'Día D' para la reducción de la jornada laboral: del ultimátum de Díaz a la propuesta de la patronal

MADRIDLa reducción de la jornada laboral ha llevado al diálogo social a un escenario de tensión que no se veía desde hacía tiempo. En particular, la relación entre el ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, y la patronal española CEOE, presidida por Antonio Garamendi. La negociación para aprobar esta reforma del mercado laboral empezó hace casi medio año, de dos formas: bipartida, entre sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y empresarios (CEOE y Cepyme); y también a través de una mesa tripartita, es decir, entre agentes sociales y ministerio de Trabajo. Pero ninguna de las dos vías ha dado frutos y nada hace pensar que, por ahora, los den. Aunque este lunes existe un nuevo intento.

Ministerio, sindicatos y patronal volverán a reunirse hoy lunes para abordar este cambio normativo y el equipo de Díaz espera que los empresarios lleguen a la cita con una propuesta respecto al último texto que les envió. Eso sí, o aportan algún cambio o probablemente saldrá adelante les guste o no: "Si el lunes no hay propuesta de la patronal deberemos tomar una decisión", advertía el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y añadía que no entrarían en una "estrategia dilatoria". Unas palabras que desde las patronales se han leído como un ultimátum.

"Yo no entiendo el diálogo [social] como un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente", expresaba después Garamendi. Fuentes del entorno de la patronal apuntaban el viernes que no se preveía llevar un documento nuevo a la reunión. De hecho, Garamendi dejó claro que si la reforma de la jornada laboral era "una decisión política" –como cree–, "que la hagan pero que la hagan el 1 de julio". "Si existe un ultimátum, será para nosotros, pero que también sea para el ministerio", insistía el presidente de la CEOE.

Lo cierto es que Yolanda Díaz quiere cerrar la reforma, que es una de las banderas de la legislatura, antes de las vacaciones de verano o, al menos, esa es su intención. "La primera parte [de la reforma] quiere que entre en vigor este 2024, por tanto, hay que aprobarla ya", advierten fuentes del entorno de Díaz.

Las declaraciones de unos y otros sitúan, al menos de cara a la galería y en cuanto a esta materia, el diálogo social en un punto de inflexión: "Su actitud [de Yolanda Díaz] se puede cargar el diálogo social", advertían desde Foment del Treball a través de un comunicado. Otras fuentes conocedoras de la negociación rebajan el tono y apuntan a que hay "más pan que queso". Pero lo que nadie niega es que se hace difícil que la patronal mueva ficha. Más allá de no compartir la propuesta de Díaz, los empresarios llegan a la mesa con la sensación de que las cosas "ya están ligadas".

37,5 horas en el año 2025

El acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE implicaría reducir por ley la jornada semanal a 37,5 horas (se modificaría el Estatuto de los Trabajadores), pero manteniendo el sueldo. Esto se haría progresivamente: 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025. En la última propuesta del ministerio de Trabajo se plantea modificar la ley de infracciones y sanciones por establecer multas de hasta 10.000 euros en caso de incumplimiento.

El empresariado señala que la reforma de la reducción de la jornada laboral no pone entre las cuerdas a las grandes compañías, que tienen músculo para adaptarse –Telefónica, por ejemplo, ha iniciado un proceso para llegar a las 36 horas semanales en 2026–, sino las pequeñas y medianas empresas, es decir, el principal tejido económico en el Estado. Asimismo, también sostienen que la adaptación no es la misma dependiente del sector: la agricultura o la industria destacan por registrar jornadas semanales de más horas. "La baja productividad, los menores recursos organizativos y menor presencia de convenios hacen más vulnerables a las pymes ante esta medida", advertían la semana pasada desde Cepyme.

Sin embargo, esta legislatura ha dejado, hoy por hoy, sólo un acuerdo tripartito: el de garantizar la igualdad del colectivo LGTBI y poner fin a las discriminaciones en el entorno laboral. Se trata de la primera firma conjunta después de año y medio sin acuerdos entre agentes sociales y ministerio de Trabajo. Una anomalía si se tiene en cuenta el alud de consensos que en el marco del diálogo social se desataron con la pandemia de la cóvid-19 y que dejaron reformas como la de los ERTO o la propia reforma laboral. A esto se suma la complejidad de aprobar reformas una vez llegan al Congreso de los Diputados, donde los equilibrios y la fragilidad del bloque de investidura ponen sobre la mesa intereses cruzados. Desde el ministerio de Trabajo siempre se ha confiado en que lo que llega con consenso social es difícil de tumbar –o al menos justificar un voto en contra.