Colapso en Mollerussa: ¿por qué el alcalde pide al Govern que intervenga el ayuntamiento?

BarcelonaEl ayuntamiento de Mollerussa se encuentra en una situación límite. Facturas que no se pagan a tiempo, problemas con las contrataciones y funcionarios que ven cómo sus salarios no suben por falta de visto bueno técnico. Y todo esto se debe, según denuncia el alcalde, Marc Solsona, al bloqueo al que se ha llegado dentro del consistorio debido a la inacción de la funcionaria interventora. Incluso ha tenido que retirar puntos del orden del día ante la imposibilidad de poder votarles por falta de trámites administrativos. La alcaldía le ha realizado varios amonestamientos, pero los informes que se le reclaman para sacar adelante los procedimientos siguen sin llegar. Y, ante esta situación, el alcalde ha dicho lo suficiente y ha lanzado un SOS a la Generalitat: que intervenga el ayuntamiento para desbloquear una situación que afecta al día a día de la ciudad, de más de 15.000 habitantes.

El alcalde de Mollerussa, que se presentó bajo la marca local del PDeCAT, es un veterano (y "entusiasta", como algún colega lo define) de la administración local: "Si pido ayuda es porque el bloqueo es total y absoluto", explica al ARA. Solsona hizo pública esta situación hace una semana, tras comunicar previamente la situación a la dirección general de la Administración Local de la Generalitat (DGAL). Este viernes se ha producido un encuentro con sus máximos representantes, el secretario de Gobiernos Locales, Xavier Amor, y el director general de la Administración Local, Fran Belver, aprovechando una visita de ambos al territorio. Allí han abordado la crisis en el consistorio. "La Generalitat dará respuesta al SOS que ha hecho el Ayuntamiento de Mollerussa habilitando las herramientas necesarias para acompañar y ayudar", ha expuesto Amor, según un comunicado del consistorio.

El alcalde había pedido "creatividad" a la Generalitat para intentar resolver el conflicto, por más que la dirección general de la Administración Local no tiene reconocida jurídicamente la capacidad de intervenir en la administración municipal. Sin embargo, el Gobierno se ha avenido a estudiar la documentación que le ha entregado el alcalde y enviarle un técnico para revisar los procesos, no para "señalar a nadie" sino para entender "qué está pasando".

Una de las opciones sobre la mesa es ofrecerles una mediación –que es voluntaria y deberían aceptar ambas partes–. La Generalitat lleva tiempo trabajando con el Colegio de Interventores y Secretarios para aprobar un protocolo conjunto que permita establecer unas reglas claras de solución de conflictos antes de que éstos se produzcan. "Si conviene participar en cualquier proceso de mediación, estamos abiertos, pero sobre todo lo que hemos pedido es que lo que se haga pueda tener una repercusión efectiva", ha concluido el alcalde, que ha valorado la "predisposición" de la Generalitat a arremangarse para solucionar las cosas.

¿Falta de medios?

Fuentes conocedoras del conflicto apuntan a que el de Mollerussa no es un caso de sobresaturación o de falta de medios humanos en el órgano de intervención. Los interventores, funcionarios con habilitación estatal, tienen encargada la función de asesorar a los equipos de gobierno municipales para que sus iniciativas se ajusten a la ley. La ley permite a los alcaldes aprobar actuaciones con informes negativos del interventor, asumiendo su responsabilidad, pero el problema viene cuando estos informes se retrasan o no llegan. Solsona propone, por ejemplo, que si en un plazo de unos meses no se ha entregado el documento, se pueda echar igualmente por el derecho para que el ayuntamiento no quede "a la intemperie", sin ninguna vía de actuación. Existe la posibilidad de abrir un expediente sancionador, pero esto no resolvería la parálisis del día a día. El ARA ha intentado obtener la versión de la interventora de Mollerussa a través del colegio profesional en Lleida, sin éxito.

Más allá de las desavenencias con la afectada, para el alcalde el caso pone de manifiesto la "indefensión" de los cargos electos ante los funcionarios cuando las cosas no funcionan. Se queja, además, de que cuando la burocracia se atasca es él y su equipo quienes deben dar la cara ante la ciudadanía cuando lo que les han votado por hacer no se cumple. "Deriva en una falta de credibilidad, porque ni yo ni los concejales podemos asumir un compromiso de pago. Por eso digo que estamos ante una emergencia democrática", expone. Y cree que, ante esto, la Generalitat debería arremangarse y encontrar alguna solución, si verdaderamente quiere estar junto a los alcaldes. Consultado por este diario, Belver se hace al cargo de la situación, que no es "sencilla", pero recuerda que la Generalitat debe respetar "la autonomía local". "Como principio, no podemos enviar a un funcionario de la Generalitat a hacer el trabajo", recalca.

La Generalitat sí apoya a municipios pequeños cuando no llegan para presentarse a convocatorias de subvenciones, por ejemplo. Entonces, sí es posible que los servicios territoriales les echen una mano. Los interventores y secretarios tienen un papel clave en los engranajes de la administración local y son insustituibles (un ayuntamiento puede decidir prescindir de un abogado o asesor jurídico, pero no de estas figuras, excepto en el caso de los más pequeños). Según explica Belver, en Catalunya hay un problema generalizado con la disponibilidad de estos perfiles: faltan más de 900. Esto implica que, en muchos municipios, quienes realicen estas funciones sean o interinos —que no pueden estar más de tres años— o personal accidental. Por eso la conselleria de Presidencia tiene entre ceja y ceja agilizar los trámites para proveerlos de este personal, y recientemente ha firmado un convenio con el ministerio de la Presidencia para asumir la convocatoria de 218 plazas para nuevos funcionarios que serán formados en la Escuela de Administración Pública de Cataluña.