La última vez que Pedro Sánchez ratificó un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) fue en 2020, desde la Moncloa, tras un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las patronales españolas CEOE y Cepyme. Seis años después, Sánchez ha vuelto a presidir una nueva subida del sueldo mínimo. Esta vez lo ha hecho desde el ministerio de Trabajo, de la mano de la titular de la cartera, Yolanda Díaz (Sumar), y de los dos líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), pero sin los empresarios, con los que Sánchez no ha dudado en marcar distancias.

Un promedio de más de 500 reclamaciones al día. Éste es el volumen de quejas que gestionan los tribunales económico-administrativos –organismos adscritos al ministerio de Hacienda–, una vía imprescindible contra la aplicación de impuestos antes de recurrir a la justicia, según la normativa. Se trata de un verdadero alud de trabajo para estas entidades. Sin embargo, en 2024 –según los últimos datos disponibles– las reclamaciones se redujeron un 17,87% respecto al ejercicio precedente, hasta situarse en 196.442. Por el contrario, los expedientes resueltos, que alcanzaron los 222.737, aumentaron un 14,20%. Los tribunales económico-administrativos de Madrid son los que encabezan las quejas, con más de 33.000; seguidos por los de Andalucía, con 31.000, y los de Catalunya, con 30.395, las tres comunidades autónomas con mayor población.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, pero no las patronales, han acordado este jueves subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Es un alza de 37 euros mensuales, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Así, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento del salarial, que surtirá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, manteniendo ese sueldo de referencia exento de tributación, lo que supondría elevarlo de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (37 euros más). La patronal española y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se comprometieron a estudiar la propuesta, según explicó en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión entre los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo.

Las patronales CEOE y Cepyme acordaron este martes plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades (16.824 euros brutos anuales). Las organizaciones aseguraron que esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y que coincide "con los objetivos de la directiva europea de salarios mínimos". Hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT propusieron subir un 7,5% el SMI, hasta los 1.273 euros brutos al mes, e incluir por primera vez la tributación por el IRPF. Por su parte, el comité de expertos convocado por el ministerio de Trabajo no ha hecho aún su propuesta.

Durante muchas décadas, la industria mundial del petróleo estuvo dominada por un grupo de petroleras conocido como "las siete hermanas", un número mágico que se repetía de forma fractal en el seno del sector bancario español, cuando el oligopolio que lo controlaba estaba formado por siete bancos, los llamados "siete grandes". Aparte de este lobi informal, en 1977 el sector de las entidades de crédito fundó una patronal llamada Asociación Española de Banca (AEB), que a lo largo de su primera etapa (1977-1990) estuvo presidida por un catalán del Garraf: Rafael Termes Carreró. La presencia de Termes en la patronal bancaria se explicaba por su papel en el Banco Popular, donde ejercía el cargo de consejero delegado desde 1966.

Conpymes, de la que forma parte la patronal catalana Pimec, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por la concesión de subvenciones "a dedo". La denuncia ya fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según esta organización, que preside José María Torres.

Hacía días que el Congreso de los Diputados no agrupaba a tantos altos directivos de algunas de las principales empresas del Estado, y también al máximo representante de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de la española CEOE, Antonio Garamendi. De hecho, todos ellos suelen ser reacios a la hora de dejarse fotografiar en actos que van más allá de la esfera empresarial y económica, y ponen aún más trabas si entran de lleno en un espacio político.

El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, es toda una entidad en sí mismo. Un personaje que, en los casi ocho años que lleva al frente de la entidad, ha tenido que proteger su trono en varias ocasiones, y de momento ha salido adelante. Sin embargo, su figura empieza a debilitarse, ya pesar de que ya se encargó de modificar los estatutos de la patronal para eliminar la limitación de dos mandatos de cuatro años por presidente para poder optar a un tercer mandato, las próximas elecciones deberían celebrarse en 2026, y los últimos acontecimientos no lo sitúan en su mejor momento.

Ángela de Miguel se ha impuesto a Gerardo Cuerva, que optaba a la reelección, a las elecciones celebradas en Cepyme, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas de ámbito español y está integrada en la CEOE, la principal organización empresarial del Estado.

"Hemos estado analizando las situaciones de los mandatos de los agentes más representativos, hemos generado un debate interno y por unanimidad se ha planteado mantener el tope de dos mandatos añadiendo la posibilidad de un tercer mandato en condiciones excepcionales". Así ha anunciado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, un punto clave de la modificación de los estatutos votada en asamblea general este martes, que hasta ahora limitaba a dos el número de mandatos por un mismo presidente. Según ha puntualizado Cañete, este concepto de "2+1" se utilizaría "sólo en circunstancias en las que deba plantearse un tercer mandato".

