Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Oleguer Serra, Josep Campmajó y Jesús Rodríguez volvían el viernes del exilio después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo archivaran la causa de Tsunami Democrático. Desde entonces, los actos de bienvenida se han sucedido a lo largo de todo el fin de semana, especialmente para la secretaria general de ERC, que volvía del exilio más largo: llevaba seis años viviendo en Ginebra. Este martes ha sido el propio Govern quien les ha querido hacer una recepción institucional en el Palau de la Generalitat encabezada por el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y la vicepresidenta Laura Vilagrà. En la galería gótica, se han fotografiado junto a Rovira, Wagensberg y Serra, pero no han asistido a la recepción ni al periodista de La Directa Jesús Rodríguez ni el empresario Josep Campmajó.

A las siete de la mañana, Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez y Josep Campmajó se reunían en Salses, en la Catalunya Nord, después de horas de carretera para continuar conjuntamente el último tramo antes de cruzar la frontera. Ya habían hecho noche en la Catalunya Nord y, pocos minutos después de las ocho de la mañana, los cinco la atravesaban sin ser detenidos en la frontera española, y ponían los pies en el Principado por primera vez después de emprender el camino del exilio suizo. En el pequeño municipio de Cantallops (Alt Empordà), han recibido la cálida bienvenida de unas trescientas personas que se han reunido en este pequeño pueblo ampurdanés. "Estamos muy felices de poder volver a estar en casa", decía la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que se ha abrazado, entre lágrimas, con las amigas que constituyeron el grupo de apoyo de Free Rovira y, después, junto a Oriol Junqueras, con quien ahora mantiene una pugna abierta dentro de ERC. "Hemos ganado, lo de hoy es una victoria y tenemos que celebrarlo", ha añadido Rovira.

Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Oleguer Serra, Josep Campmajó y Jesús Rodríguez volverán a poner los pies en Catalunya este mismo viernes. Lo harán conjuntamente después de un viaje por carretera y que tendrá como primera parada el municipio de Cantallops (Alt Empordà) -el pueblo de Ruben Wagensberg-, donde celebrarán un acto conjunto. El sobreseimiento de la causa de Tsunami Democrático tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo ha allanado el regreso de los cinco exiliados por este caso que se habían instalado en Suiza. La mayoría de ellos no llevaban ni un año en el país helvético, pero la secretaria general de ERC, Marta Rovira, llevaba seis viviendo en Ginebra. Al mediodía, Òmnium también ha organizado un acto de recibimiento a todos los exiliados en Barcelona.

La novedad es que, esta vez, es la justicia española misma la que reconoce, aunque sea implícitamente, la existencia del lawfare. La guerra sucia judicial es un abuso de poder antidemocrático, y sin embargo recurrente en la democracia española: recordemos las torturas y juicios de parte en el País Vasco durante la guerra policial y judicial contra ETA, o las razias contra independentistas en la Cataluña olímpica, o la impunidad de los GAL, o el cierre del diario Egunkaria, o los jóvenes de Altsasu, o las falsas acusaciones contra dirigentes de Podemos y otras organizaciones de la izquierda española, o la impunidad de la que han disfrutado, a menudo, los grupos violentos de extrema derecha, o, por supuesto, la larga y delirante persecución judicial contra los independentistas catalanes del Proceso.

La solidaridad que ha mostrado el independentismo con Pedro Sánchez –que debe anunciar este lunes si dimite o no– siempre ha ido acompañada de un reproche: los socialistas no han mostrado esta solidaridad ante la cárcel y el exilio posterior al 2017. De hecho, tanto Junts como ERC se han presentado este domingo como ejemplo de resistencia ante la judicialización del conflicto catalán. Los junteros, precisamente, han centralizado su campaña para el 12-M en el exilio, y, desde Argelès, Carles Puigdemont ha enviado un mensaje a Sánchez: "Nosotros no vamos al rincón de pensar cuando nos atacan. Nosotros decimos «¿Y qué ocurre?»". También lo han hecho in situ los republicanos. A Ginebra se han desplazado Pere Aragonès, Oriol Junqueras y buena parte de los diputados del grupo para realizar un acto junto a la secretaria general, Marta Rovira, y el diputado y número nueve de la lista, Ruben Wagensberg. "Retroceder es dar la razón a la extrema derecha y nunca lo haremos", ha afirmado el presidente de la Generalitat.

La juez que investiga al Tsunami Democrático en el Tribunal Supremo cita a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg a declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio. Además dicta dos órdenes de investigación europea y comisiones rogatorias internacionales para hacerles llegar la citación. La magistrada Susana Polo ha dictado un auto este lunes en el que propone una comparecencia voluntaria de los dos investigados que tienen condición de aforados -Puigdemont ante el Parlamento Europeo y Wagensberg ante el Parlament de Catalunya-, una vez se haya podido localizar el suyo domicilio. El diputado de ERC se encuentra en Suiza y el candidato de Junts del 12 de mayo anunció que se trasladaría a la Cataluña del Norte.

