El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) vuelve a tocar el corteza en España al considerar que el despido en el Estado es demasiado barato. Este órgano cuelga del Consejo de Europa y se encarga de vigilar que los Estados miembros cumplan con la Carta Social Europea. En un dictamen publicado este viernes, el CEDS ha vuelto a dejar claro que las indemnizaciones que se pagan después de que un trabajador pierda su trabajo ni son suficientes para compensar el daño sufrido, ni para disuadir al empleador de echarlo.

El reciente informe del comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM), del Consejo de Europa, es, como indica su propia rúbrica, un informe de situación elaborado por un comité de especialistas y todavía no una recomendación a los estados por parte del Comité de Ministros. Sin embargo, es muy relevante porque, por ejemplo, muestra su “preocupación” por las sentencias judiciales que imponen el 25% de la enseñanza en castellano, por contravenir el artículo 8 de la Carta, o avisa de los reiterados incumplimientos de 'España a la hora de no modificar la legislación para hacer efectivo el derecho de los hablantes de otras lenguas distintas del castellano en el ámbito de la justicia.

El informe del Consejo de Europa sobre el catalán (o más exactamente, sobre los incumplimientos y malas prácticas del estado español en relación a la lengua catalana) es importante por diversos motivos, como explica la editorial del ARA. Denuncia de forma enérgica la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, un despropósito jurídico, lingüístico y pedagógico que ya se ve que debe haber sido concebido por alguien que lo ignora todo sobre enseñanza. Y es que nada dentro de un aula se puede despedazar en porcentajes matemáticos: ni el idioma, ni los conocimientos, ni la atención, ni la relación entre los docentes y los alumnos. Sostener lo contrario es entrar en el terreno de la irracionalidad, lo mismo desde el que se utiliza la justicia para ir contra una lengua.

Seguramente por la contundencia de sus afirmaciones y la clarividencia de su diagnosis, el informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias ha causado un gran impacto en Cataluña. Y es que todo el informe podría ser suscrito por organizaciones como la Plataforma por la Lengua y por la gran mayoría de sociolingüistas catalanes. El informe critica abiertamente las sentencias judiciales que obligan a impartir un 25% de las asignaturas en castellano y el bajo uso del catalán en ámbitos como la justicia y la sanidad, y se muestra preocupado por la situación de la lengua entre los jóvenes y en territorios concretos como la Comunidad Valenciana y Baleares. Es cierto que ahora el documento deberá ser estudiado por el llamado consejo de ministros del Consejo de Europa, que decidirá qué recomendaciones hace llegar oficialmente a España, que es uno de los firmantes de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, pero el texto y sus argumentos quedarán a disposición de quien quiera utilizarlos, por ejemplo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El ARA entrevista a Villano Qiriazi, jefe de Educación del Consejo de Europa, aprovechando su estancia en Barcelona para hablar de educación y tecnología en el EdTech Congress.

La Comisión de Venecia ha avalado definitivamente este viernes a grandes rasgos la ley de amnistía, a pesar de apuntar matices y diferentes recomendaciones. Concretamente, recuerda que las amnistías son por definición "restaurativas" y persiguen "la reconciliación política", pero advierte que para "no frustrar" sus objetivos no deberían tramitarse "de forma acelerada" y deberían contar con "mayorías calificadas ". En el caso de la del Proceso, pues, recomienda que se involucre al PP en la negociación de la medida, que acaba de llegar al Senado –con mayoría absoluta popular– tras ser aprobada por el Congreso. "Por todos los potenciales efectos divisivos, es especialmente importante que una amnistía reciba el apoyo de una mayoría amplia", apuntó este viernes uno de los ponentes del informe, el jurista neerlandés Martin Kuijer.

España ha sido incluida por primera vez en la lista de países que serán evaluados por el comité de monitorización de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que analiza si los Estados miembros están cumpliendo con los estándares democráticos europeos y los derechos humanos. Esta comisión selecciona en un primer momento a ocho de los 46 estados miembros y acaba escogiendo tres cada año, y junto con Suecia y Grecia, España ha sido el otro país que pasará bajo la criba de este organismo europeo. La resolución, según ha podido saber el ARA, se adoptó hace una semana, el 5 de diciembre.