La guerra patronal por la representatividad vuelve a los tribunales. La patronal española CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha recurrido a la Audiencia Nacional la entrada de la catalana Pimec en la Comisión Consultora Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). El ministerio de Trabajo había dado diez días a partir del 10 de abril para que la CEOE y Pimec pactaran un nuevo reparto de las seis sillas en la CCNCC, que de momento están ocupadas por la patronal de Garamendi (5) y Cepyme (1).

Nuevo paso de Pimec para formar parte del diálogo social en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy una orden del ministerio de Trabajo que da continuidad y desarrolla lo previsto en una disposición anterior que regula el nombramiento de las vocalías sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), en aplicación del Real Decreto 1362/20.

Desde que Juan José López Burniol, histórico vicepresidente de la Fundación La Caixa, anunció su dimisión a principios de diciembre de 2024 tras el ascenso de Josep Maria Coronas a director general de la Fundación que la incógnita sobre quién ocuparía su cargo sobrevolaba la galaxia La Caixa. Por último, será Javier Godó, conde de Godó y presidente-editor de La Vanguardia, quien ocupará la vicepresidencia de la Fundación, en un nombramiento sorpresa, aprobado por unanimidad por la cúpula de la Fundación. Asimismo, Caixa Enginyers cuenta con un nuevo presidente para su compañía de seguros, el Círculo Ecuestre tiene un nuevo miembro en la junta y la CEOE de Garamendi incorpora al exjefe de la Casa Real. Éstos son algunos de los fichajes más destacados de la semana.

El gobierno español ha presentado este miércoles su propuesta de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales, que ha topado por el momento con el silencio de la patronal y la reclamación de los sindicatos de subirlo aún más, mientras que los ministerios de Economía y Trabajo se han atascado en la negociación por la rebaja de la jornada laboral.

Tras trece reuniones en diez meses de negociaciones, el gobierno español quiere que la patronal responda claramente con un sí o un no a su última propuesta sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales el próximo año, respecto a las 40 actuales. El ministerio dará ayudas directas de hasta 6.000 euros a las micropymes de menos de cinco trabajadores que se dediquen a los sectores del comercio, hostelería, peluquerías, limpieza y agricultura para que apliquen la medida.

Una nueva baja por incapacidad temporal que también sea compatible con el trabajo. Esa fue la propuesta que lanzó ayer la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y que este viernes ha despertado nuevas reacciones a favor y en contra, tras recibir un rechazo rotundo por parte de los sindicatos y de la propia vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las patronales han aplaudido esta nueva fórmula y han valorado positivamente que el ejecutivo la quiera implementar, mientras que algunos expertos laboralistas cuestionan su utilidad y encaje en el marco actual de los derechos de los trabajadores.

Las palabras del presidente de la gran patronal española, la CEOE, Antonio Garamendi, criticando la financiación singular para Catalunya, han suscitado algunos recelos, pero desde Fomento evitan meterse. Pese a que Fomento forma parte de la CEOE –ostenta su vicepresidencia–, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre asegura que se trata de "declaraciones a título personal de Garamendi", y que "en ningún papel ni comunicación de la CEOE se trata ese tema". "No valoramos opiniones personales", aseguran desde la patronal catalana de las grandes empresas.

Escepticismo. Esto es lo que se respira en el ministerio de Trabajo con el hecho de que la patronal española CEOE mueva ficha y se sume a la norma para reducir la jornada laboral en España. Tras la reunión de este lunes entre el ministerio, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y los empresarios, las cosas siguen igual que la semana pasada: el equipo de la ministra Yolanda Díaz prevé cerrar un texto sobre la reducción de la jornada laboral con los sindicatos y sin apoyo de la patronal.

La reducción de la jornada laboral ha llevado al diálogo social a un escenario de tensión que no se veía desde hacía tiempo. En particular, la relación entre el ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, y la patronal española CEOE, presidida por Antonio Garamendi. La negociación para aprobar esta reforma del mercado laboral empezó hace casi medio año, de dos formas: bipartida, entre sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y empresarios (CEOE y Cepyme); y también a través de una mesa tripartita, es decir, entre agentes sociales y ministerio de Trabajo. Pero ninguna de las dos vías ha dado frutos y nada hace pensar que, por ahora, los den. Aunque este lunes existe un nuevo intento.