Aún sin acuerdo por la amnistía, Junts y el PSOE abren los últimos días de negociación con una amenaza judicial que ahora ya va tomando forma: en pocos días podrían haber nuevos presos políticos o exiliados. Las instrucciones por terrorismo, ahora divididas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, representan un ataque a la línea de flotación de la ley y dificultan la posición de Junts, que ha proclamado que no aceptará una norma que deje fuera a parte de los represaliados .

Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg serán investigados por terrorismo en el Tribunal Supremo. En un auto dictado este jueves, la sala penal resuelve que debe citarse a declarar como investigados en la causa sobre el Tsunami Democrático en el alto tribunal, mientras que la Audiencia Nacional debe continuar su instrucción contra las otras diez personas señaladas por el juez Manuel García-Castellón. Los cinco miembros que han tomado la decisión son: Manuel Marchena, Julián Sanchez Melgar, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo y Eduardo de Porres, los cinco de órbita conservadora. Y marcan ya el camino a seguir a la encargada de instruir el caso, Susana Polo, magistrada considerada progresista que fue ponente de la sentencia de la Manada que sí consideró agresión sexual la violación grupal.

Manuel García-Castellón prepara el terreno por una eventual orden de detención contra Rubén Wagensberg. En un auto conocido este lunes, el juez instructor de la causa del Tsunami Democrático ordena a la unidad investigadora de la Guardia Civil que confirme si el diputado de ERC en el Parlament ya no vive en su domicilio habitual ni acude a su puesto de trabajo . El magistrado adopta esta decisión después de que la semana pasada se anunciara que Wagensberg se ha trasladado a Suiza ante la persecución por terrorismo. Él mismo explicó que hizo sus maletas durante las vacaciones de Navidad.

La sorpresa saltó el martes en el Congreso de los Diputados cuando Junts votó en contra de la ley de amnistía. ¿La razón? Los junteros consideran que no blinda tres casos clave: los dos que existen en la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democrático por las movilizaciones postsentencia y el que se instruye en Barcelona sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Una interpretación, en todo caso, que no comparten ni Esquerra ni el PSOE. Hay 26 personas imputadas en estas investigaciones judiciales que apuntan a los delitos de terrorismo y posiblemente de traición, difíciles de blindar en la ley. En total, el independentismo considera que entre 1.400 y 1.500 personas podrían verse beneficiadas por la amnistía, cifra que el PSOE reduce a unas 400.

Las formaciones independentistas de la mesa del Parlament acordaron en julio una vía para que la delegación de voto del diputado exiliado de Junts Lluís Puig fuera válida, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, y que esto no afectara a ningún funcionario: el voto no saldría en el panel electrónico de resultados, pero la presidenta, Laura Borràs, lo sumaría verbalmente al pleno. Una sucesión de los hechos que tenía que quedar plasmada en el acta de la sesión plenaria. Casi un mes después, sin embargo, el plan ha quedado parado. En el acta falta la firma del secretario cuarto, el republicano Ruben Wagensberg –que se ha comprometido a hacerlo–, y la de la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés (ERC), puesto que Borràs no puede firmar documentos de ningún órgano colegiado –como el pleno, la mesa o la junta de portavoces– aunque sean anteriores a su suspensión. Si llegan estas firmas, según varias fuentes parlamentarias, solo puede haber un desenlace: el voto de Puig sería efectivo.

El Parlament se ha ido de vacaciones y ha dejado para septiembre un tema no menor: la delegación del voto del diputado exiliado de Junts Lluís Puig. Tal como ha avanzado la ACN y ha confirmado el ARA, la cámara todavía no ha validado el acta del pleno en el que Puig pudo delegar su voto pese a las advertencias del Tribunal Constitucional. Según fuentes parlamentarias, este acta primero tiene que ser firmada por un secretario de la mesa –que se van turnando dependiendo del pleno– y después lo avala la presidenta del Parlament. En el caso concreto del pleno del 6 y 7 de julio, es el secretario cuarto, el republicano Ruben Wagensberg, quien tiene que firmar el documento. De momento, no lo ha firmado, a pesar de que fuentes de la cámara aseguran que ya lo podría haber hecho porque ya tiene el acta en sus manos. De hecho, la presidenta suspensa de la cámara Laura Borràs, ha acusado directamente al secretario de "bloquear" el acta. En un tuit, Wagensberg ha respondido a estas informaciones asegurando que "se firmará, como todas".