Hace días que las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI) han entrado en juego en la antesala de la campaña electoral del 29-N. Primero Vox cuestionó la sostenibilidad del sistema de pensiones, y esta semana el PP se ha hecho un lío con la subida de las prestaciones en un futuro a pesar de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar clara su postura: "Las pensiones son innegociables y se acabó. Se actualizarán conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos su viabilidad, sin duda", ha afirmado este jueves el dirigente popular.

Los sindicatos mayoritarios piden subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos un 7% de cara al 2027 y situarlo así por encima de los 1.300 euros al mes. En una rueda de prensa conjunta de la UGT y CCOO en Madrid, las dos organizaciones han defendido un incremento que llevaría a actualizar el umbral, como mínimo, hasta los 1.306 euros brutos en 14 pagas, o 1.524 euros en doce. Actualmente el salario mínimo en el Estado es de 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que equivale a 1.424 euros en doce mensualidades.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha la maquinaria para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 a las puertas de la campaña electoral del 29-N. De hecho, no descarta que la subida se pueda aprobar incluso en plena campaña –comienza el 13 de noviembre– y quiere que el nuevo incremento tenga en cuenta la inflación. Díaz ha evitado dar una cifra –por ejemplo, si la subida debería ser superior a la inflación media prevista para este 2026–, pero ha reconocido que "muchas familias se resienten por el impacto de la inflación". "Es una evidencia", ha dicho en rueda de prensa este jueves. Además de los precios, la ministra ha encargado a los expertos del SMI, con quienes se ha reunido este jueves, que tengan en cuenta otros elementos, como la productividad y el contexto económico.

Que hay que ir actualizando el salario mínimo para acercarlo todo lo posible al coste real de la vida es de justicia social, y que los gobiernos del PSOE y Sumar han hecho más por las subidas del SMI que los del PP (que en siete años sólo lo subieron 94 euros) es una verdad objetiva fácilmente comprobable. Rajoy plegó en el 2018 con un SMI de 735 euros, y esta semana el gobierno de Sánchez le ha dejado en 1.221.

La última vez que Pedro Sánchez ratificó un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) fue en 2020, desde la Moncloa, tras un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las patronales españolas CEOE y Cepyme. Seis años después, Sánchez ha vuelto a presidir una nueva subida del sueldo mínimo. Esta vez lo ha hecho desde el ministerio de Trabajo, de la mano de la titular de la cartera, Yolanda Díaz (Sumar), y de los dos líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), pero sin los empresarios, con los que Sánchez no ha dudado en marcar distancias.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, pero no las patronales, han acordado este jueves subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Es un alza de 37 euros mensuales, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Así, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento del salarial, que surtirá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El ministerio de Trabajo ha ofrecido a los agentes sociales una compensación para las empresas con mayor afectación del salario mínimo interprofesional (SMI), pero condicionada a un incremento de las retribuciones más bajas y el mantenimiento de las plantillas. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz propone que el sueldo mínimo se incremente en 2021 un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

El ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, manteniendo ese sueldo de referencia exento de tributación, lo que supondría elevarlo de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (37 euros más). La patronal española y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se comprometieron a estudiar la propuesta, según explicó en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión entre los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo.

Para ilustrar los obstáculos financieros, Artur Feijóo despliega una hoja con un gráfico. Muestra el calendario de cobro de las subvenciones que recibe TEB –el grupo cooperativo que dirige– para pagar los salarios de las cerca de 650 personas con discapacidad ocupadas en sus centros especiales de trabajo y el personal de apoyo que les acompañan. El 100% de las ayudas correspondientes a 2024, dice, apenas lo han acabado de cobrar este mes de noviembre, mientras que de 2025 sólo han ingresado un 15%, por ahora. "Estamos al límite", admite Feijóo. El retraso a la hora de recibir ese dinero por parte de la Generalitat les ha obligado a endeudarse para pagar sueldos y tener que asumir los intereses –entre 60.000 y 70.000 euros– de estos préstamos. Si este año logran cerrar con la cuenta de resultados a cero, será porque los socios de la cooperativa han realizado aportaciones para evitar pérdidas. "Llevamos muchos años instalados en la incertidumbre", lamenta Feijóo.