Con más de tres décadas de experiencia en Estrasburgo, Christos Giakomopoulos (Tesalónica, 1958), es desde 2017 el director general de derechos humanos y estado de derecho del Consejo de Europa. Ha visitado Barcelona invitado por el Centro de Estudios de Temas Contemporáneos de la Generalitat, con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nueva amonestación a España por el espionaje con el programa Pegasus a unos sesenta independentistas, el caso conocido como Catalangate destapado en abril de 2022. Si en junio era el Parlamento Europeo quien daba un toque de atención al Estado por aquellos hechos, ahora es el Consejo de Europa quien se suma a las críticas por haber hecho uso de este software espía. Este organismo da toda la credibilidad a las denuncias de los afectados y avisa de que ha habido "graves implicaciones para los derechos humanos fundamentales de las personas atacadas", como "el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión". Lo que viene a decir es que, en aras de la "seguridad nacional", los estados no pueden hacer lo que quieran. Para rematarlo, pide un "moratoria" en el uso de estos programas espía hasta que exista una regulación europea precisa sobre cómo utilizarlos. No solo España sale maltrecha en el informe; también Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán.

La lucha del independentismo en la esfera internacional está construida a través de múltiples batallas que a veces tienen desenlaces con gusto a victoria y otros con gusto a derrota. Dentro del primer grupo se podría catalogar el último informe del Consejo de Europa titulado La libertad en el discurso político: un imperativo para la democracia. El documento, al que ha tenido acceso el ARA, reclama un "nivel de protección" de este derecho "especialmente elevado para los políticos", también cuando "sus propuestas impliquen cambios en la Constitución" y lleguen a plantear "incluso la independencia".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha estado a punto de aprobar una nueva resolución cargando contra España porque "aún hay numerosas causas penales" por la organización del referéndum del 1-O y se mantienen las euroórdenes contra los exiliados. El texto ponía el estado español junto a Turquía y aspiraba a responder a la pregunta: "¿Se tendría que juzgar a los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?" Y la respuesta que planteaba el ponente del informe, el diputado socialista letón Boriss Cilevics, consistía en felicitar al gobierno español por los indultos, criticarlo por el hecho de que ahora se puedan revertir y recomendarle, de nuevo, reformar los delitos de sedición y rebelión. Pero La Moncloa nunca recibirá un documento que la emplace a hacer todas estas cosas porque el PSOE y el PP se han aliado para evitar que se apruebe. Socialistas y populares, seduciendo a unos cuantos representantes más a última hora, han conseguido que se elimine cualquier referencia a España y su nombre ya no aparece junto al de Turquía.

No es la primera vez que el Consejo de Europa –un organismo regional europeo en defensa de los derechos humanos– denuncia abusos policiales en el Estado, pero en el informe publicado este martes la organización va más allá y advierte de que no se trata de casos aislados sino que los maltratos se han convertido en una práctica demasiado frecuente. "Es motivo de gran preocupación", afirma el documento. Después de una visita a diferentes prisiones –la mayoría en Madrid, Valencia y Sevilla– por parte de miembros del Comité de Prevención de la Tortura y de entrevistar a decenas de presos en septiembre de 2020, el Consejo de Europa concluye que "sigue habiendo un patrón de maltratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva" a los comportamientos de algunos presos, y reclama al gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas para frenar la violencia policial.

Nuevo choque en la mesa del Parlament, que esta vez ha enfrentado a los socios de Govern. En la reunión semanal del órgano rector de la cámara del martes, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, propuso que el diputado de Junts Francesc de Dalmases –de su círculo más próximo– ocupara el cargo no remunerado de suplente en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, según ha avanzado el ACN y ha confirmado el ARA. Según corroboran varias fuentes presentes en la sala, Borràs afirmó que el nombre de Dalmases ya había sido consensuado en el seno del ejecutivo y entre los grupos parlamentarios de ERC y Junts. Concretamente, aseguró que en la reunión del Govern que tenía lugar en aquel mismo momento el president, Pere Aragonès, y la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, habían acordado esta propuesta. Aun así, fuentes de Presidencia aseguran que nunca se ha pactado nada en este sentido –y ni siquiera se había hablado–, y lo mismo afirma el grupo parlamentario de ERC. De hecho, los miembros republicanos en la mesa –Alba Vergés y Ruben Wagensberg– cuestionaron en aquel mismo momento que la propuesta fuera consensuada y finalmente la mesa, por mayoría, decidió aplazar el debate. A pesar de que son diversas las voces de la mesa que confirman que Borràs verbalizó la propuesta, el entorno de la presidenta de la cámara lo desmiente.

