Comuns quiere limitar las compras de vivienda al uso residencial y vetar adquisiciones de empresas

BarcelonaLa mitad de las viviendas que se compran en Cataluña se pagan al contado, sin hipoteca, de acuerdo con los datos del Colegio Notarial. Según Comuns, esto pone de manifiesto que, en estos momentos, la mayor parte de adquisiciones de vivienda no se producen por parte de familias, sino de empresas que ven en este activo una inversión segura y esperan hacer negocio. Los de Jéssica Albiach se han propuesto combatir este fenómeno, por lo que han registrado una proposición de ley para prohibir la "compra especulativa de vivienda" en las zonas tensionadas y garantizar que toda compra inmobiliaria tenga un único objetivo: vivir en ella.

El texto ya ha entrado en el Parlament y ahora Comuns quiere negociar con los grupos de la cámara para que se tramite en lectura única, sin pasar por comisión. Deberán convencer al PSC de que, desde el departamento de Territori, está estudiando la viabilidad jurídica de esta medida, a partir del informe surgido del Plan Metropolitano –elaborado a petición de la concejala de BComú Janet Sanz–, para intentar aterrizar en Barcelona una propuesta que ya se aplica, por ejemplo, en Amsterdam. Inspirada en este informe, la proposición de ley de Comunes plantea modificar la ley de urbanismo a fin de que los ayuntamientos puedan introducir este veto a partir del planeamiento urbanístico. ¿Cómo? Estableciendo que una persona sólo puede comprar un piso si es para que se convierta en su residencia habitual, y mudarse a ella en los doce meses siguientes.

Hay, sin embargo, excepciones al veto, que se introduciría a partir de un plan urbanístico especial. La proposición de ley permite que una persona compre un piso para que viva un pariente cercano, como un hijo, un padre o un hermano. También que sea como una única segunda residencia, siempre que se encuentre en un municipio diferente al que ya se viva y que no se dedique a alquiler de temporada o turístico. Además, las herencias quedan fuera de esta regulación: una persona podría heredar un piso aunque no viva, o comprarse uno para vivir aunque haya recibido otro en herencia. Según fuentes de Comuns, la ley está pensada para favorecer el acceso de las familias al mercado de la vivienda, de modo que no tengan que competir con empresas y fondos inmobiliarios que esperan sacarle un rendimiento.

El resultado de condicionar la adquisición de la vivienda al uso residencial es que, de entrada, quedaría vetada para las empresas. Fuentes de Comuns reconocen que se podrían introducir excepciones, tanto en la negociación parlamentaria como en los planes municipales, para permitirlo a fundaciones o entidades del tercer sector que les dieran un uso social. Por otra parte, las empresas –también los particulares– sí que podrían comprar un blog entero, siempre que lo destinaran a arrendamiento de vivienda habitual cumpliendo los topes de precios.

Debates jurídicos

Pero, ¿puede el Parlamento de Cataluña incidir en lo que puede comprar o no una persona, o debería hacerlo el Estado? Aunque Comuns no renuncia a promover esta regulación a escala estatal, con un decreto ley que incida en la ley del suelo, fuentes de la formación consideran que la ley está "blindada" desde el momento en que la prohibición se introduce a partir de la ley de urbanismo. El Estatut atribuye la competencia exclusiva en urbanismo a la Generalitat y, además, la ley de urbanismo de Catalunya impone a los poderes públicos la obligación de velar por un "desarrollo urbanístico sostenible". Según Comuns, "la expulsión" de los vecinos de sus ciudades y la presión inmobiliaria en los barrios viola este principio, lo que justifica la intervención de los ayuntamientos en zonas de mercado residencial tensionado –una figura que, recuerdan, ha avalado al Tribunal Constitucional–. La regulación que proponen permite que sean entidades o vecinos quienes insten el plan especial urbanístico para introducir el veto, aunque la decisión final dependa de la mayoría política en el ayuntamiento de turno.

Más allá de la cuestión competencial, existe la afectación sobre el derecho a la propiedad. El preámbulo de la propuesta reconoce que esta medida supone una "limitación", pero también recuerda que no es ni permanente ni definitiva (se dejaría de aplicar cuando la zona dejara de estar tensionada). "Es la única jurídicamente admisible frente a la situación excepcional acreditada de riesgo de pérdida del derecho de acceso a la vivienda para la mayor parte de la población", recoge el preámbulo. Comuns ya ha avanzado que pondrá sobre la mesa del Govern esta propuesta en las próximas negociaciones (también la de presupuestos, si se llega a abrir).

La regulación del alquiler de temporada

Por otro lado, este martes Junts y el PP ya han advertido de que llevarán la regulación del alquiler de temporada que debía debatirse en el pleno de esta semana en el Consejo de Garantías Estatutarias, por lo que retrasarán su aprobación. "Ignora el mundo local", se ha quejado la portavoz juntera, Mònica Sales, sobre el pacto que recientemente desatascaron PSC, Esquerra, Comuns y CUP para impedir que los propietarios se salten los topes del alquiler a través del alquiler de temporada. A su juicio, "sí hay que regular el alquiler de temporada" y sus "abusos", pero escuchando el mundo municipal y sin "la agenda de Comuns". Para el PP, la regulación es "anticonstitucional" y está "condenada al fracaso". Es solo una maniobra para despistar y para dilatar en el tiempo que esta ley se haga efectiva, pero acabará aprobándose", respondió la diputada cupero Pilar Castillejo.