El gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos han firmado este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y pederastia. Se trata del sistema para reconocer y reparar a las personas para las cuales ya no es posible la vía judicial y que estaba pendiente de detallar desde principios de enero, cuando se llegó a un pacto más genérico para ponerlo en marcha. Finalmente, en el texto no se ha incluido ninguna cifra orientativa de indemnización.

Empezamos la semana antes de la de Navidad atrapados al día de la marmota: Sánchez contra las cuerdas, el PP contra su impotencia y la política catalana subordinada a lo que ocurra en Madrid, con Isla, como si fuera una pieza más pequeña de un juego de muñecas rusas, presidiendo la Generalitat con su apoyo a distancia de Esquerra i Comuns, y con Junts viviendo en su propia impotencia.

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha vuelto a la carga contra el gobierno español. Alineándose de nuevo con la derecha, el jefe de los obispos españoles ha reclamado una "cuestión de confianza, una moción de censura o ir a elecciones" ante la falta de apoyos del presidente español, Pedro Sánchez. "La situación está más bloqueada que en julio, con una legislatura sin presupuesto", dice en una entrevista en La Vanguardia. "Así que reitero lo que dije en julio: cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución", insiste el presidente de la Conferencia Episcopal.

Fiel a su secular habilidad de no desperdiciar ninguna ocasión para desentonar, la Conferencia Episcopal Española ha encontrado que las leyes de memoria histórica no profundizan en la reconciliación. Cuando has tenido 50 años por pedir perdón por haber sido el brazo espiritual de la dictadura franquista y no has pasado de una petición de perdón por "actuaciones concretas" en el 2007, no estás muy bien colocado para hablar de reconciliación. En las monedas que llevábamos en los bolsillos en 1975 lo decía bien claro:"Caudillo de España por la gracia de Dios". ¿O es que los obispos de ahora todavía viven en la lógica de que los numerosos asesinatos de religiosos en la zona republicana durante la Guerra Civil justificaron la bendición del bando ganador con el título de Cruzada?

Los tiempos no permiten menospreciar que dos actores de la vida pública defiendan el diálogo y critiquen la polarización, que es lo que concluyeron ayer el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, y el presidente Salvador Illa en un acto en Madrid. Pero Argüello se lució: "Me hago una fotografía con Isla donde hace unos meses me la hice con [Santiago] Abascal y no me avergüenzo de ninguna de las dos". Hombre, muy amable.

En la visita que realizó el pasado año a Madrid para celebrar la Diada, Salvador Illa envió un mensaje claro. Con él como presidente de la Generalitat, Catalunya no renunciará a ocupar ningún espacio ni a establecer ninguna relación con instituciones del Estado, tal y como había hecho el independentismo. Lo demostró entonces con un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, tras nueve años de plantadas del Gobierno, y ha vuelto a hacerlo este año acercándose a la Conferencia Episcopal Española, presidida por el conservador Luis Argüello, conocido por ser muy crítico con Pedro Sánchez. El dirigente socialista catalán ha conversado durante una hora con Argüello invitado por la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia Comillas, en un acto público que sus organizadores han reivindicado como "una puerta a la esperanza de que se puede ir avanzando en la concordia, la responsabilidad cívica y la fe en un escenario de polarización política".

La presión contra Sánchez para que ponga punto y final a la legislatura continúa. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se añade a la derecha y lleva ya días pidiendo un adelanto electoral para que "hablen a los ciudadanos" ante los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE. Un posicionamiento que ha recogido esta mañana el secretario general de la institución religiosa, Francisco César García Magán, quien ha asegurado que unas elecciones serían "una salida al bloqueo institucional". El arzobispado de Tarragona y el obispado de Lleida se distancian de este pronunciamiento, y el gobierno español ya ha contestado el mensaje, acusando a la Iglesia de "apartarse de la neutralidad política" en una carta firmada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y dirigida al propio presidente de la Conferencia Episcopal.

Cumpliendo la ley de Murphy con escrupulosa exactitud, el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, ha hecho realidad el principio de que todo es susceptible de empeorar. Tras la canción pederasta del alcalde de Vita, el arzobispo de Valladolid ha recordado que "hay que situar las cosas en su contexto y no crecer en lo que podría ser una sociedad demasiado puritana".

Vita es un pueblecito de la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Los votos de sus 79 habitantes se reparten mucho mayoritariamente entre PP y Vox, con algunos votos minoritarios, o residuales, para el PSOE o para el partido local Por Ávila. El alcalde de Vita, Antonio Martín Hernández, ha saltado bruscamente a la fama en el ruedo ibérico porque hace unos días, durante las fiestas del pueblo, cantó una cancioncilla repugnante que describe en tono de burla el secuestro y violación de una menor por parte de un hombre adulto, imitando una salmodia religiosa.

