El Gobierno del PSC entierra la pinza sociovergente en vivienda: ¿habrá un giro a la izquierda?

BarcelonaLa vivienda es una de las pocas carpetas que ha logrado aglutinar bajo un mismo paraguas todas las fuerzas de izquierdas en el Parlament. Pese a las distancias que marcan con los socialistas en clave nacional y económica, incluso los cuperos se han sumado a ERC ya Comuns para pactar con el PSC medidas como la regulación del alquiler de temporada o el blindaje de la vivienda de protección oficial. La apuesta de los socialistas por la intervención en este mercado les ha alejado aún más de Junts y del sector inmobiliario, que pone el grito en el cielo ante "la actividad legislativa enfermiza" del Gobierno del PSC, en palabras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya y del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial. De entrada, Junts se ha unido al PP y ha anunciado que también llevará la regulación del alquiler de temporada en el Consejo de Garantías Estatutarias, lo que aplaza su votación como mínimo por un mes.

La brecha aún podría ampliarse más si el ejecutivo catalán decide prohibir la compra especulativa de vivienda, cómo estudia el departamento de Territorio a petición del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, a partir de un informe del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. La conselleria ha encargado diversos estudios y está realizando entrevistas con expertos y con el sector para acotar las modificaciones legislativas a impulsar. Hace un par de semanas, Illa sorprendió a los socios cuando se abrió a explorar esta medida ante una pregunta de la CUP.

Sin embargo, en la última sesión de control se mostró más cauto: "Lo estamos estudiando a fondo, no es un tema sencillo jurídicamente", replicó a la líder de Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. La respuesta de Isla no gustó del todo a Albiach, quien le replicó que "el trabajo jurídico está hecho". "Voluntad, toda. Realismo, todo. No haré nada que no tenga la certeza jurídica de que es una medida efectiva y tiene cabida en el marco jurídico", contestó Isla. Entre otros, el Gobierno quiere aclarar si ésta es una cuestión que el Parlamento puede legislar por su cuenta.

Para añadir presión al PSC, Comuns han situado el veto a la compra especulativa como condición para los presupuestos de Barcelona y también lo exigirán a Isla en la negociación de las cuentas de 2026, aunque evitan decir si será una línea roja. Lo que sí han hecho ya es registrar una proposición de ley para reformar la ley de urbanismo de Cataluña y facultar a los ayuntamientos para adoptar restricciones en este sentido en zonas de mercado tensionado.

Juntos ve al PSC "secuestrado" por Comuns

Pese a que también admite que es necesario incrementar el parque público de vivienda, Junts marca distancias con las políticas de vivienda del Govern: denuncia "la estigmatización de los pequeños propietarios" y reclama incentivos fiscales para que éstos saquen sus pisos al mercado de alquiler, aparte de seguros por los casos de impago. Juntos acusa al PSC de estar "secuestrado" por Comuns y ha ironizado más de una vez con que Albiach es de facto la consejera de Vivienda del Govern, un comentario que a menudo arranca sonrisas en la bancada de Comuns. "Ojalá mandaran los comunes, porque al menos haríamos cumplir la ley", replicó el diputado David Cid al debate de política general, y recordó que el ejecutivo todavía no ha aplicado ninguna multa del régimen sancionador de la ley de vivienda.

Por ahora, Territori tiene abiertos treinta expedientes sancionadores por incumplimiento del tope del alquiler, sobre todo en el área metropolitana. Con la idea de incrementar la fiscalización, los Comunes pactaron con el Govern poner en marcha un cuerpo de inspectores para controlar fraudes en el tope del alquiler u otros incumplimientos, como no hacer constar el precio de referencia a las ofertas en portales digitales. En noviembre, el ejecutivo se ha comprometido a aprobar un registro de grandes tenedores que incluye multas de hasta 90.000 euros a los propietarios con más de cinco viviendas que no se inscriban.

Desde el inicio de esta legislatura, los Comunes se jactan de haber estirado al PSC hacia posiciones más intervencionistas para garantizar el acceso a la vivienda. Desde el Govern evitan concretar si se reconocen en esta etiqueta, pero se muestran comprometidos con "alejar" los pisos de la especulación para garantizar que su uso prioritario sea el residencial, y no el negocio. "El Govern hace lo que debe hacer", subrayan fuentes de Territori. Y con sus mismas palabras, le devuelven el dardo al sector inmobiliario: "Existe una necesidad enfermiza, efectivamente, que es que los jóvenes especialmente –pero afecta a todas las generaciones– no pueden acceder a una vivienda".

De hecho, la medida estrella de Isla de construir 50.000 pisos protegidos en cinco años es un compromiso firmado con los de Jéssica Albiach por la investidura, pero también con Esquerra. También lo fue la regulación del alquiler de temporada, que tendrá una normativa prácticamente calcada que la que aprobó en su día el gobierno de ERC y que el PSC tumbó (con una abstención) con Junts. Entonces, el argumento era que el decreto ley que la aprobó tenía "deficiencias" y que había que resolver el debate a nivel estatal, no sólo autonómico. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla.

"El PSC no sólo interviene"

Los pactos vigentes del PSC en materia de vivienda han enterrado la pinza con Junts que operó en algunos momentos de la pasada legislatura. En el grupo parlamentario, sin embargo, rechazan este término: "Nunca ha habido pinza alguna con Junts, ni en este tema, ni en ningún otro", defienden. En todo caso, la pasada legislatura ambos grupos coincidieron en la defensa de grandes proyectos e infraestructuras, en la negativa de sancionar a ayuntamientos por la sequía o la oposición a la renta básica universal; también hicieron frente común en cuestiones como la lucha contra los empleos "conflictivos" y, en 2023, defendían medidas como los incentivos fiscales para sacar pisos vacíos al mercado.

El partido, sin embargo, defiende que siempre ha abordado esta carpeta "con rigor" desde posiciones "de izquierdas", siendo fieles a su programa pero también a sus pactos ya las demandas sociales. "El PSC impulsa una política de vivienda que no sólo interviene, regula, choca o adquiere, sino que busca movilizar suelo e impulsar la construcción de vivienda de protección oficial", subrayan fuentes socialistas. A escala municipal, en ciudades como Santa Coloma de Gramenet han seguido la ofensiva de Barcelona contra los pisos turísticos. En Hospitalet, el alcalde, David Quirós, ha anunciado una nueva empresa pública municipal de vivienda.

Ahora bien, en la hoja de ruta del Gobierno las medidas más intervencionistas conviven con otras de las que los socios recelan, como el anuncio de 214.000 pisos públicos y privados, y con fórmulas de colaboración público-privada –por ejemplo, los préstamos de emancipación–. El Govern ha agilizado la burocracia para las licencias y ha modificado la ley para que la propia Generalitat pueda actuar en nombre de los ayuntamientos en la gestión urbanística, con la idea de poner lo antes posible el suelo a disposición de los promotores. El objetivo es llegar a un 15% de vivienda protegida, tal y como marca la ley –ahora, Catalunya está por debajo del 2%– y por eso es necesario un incremento "exponencial" del parque, añaden desde Territori.