¿Qué ocurre en el mundo local? Asfixia financiera, burocracia y presión demográfica

Barcelona"El mundo local necesita apoyo". El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, pronunció estas palabras en el Parlament durante el debate para aprobar un fondo extraordinario que, sumado al fondo de cooperación local, eleva hasta 170 millones la cifra que la Generalitat ha inyectado a los entes locales este año. Este dinero debe permitirlo pagar facturas en un momento en que los precios de los suministros suben y los intereses a pagar a los bancos siguen subiendo. La necesidad de recurrir a este tipo de mecanismos para garantizar los servicios esenciales en los municipios pone de manifiesto uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo local: la falta de un marco de financiación estable, previsible y suficiente para hacerse cargo de los servicios que ofrece.

"Es un problema que no es nuevo y que conocemos perfectamente", reconoce al ARA el secretario de Gobiernos Locales, Xavier Amor, alcalde de Pineda durante 17 años. Por eso el Govern ha puesto en marcha los trámites para aprobar una nueva ley de financiación local construida a partir del "diálogo" con las entidades municipalistas pero también con la oposición. Pretende tenerla terminada en junio y, mientras no llega, reivindica el esfuerzo inversor que está haciendo para apoyar a los ayuntamientos. Por ejemplo, con el PUOSC, que ha duplicado su presupuesto hasta los 500 millones hasta el 2029, o los 200 millones anuales del plan de barrios para regenerar zonas degradadas.

Ahora bien, todo esto son "parches" que no permiten planificar inversiones y que, en la letra pequeña, no llegan a los municipios tan rápido como se anuncia, lamenta la presidenta de la Asociación Catalana de Municipios, Meritxell Budó. Budó, exconsejera de la Presidencia, reclama que la nueva ley sirva para "asear" los recursos con los que cuenta el mundo local, pese al condicionante que supone tener que adaptarse al marco legal español. Por su parte, el presidente de la Federación Catalana de Municipios, David Bote, pone el acento en la necesidad de garantizar que cada competencia que se traspase a los municipios —desde las guarderías hasta la atención a la infancia— esté financiada. Y es que uno de los problemas con que se encuentran los consistorios es su poco margen de maniobra para procurarse más recursos, más allá de impuestos como el IBI o la tasa de residuos.

La situación es aún peor para los municipios pequeños, que reclaman desplegar el Estatuto del Municipio Rural con una financiación específica. El presidente de la Asociación de Micropueblos de Catalunya, Joan Solà, defiende que, mientras se les siga exigiendo la misma burocracia que a los mayores ayuntamientos, los problemas continuarán. "Somos el 51 por ciento del territorio y tenemos el 2,4 por ciento de la población", expone. Para Solà, garantizar que sea viable vivir en estos municipios es también garantizar la sostenibilidad del modelo de país. El Govern mantiene que tiene presente la casuística de estos municipios, y se ha comprometido a atender sus peticiones.

Secretarios e interventores

A la escasez de recursos se le suma, en muchos casos, la falta de manos dentro de la administración local. Fuentes municipales y del Govern admiten que en Catalunya existe un problema "endémico" de falta de secretarios e interventores, figuras clave para certificar trámites y gastos, desde el pago de las nóminas hasta la documentación para obtener una subvención. La Generalitat calcula que faltan unos 900 y está acabando de cerrar, junto con el gobierno español, la asunción de la convocatoria de plazas para estos cargos -que habilita al Estado- desde Catalunya. Pero, mientras, muchos alcaldes se ven superados por el papeleo y no pueden hacerle frente.

Hay quien, incluso, ha renunciado a presentarse a ayudas por falta de personal para gestionarlas. Es el caso del alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, quien, además, recientemente ha tenido que pedir días de permiso en el trabajo para poder hacer él mismo los trámites de una ayuda: si no la justifica a tiempo, el Ayuntamiento perderá 600.000 euros. El 15 de septiembre se quedó sin secretario, y aunque recibió la asistencia puntual de personal enviado por parte del consejo comarcal, lamenta los problemas que genera la alta rotación de los secretarios y los interventores. "Atiendes el día a día, pero nada puedes preparar. Y muchos compañeros están igual", expone.

Esta rotación se ve agravada cuando los ayuntamientos entran en competencia entre ellos para atraer a secretarios e interventores. Los sueldos anuales que cobran pueden llegar a estar por encima de los 100.000 euros, y no es de extrañar que en ciudades medias llegue a los 85.000. Los municipios más pequeños reciben el apoyo de los consejos comarcales, que envían algunos días concretos. "Prácticamente estoy haciendo yo de interventora", dice la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, quien en dos años ha visto cómo, por su municipio, pasaban cinco diferentes (y sólo una mañana a la semana). Para Pujol, la solución más inmediata a este problema es aliviar la burocracia que se les reclama. Pero, incluso cuando existe la figura del interventor —sea titular, accidental o interino—, se pueden producir disfunciones. Es el caso que ha puesto sobre la mesa el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que tiene un conflicto abierto con la interventora municipal porque lleva meses sin firmar documentación esencial para el día a día del consistorio. Esto ha llevado al Ayuntamiento al borde del colapso.

El padrón municipal

Sin embargo, las crisis que afronta el mundo local no se agotan con la financiación o la falta de efectivos. Según las fuentes consultadas, otra de las cuestiones que está impactando de lleno en la gestión municipal son los cambios demográficos en Catalunya. Uno de ellos es el envejecimiento de la población, que obliga a repensar los servicios dirigidos a las personas mayores y la sostenibilidad del sistema de atención sanitaria, pero también los problemas de acceso a la vivienda en ciudades en las que tradicionalmente no había habido. Además, existe el flanco de la seguridad: fuentes municipales del ámbito metropolitano admiten "preocupación" por el hecho de que, debido a la presión policial sobre Barcelona, ​​la delincuencia se está esparciendo por la primera y la segunda corona metropolitana. Y muchos municipios pequeños, añade Solà, se enfrentan al problema de carecer de policía local propia.

La llegada de recién llegados a barrios y villas catalanas también ha llevado a algunos alcaldes a levantar la voz ante casos de presunto fraude en el padrón —cuando una persona comunica al Ayuntamiento que vive en un lugar donde en realidad no reside para poder tener acceso a los servicios públicos—. "Existe y debe abordarse con más inspección y recursos", sostiene Budó, mientras que Bote rechaza situarlo como un problema de primer orden para el mundo local. En cualquier caso, los alcaldes de Junts han hecho frente común en esta cuestión. El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha sido uno de los que más ha denunciado la existencia de "mafias" que hacen negocio con el empadronamiento. Esto le ha valido las críticas de colectivos antirracistas que consideran que, si estas redes existen, es porque alcaldes como él han endurecido los requisitos para empadronar a inmigrantes.