatos e, incluso, de su selección final –aunque el nombramiento sería, en última instancia, potestad del Gobierno–. También asumiría la misión de diseñar un sistema de homologación y acreditación de competencias profesionales para todos los trabajadores públicos, grupos de investigación e investigadores.

Más allá, la memoria preliminar de que el Govern aprobará este martes prevé que la escuela dé servicio a todas las administraciones públicas catalanas y pueda acompañar a los funcionarios con una "formación transversal" a lo largo de su carrera. Se quiere también conectar más la Escuela con el mundo académico y las administraciones locales, y ofrecer a estas últimas apoyo en uno de los temas que más quebraderos de cabeza les traen: la falta de personal para cubrir las plazas de secretarios e interventores que, tal y como ha explicado el ARA, paraliza las administraciones locales por la alta rotación y las altas cuotas de interinaje –faltan unos 900, y un 60% de los municipios no tiene personal fijo en esta plaza–. El hecho de que Catalunya no tenga competencias para convocar estas plazas, que dependen del Estado, es un freno, pero el ejecutivo catalán quiere que, al menos, la Escola pueda "participar en su selección" y garantizarles una "formación de calidad".

Cazar talento

Otra de las realidades que la administración catalana tiene por delante es la jubilación de prácticamente un cuarto de los 260.000 trabajadores públicos de la Generalitat antes del 2030. En este contexto, el Govern estudia cómo "cazar talento" para cubrir estos vacíos, una línea de trabajo que también quiere impulsar la Escuela, a semejanza de lo que ya hacen otros centros análogos en Europa,. Ya se han puesto en marcha programas para generar vocaciones de servicio público entre jóvenes y becas para preparar oposiciones. Existen, por ejemplo, para las plazas de nuevos gestores tributarios que deberían integrarse en la Agencia Tributaria de Cataluña en su camino a convertirse en una auténtica Hacienda catalana –hito, por otra parte, pendiente de la negociación en Madrid–.

Pero, para que todo prospere, el Govern necesita el apoyo de una mayoría parlamentaria que le apruebe estas leyes. El ejecutivo se propone articular un "consenso" de país en torno a la Escuela, una idea en la que insiste el director, Jaume Magre, doctor en ciencias políticas y especialista en la administración local. "Las instituciones deben ser perdurables en el tiempo, y en el caso de la Escuela, aún más. Es central en el sistema político-institucional y debemos intentar ser lo suficientemente generosos como para entender que esta posición debe respetarse", ha defendido en este diario. Y es que la Escuela está llamada a ser el "barco insignia" de la reforma de la administración pública catalana: "Necesitamos esta ley como el agua de mayo", remachó Magre.

Los anteriores intentos

La ley incorpora algunos de los elementos que ya había puesto sobre la mesa Colomines, pero también de los que en su día quiso impulsar al último director de la Escuela, Ismael Peña López, bajo el gobierno de ERC. Esta norma sufrió todo un periplo la pasada legislatura: inicialmente debía ser una ley separada, tal y como plantea el PSC, pero acabó dentro de un capítulo de la ley de empleo público. Como el proyecto que ahora sacará a consulta pública al ejecutivo socialista, aquella ley incidía en la necesidad de reforzar la formación y dar más herramientas al mundo local, formando perfiles específicos que éste demande y asumiendo, a su petición, la selección para determinadas posiciones. Quedó aprobado por el consejo técnico del Govern en febrero del 2023, pero nunca llegó a serlo en consejo ejecutivo.

El objetivo de convertir la Escuela en un polo de transferencia de conocimiento, investigación e innovación viene de la época de Colomines. Ahora bien, lo que no repesca el proyecto actual es la idea del ahora diputado de Junts de convertirla en un consorcio entre la administración pública, el mundo local y las universidades. En el debate parlamentario habrá que ver cómo se posiciona Junts, a quien el Govern ha tendido constantemente la mano –hasta ahora, sin éxito– para que se sume al bloque de la investidura en los grandes temas de país. No lo ha conseguido en el Pacto Nacional por la Lengua ni en las últimas reformas que ha impulsado en materia de vivienda.