En el último consejo de ministros del año, el gobierno español ha aprobado la prórroga de un conjunto de medidas sociales y económicas que continuarán en vigor en el 2026. Todas se recogerán en dos reales decretos ley que ahora dan el salto al Congreso de los Diputados, que tendrá que convalidarlos. En un real decreto ley va la continuidad de las ayudas al transporte público y el nuevo abono único para viajar por todo el Estado, y en el segundo texto se recogerá el escudo social, así como otras cuestiones a prorrogar antes del 31 de diciembre, momento en el que decaen. Éstas son las medidas más destacadas:

El salario mínimo interprofesional, los nuevos permisos por defunción y cuidados paliativos y el pulso a Uber Eats. Son las tres cuestiones que marcarán la agenda de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante las primeras semanas de 2026, al menos en materia laboral. En uno de los momentos de mayor debilidad del gobierno español por presuntos casos de corrupción y acoso sexual y laboral que acorralan el entorno de Pedro Sánchez, Díaz ve en las medidas económicas y sociales la brecha a través de la que el ejecutivo puede encontrar aire. También la vía que le puede permitir marcar perfil, sobre todo ante el ciclo electoral autonómico que se abrirá –arranca con Aragón el próximo 8 de febrero.

El ministerio de Trabajo encauza la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2026. En la primera reunión con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y la patronal española CEOE, celebrada este martes por la tarde, el equipo de Yolanda Díaz ha querido tantear a los agentes sociales para ver si a ver a los agentes sociales para ver si en el 2026.

La negociación para una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) arrancará sin discrepancias internas en el seno del gobierno español, sobre todo en lo que se refiere a los ministerios afectados: Economía, Hacienda y Trabajo, carteras que en ocasiones anteriores han protagonizado más de un choque en torno a la medida.

El comité de expertos que asesora al gobierno español sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha planteado elevarlo de cara a 2026 en 37 euros al mes (1.221 euros mensuales en 14 pagas) si se decide que continúe exento de tributación, o en 56 euros al mes (hasta los 40 euros al mes). el IRPF, según ha avanzado este jueves El País y ha podido confirmar el ARA. Actualmente, el sueldo mínimo está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas.

Las patronales CEOE y Cepyme acordaron este martes plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades (16.824 euros brutos anuales). Las organizaciones aseguraron que esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y que coincide "con los objetivos de la directiva europea de salarios mínimos". Hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT propusieron subir un 7,5% el SMI, hasta los 1.273 euros brutos al mes, e incluir por primera vez la tributación por el IRPF. Por su parte, el comité de expertos convocado por el ministerio de Trabajo no ha hecho aún su propuesta.

Los dos sindicatos mayoritarios mueven ficha de cara a una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el 2026. CCOO y UGT han puesto negro sobre blanco su propuesta de cara a una negociación con el gobierno español y la patronal: subir un 7,5% el SMI, hasta los 1.273 euros brutos al mes, e incluye. El incremento supone subir 89 euros el salario mínimo actual, situado en 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas, tal y como detallaron el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el secretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, en rueda de prensa este martes. Ambos representantes sindicales defendieron que la subida del SMI para 2026 debe ser "contundente e importante".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha pedido a la comisión de expertos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que planteen dos incrementos distintos para 2026: una subida que no incorpore el IRPF, y otra en la que sí se tenga en cuenta esta tributación. De esta forma, Díaz esquiva el choque que se produjo con el ministerio de Hacienda con la subida de este 2025. La titular de esta cartera, María Jesús Montero (PSOE), planteó que con el último incremento aprobado los receptores de esa renta ya debían tributar por este impuesto, algo que el equipo de recibo. Por último, la batalla acabó con una deducción para los perceptores del SMI para que no pagaran IRPF.

La inflación de los años inmediatamente posteriores a la pandemia erosionó la capacidad adquisitiva de las familias, y en la mayoría de economías avanzadas los sueldos todavía no se han recuperado. Según un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, el organismo que agrupa a las principales economías desarrolladas del mundo), en el tercer trimestre del año pasado, los sueldos habían recuperado la capacidad de compra que tenían en 2020 en sólo 12 de los 33 países más avanzados.

Juntos y el PSOE registraban a principios de marzo la ley que debe permitir que el Estado delegue en Cataluña las competencias en inmigración. Ambos grupos recurrieron al artículo 150.2 de la Constitución para materializar una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont para seguir apuntalando la gobernabilidad del Estado. Ahora es ERC quien también quiere acogerse a ese precepto constitucional, pero en su caso para que Catalunya pueda regular su propio salario mínimo interprofesional. Los republicanos, de hecho, han puesto ya una cifra: quieren que se eleve hasta los 1.420 euros –en todo el Estado ahora es de 1.184 euros–. La vía que proponen debería ir acompañada, defiende Esquerra, de un cambio también en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto del artículo 27 que detalla que es el gobierno estatal quien tiene la potestad para fijar su cifra.

Fumata blanca. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), y la ministra de Hacienda (PSOE), María Jesús Montero, han llegado a un acuerdo para adaptar el IRPF de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025, tal y como han anunciado desde el ministerio de Trabajo y confirman desde Hacienda. Por último, los perceptores del salario mínimo que se veían afectados por este impuesto (un 20% del total) podrán beneficiarse de una "deducción específica" que evitará que tengan que pagar por el IRPF. Según Hacienda, esto tendrá un impacto de unos 200 millones de euros.