Los datos de ejecución de la inversión del Estado en Cataluña en el primer semestre de 2023 avanzadas por el diario ARA no han gustado a la Generalitat. Este lunes por la mañana, el presidente Pere Aragonès las ha tildado de "irrisorias". "Acabar con el déficit fiscal es urgente y más necesario que nunca", ha afirmado a través de la red social X. Más tarde, en la presentación en Barcelona del Fondo de Inversión y Tecnología, Aragonés ha reclamado "transparencia" al gobierno español y ha sostenido que pedirán que "publique todos los datos y que cumpla con los compromisos: que ejecute lo que se compromete".

De la reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras entre la Generalitat y el Estado de este viernes en Barcelona se esperaban pocos acuerdos –por no decir ninguno– y muchos reproches, y las expectativas no se han visto defraudadas. Después de dos horas y media de encuentro en la sede del departamento de Territorio de la Generalitat, una cita sin consellers ni ministros, el Govern ha reprochado al ejecutivo español que "no hay ninguna explicación" para el déficit inversor del Estado en Catalunya y ha reclamado una corrección que se visualice en el corto plazo. El gobierno español ha admitido el déficit inversor y ha asegurado que es una prioridad "revertir la situación", pero también ha asegurado que se ha buscado crear una imagen de desinversión "que no se ajusta a la realidad".

La Generalitat y el Estado se verán cara a cara este viernes para abordar la crisis de las inversiones, que estalló ahora hace dos semanas cuando un informe del propio Gobierno español admitía una flagrante falta de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya. A pesar de que las dos administraciones aseguran tomarse seriamente el problema, ni el uno ni el otro enviarán sus máximos representantes a la reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras. De hecho, no se convoca ni la comisión propiamente dicha, sino una subcomisión. Según ha podido saber el ARA, por la Generalitat estarán los secretarios generales Ricard Font (Territorio), Núria Cuenca (Presidencia) y Jordi Cabrafiga (Economía), mientras que en representación del Gobierno español estará el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y el director general de Cooperación Autonómica, Fernando Galindo.

La falta de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya no es un problema nuevo, a pesar de que ahora vuelva a centrar la actualidad política. Lo demuestran dos hechos. El primero, que el último Estatuto (2006) previó la creación de una comisión específica para controlar el cumplimiento de las inversiones del Gobierno español en Catalunya. El segundo, que en el pacto de los presupuestos generales de 2021 –entre ERC y el PSOE– se incluyó una cláusula que obligaba a reunir esta comisión cada cuatro meses para revisar si se cumplía el acuerdo. Nada de todo esto se ha cumplido. En quince años de vida, la comisión se ha reunido solo tres veces.

Cuando todavía está lejos de cerrarse la crisis por el Catalangate, a la Generalitat y al gobierno español se les abre otra controversia de magnitud considerable: el déficit inversor del Estado en Catalunya, que no por habitual ha dejado de generar polémica cuando se ha hecho público un informe del ministerio de Hacienda centrado en el 2021. Este miércoles se han visto las caras para hablar del tema el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el vicepresidente, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El encuentro no figuraba en ninguna agenda, pero se ha producido porque los tres han coincidido en el acto de presentación de la nueva oficina de Google en Barcelona. Horas después, por la tarde, ha sido la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, quien ha mandado una carta a la ministra y también a la delegada del gobierno español en Catalunya, Maria Eugènia Gay, a quien ha citado de forma "urgente" en el Palau de la Generalitat para exigirle explicaciones por el déficit de inversiones.

La historia se repite. Pasan las décadas, cambian los gobiernos, hemos transitado de la desafección al Procés, y de este a la represión y al supuesto diálogo. A la práctica, sin embargo, el resultado acaba siendo el mismo: sea cual sea la promesa de inversión presupuestaria, al final la ejecución de lo que estaba previsto siempre se queda corta en Catalunya. No hay manera de que el Estado cumpla. Este 2021 ha vuelto a pasar, y no precisamente por un margen estrecho. Un estado responsable, preocupado realmente por dar un trato justo a una región especialmente relevante en términos económicos y, además, con una situación política potencialmente rupturista, tendría que ser el primer interesado en dar un trato justo a Catalunya. Pues no. No es así y, si nos atenemos a los datos, no parece que se tenga que corregir. Según un estudio de la Cámara de Barcelona del año 2020, desde el 2001 y hasta aquella fecha el Estado ya dejó de invertir en nuestro territorio el 25% de lo que había presupuestado. En total, 8.000 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado la cifra mágica que cada año acompaña el proyecto de presupuestos generales del Estado: la inversión territorializada que le toca a Catalunya. Para el 2021 esta inversión representará el 17,2% del total español, lo cual significa un incremento respecto al ejercicio anterior, en el que esta cifra era del 16,5%. En números absolutos se trata de una inversión récord de 2.230 millones de euros. Ahora bien, el 17,2% se sitúa por encima de lo que correspondería por población (15%) pero por debajo del peso del PIB (19%).

El Estado invirtió en Catalunya 957,23 millones de euros en 2020, según se desprende del informe Distribución territorial de la inversión del sector público estatal, publicado este viernes por la Intervención General del Estado, adscrita al ministerio de Hacienda. La cifra, que incluye solo los datos de inversión territorializada, representa el 12,7% del total invertido en España, que suma 7.557,2 millones de euros, lejos de la aportación de Catalunya al PIB español, que se sitúa alrededor del 19%.