La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía sin aclarar si puede incluir el terrorismo

BarcelonaAl PP no le habrá salido muy bien la jugada de acudir a la Comisión de Venecia en busca de argumentos para hacer fracasar la ley de amnistía. El órgano consultivo del Consejo de Europa ha concluido su informe avalando a grandes rasgos la ley que todavía se negocia en el Congreso de Diputados y recomendando en España precisamente adoptar "medidas judiciales restaurativas" para acabar con las causas abiertas durante el Proceso. Ahora bien, hace algunas recomendaciones: la primera es la de intentar establecer un diálogo fuera de la vía urgente que incluya a la mayoría que apoya al gobierno, pero también a la oposición. En el informe se hace referencia al rechazo frontal que ha suscitado esta ley entre los partidos que se oponen y también en el estamento judicial. Por eso lamenta que se eligiera la vía urgente para aprobarla en el Congreso de Diputados, pese a que exista un segundo procedimiento que será mucho más lento en el Senado. Además, recomienda que el debate acabe con una reforma constitucional para regular las amnistías en la carta magna. Los días 15 y 16 de marzo el informe, que todavía es un borrador, se debatirá en plenario y se podrían realizar modificaciones.

La segunda recomendación principal es la necesidad de concretar mejor los delitos que se incluyen y también su temporalidad (ahora mismo la amnistía abarca todas las cuestiones vinculadas al Proceso y también a aquellas personas relacionadas con los líderes independentistas entre el 1 de enero de 2012 y noviembre de 2023), ya que los expertos de la Comisión los consideran demasiado genéricos. En ese sentido, una de las respuestas más esperadas era la referida al terrorismo. El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, preguntó explícitamente a los observadores si la amnistía podía incluir ese delito cuando no había sentencia firme. Sin embargo, el informe esquiva la cuestión. Cuando la Comisión de Venecia empezó su encargo, el texto de la ley excluía de la amnistía al delito de terrorismo "con sentencia firme". "La amnistía normalmente se aplica también a los procedimientos pendientes, por lo que el criterio de la etapa del procedimiento [la sentencia firme] debería ser irrelevante", concluyen los observadores, que se limitan a describir la norma general. No dicen, por tanto, ni sí ni no y sólo describen a los países que sí excluyen constitucionalmente el terrorismo de las amnistías. Son Armenia, Brasil y Kirguizstán.

También dedican un capítulo a hablar de los países que prevén la amnistía en sus constituciones sin excluir explícitamente su terrorismo. En Bélgica, por ejemplo, recuerdan que las amnistías han ido vinculadas históricamente a revoluciones, guerras y huelgas. Hay por lo menos una docena de citas que incluyen estados como Croacia, Dinamarca, Alemania, Finlandia y Estonia. Las constituciones de Grecia y Costa Rica sólo contemplan la amnistía para "crímenes políticos" y existen otras, como la de Bulgaria, que excluyen los "crímenes contra la paz y la humanidad".

En la ley que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso, ya no existe la referencia a la "sentencia firme" en el capítulo de exclusiones por terrorismo, sino que el PSOE, Junts y ERC cambiaron el artículo (antes del fracaso de la votación del 30 de enero en el Congreso) para que excluya el delito de terrorismo "cuando de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos". "En particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos", un redactado que no convence a Junts, que exige que el texto definitivo no incluya ninguna mención al terrorismo.

Reacciones políticas

Las primeras reacciones no fueron las del PP, que encargó el informe –los expertos visitaron el Congreso y el Senado a principios de febrero–, sino las del PSOE. El gobierno español ve avaladas sus tesis sobre la amnistía y no ha tardado en celebrarlo: "Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia. La amnistía es una herramienta para la reconciliación y además cumple con los estándares internacionales ", pió el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tampoco ha tardado mucho en reaccionar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con un mensaje destinado a quienes combaten la amnistía pero también a Junts y que destaca que la ley es "robusta". Los junteros han preferido no posicionarse.

En cuanto al PP, ha realizado una interpretación completamente opuesta. Fuentes del partido recuerdan que el documento hecho público es solo un borrador y aseguran que no avala la ley de amnistía, entre otros motivos porque afirman que la Comisión de Venecia exige antes una reforma de la Constitución. El informe, que sí recomienda incorporar la amnistía a la carta magna, no define si debería hacerse antes o después de aprobar la ley en el Congreso. "En Europa hay leyes de amnistía, pero en caso de que las hubiera en España, ésta incumple los estándares de la Comisión de Venecia", apuntan. "Están desesperados", criticó la secretaria general, Cuca Gamarra, acusando a la Moncloa de filtrar el informe de los expertos y de "tergiversarle".

Separación de poderes

A lo largo del documento de los expertos se analizan las condiciones que debe tener una ley de amnistía para cumplir precisamente esos estándares que reclama el PP. Lo primero es que deben ser constitucionales (remarca que España ha hecho amnistías en el pasado y que los únicos que están constitucionalmente prohibidos son los indultos generales); deben respetar los derechos humanos y las leyes internacionales (explica que la ley española excluye la violencia con resultado de muerte y las torturas); deben ser claras (pide concretar los delitos y las fechas); deben estar basadas en una discusión pública, con un calendario apropiado y participación (considera que esta fase no se ha dado); debe respetar la equidad ante la ley (por eso recomienda eliminar las exclusiones sólo por "sentencia firme"), y debe garantizar la independencia de los jueces y la separación de poderes.

En este último punto, los expertos concluyen que, dado que el Parlamento español ha otorgado a los jueces la aplicación última de la amnistía, este hecho "está de acuerdo con el principio de separación de poderes".