El Consejo de Europa vuelve a lanzar duras críticas contra España por el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y avisa de su “politización” a ojos de la opinión pública. “Es una cuestión crítica”, advierte el último informe publicado este jueves por el órgano anticorrupción del organismo europeo (GRECO, según las siglas en francés), que evalúa si los estados cumplen con las medidas anticorrupción adecuadas tanto en el terreno político como en el judicial.

Ahora que el magma del independentismo catalán va volviendo a los cauces del realismo político, es oportuno preguntarse qué hay que esperar verosímilmente de la mesa de diálogo con el gobierno español y qué papel pueden tener las instituciones de Europa.

La Generalitat aspira que la causa del Tribunal de Cuentas contra altos cargos del Govern por la acción exterior aparezca en los informes de la ONU. Este viernes, la dirección general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que depende de la conselleria de Igualdad y Feminismos, ha enviado a las Naciones Unidas dos documentos que señalan la vulneración de los derechos humanos que, a parecer suyo, representan la causa al órgano fiscalizador y también la formulación del delito de sedición en España. Estos informes se han entregado al relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule, con el objetivo de que se incorporen al informe que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Consejo de Europa aprobó el 21 de junio un informe que reclamaba a España la liberación de los presos políticos catalanes, la retirada de las euroórdenes contra los exiliados, una reforma de la sedición y un "diálogo constructivo" sobre el conflicto catalán. Laura Castel es senadora de ERC y miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que votó el informe.

El Consejo General del Poder Judicial responde al Consejo de Europa por el informe sobre las causas judiciales contra el Procés. En un comunicado, la comisión permanente "deplora" que se haya aprobado un texto que "incluye recomendaciones dirigidas a los jueces españoles para que tomen decisiones en un determinado sentido en relación con la persecución de delitos, obviando los principios de legalidad, la separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad en la aplicación de la ley". La resolución que aprobó la asamblea de parlamentarios del Consejo de Europa este lunes instaba al Estado a retirar las euroórdenes contra los exiliados, indultar a los presos políticos y reformar el delito de sedición. El CGPJ lamenta que un pronunciamiento así provenga de una institución que tiene "como objetivos declarados la promoción, defensa y protección del estado de derecho".

El Consejo de Europa acaba de aprobar una resolución que critica de manera severa la criminalización del Procés relacionada con los hechos de septiembre y octubre de 2017. A pesar de que la resolución tiene cuidado de no poner en cuestión la condición democrática de España y recuerda que el referéndum del 1-O se convocó de manera ilegal y en contra de las advertencias hechas por el Tribunal Constitucional, advierte de la exagerada reacción del Estado ante aquellos hechos, que ha puesto en cuestión valores esenciales de cualquier democracia; concretamente la libertad de expresión y de reunión y el respeto al principio de legalidad en materia penal.

¿Se tendría que perseguir a los políticos por las declaraciones que han hecho en el ejercicio de su mandato? Es el título del informe que ha aprobado este lunes la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, y que recoge en las sus 28 páginas el caso de la persecución de los políticos de la minoría curda en Turquía y "el procesamiento de varios políticos catalanes finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos en apoyo a un referéndum inconstitucional sobre la independencia de Catalunya". El simple hecho de que el proceso catalán se enmarque dentro de este informe ya es una victoria para el relato del independentismo en el exterior, pero el texto todavía va más allá y pide indultar o liberar a los presos, retirar las euroórdenes, retirar las acusaciones por el 1-O a funcionarios de bajo rango y no exigir a los presos que se abstengan de sus convicciones políticas a cambio de regímenes penitenciarios más favorables.