La Iglesia española ha aprobado este martes un plan integral, que incluye indemnizaciones económicas, para reparar a las víctimas de violencia sexual. Un plan que se aplicará cuando la vía judicial esté ya cerrada porque el delito ya ha prescrito o porque el agresor ha muerto. La encargada de evaluar cada denuncia será una comisión asesora formada por 10 integrantes que analizará los daños causados ​​a la víctima para encontrar la mejor forma de repararlos. A esta comisión, de la que todavía no se han hecho públicos los nombres, podría sumarse un representante de las víctimas o de las asociaciones que las acompañan. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha dejado caer que seguramente todos los miembros que la integren, en su mayoría juristas y expertos médico-forenses, estarán vinculados de algún modo a la Iglesia española.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Con 70 años, el sustituto de Joan Josep Omella ha sido elegido por mayoría absoluta (48 votos de 78) en una votación que sitúa en los próximos cuatro años a un perfil claramente conservador al frente de la institución. Crítico con el hecho de que se ponga el foco de la pederastia en la Iglesia –ha llegado a matizar su alcance– y con polémicas opiniones contrarias al aborto, la eutanasia, la ley trans o la Agenda 2030, en su primera intervención tras ser escogido abogó por una actitud "leal, respetuosa y crítica" con el gobierno español.

Ahora que se avecina Navidad es un buen momento para hablar de los representantes de la Iglesia católica. Especialmente del papa de Roma, aunque no hace demasiada fiesta. El Papa, en un gesto excepcional, ha llamado a ochenta obispos de la Conferencia Episcopal Española para una reunión en el Vaticano. El Vaticano, como tantas empresas, no evita desplazamientos ni en plena crisis climática. Y eso que en su caso tienen otras formas de comunicarse. Al menos, la terrenal y la celestial. El Papa revolucionario se ha excusado diciendo que se podría haber desplazado él, pero entonces habría sido una visita de estado y la cosa se complicaba. Si eres Papa, eres la cabeza de demasiadas cosas, encuentro. Los representantes de la Conferencia Episcopal, algo menos revolucionarios que el Papa, esperaban que en la reunión se tocara el tema de la pederastia dentro de la Iglesia pero pudieron salir aliviados. Había un tema mucho más preocupante: la carencia de vocaciones. Así pues, después de que el Defensor del Pueblo elaborara un informe donde se hablaba de 440.000 víctimas de abusos por parte de la Iglesia, que las víctimas no se sintieran especialmente defendidas tras conocer el informe, y que el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Joan Josep Omella, negara la cifra, el Papa ha dejado pasar el tema porque a la empresa les cuesta encontrar a empleados jóvenes y eso es mucho más urgente. Con los años que llevan de abusos y encubrimientos, entiendo que no les viene de ahí abordarlo con rapidez.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha afirmado este viernes que la Iglesia contribuirá al fondo de indemnización a las víctimas de abusos anunciado por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura y después de que lo pidiera el Defensor del Pueblo. La Iglesia, pues, cambia la postura que ha tenido en los últimos años y se abre ahora a participar en un plan para compensar a los afectados, analizando caso por caso y siempre que haya una "conclusión moral". "Si se llega a esa conclusión moral, habrá esa reparación moral", ha dicho García en rueda de prensa desde Madrid.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado esta semana una asamblea plenaria en la que ha aprobado por unanimidad la realización de una auditoría sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia por parte del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, un encargo que la comisión ejecutiva de la CEE ya había pedido en febrero y en el que lleva casi dos meses trabajando. "Los obispos han apoyado por unanimidad la firma con el despacho Cremades para hacer una auditoría independiente", ha explicado el obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la CEE, Luis Argüello, que ha recordado que la petición a este bufete –con vinculaciones explícitas con el Opus Dei– tiene que ser un complemento y una mejora al trabajo hecho por todas las oficinas que abordan los casos de abusos sexuales denunciados dentro de la Iglesia, y que incluye las 70 diócesis y las 150 oficinas abiertas por congregaciones religiosas. La investigación de Cremades avanza en paralelo a la que impulsará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y la que aprobó el Parlament de Catalunya esta semana, que a pesar de hacer mención explícita a los casos eclesiásticos, abordará también los que se han producido en otros ámbitos. Argüello ha remarcado que la Iglesia no formará parte de estas investigaciones, pero que colaborará, y ha dejado claro que tantas investigaciones pueden ser una "exageración", porque pueden perjudicar a las víctimas. "No sé si estamos exagerando la cuestión", ha manifestado el portavoz de la CEE, que ha hecho un llamamiento a la "prudencia".

La Iglesia católica hará una "auditoría independiente" para analizar las denuncias sobre abusos sexuales. Así lo ha anunciado en un comunicado la Conferencia Episcopal Española, que ha hecho el encargo al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. El objetivo de este movimiento es abrir una "vía independiente" a través de este despacho para recibir denuncias y revisar los procedimientos jurídicos "encaminados a sancionar prácticas delictivas". Además, según el comunicado de la Conferencia Episcopal, se ofrece la colaboración a las autoridades para ayudar a aclarar los hechos denunciados y establecer un sistema de prevención "que satisfaga las demandas sociales al respecto".

El monasterio de les Saleses, en Manresa; dos escuelas en Canet, gestionadas por la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata; decenas de casas, pisos, solares, terrenos, locales comerciales e incluso un huerto. Son solo algunos de los ejemplos de los 118 bienes que la Iglesia ha admitido que se apropió indebidamente en Catalunya entre los años 1998 y 2015 y que ahora se empezarán a devolver a sus propietarios. El gobierno español ha hecho público este jueves el listado de propiedades que la Conferencia Episcopal Española (CEE) les hizo llegar admitiendo el error en la inmatriculación, es decir, admitiendo que en realidad no eran suyas.

La Iglesia española ha animado este domingo a las víctimas de casos de pederastia en colegios o entidades religiosas a ir a los tribunales, especialmente a los eclesiásticos, porque son más "duros", para "llegar hasta el final".