La Iglesia española se da un año para investigar la pederastia y pide "ayuda y comprensión"

El informe que hará el despacho Cremades & Calvo-Sotelo también incluirá las órdenes religiosas

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El cardenal Joan Josep Omella junto a Javier Cremades

BarcelonaLa Iglesia católica española se ha puesto en manos de un despacho de abogados de Madrid para hacer una auditoría de los abusos a menores cometidos en el ámbito eclesiástico. Una auditoría que tiene que ser "un complemento" de las investigaciones que promuevan las autoridades políticas, según ha anunciado el presidente del bufete que la llevará a cabo durante los próximos 12 meses, Javier Cremades: "No venimos a suplir, sino a complementar". Cremades, que ha presentado la iniciativa junto al cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Joan Josep Omella, ha querido poner las cartas sobre la mesa desde un comienzo, explicitando sus creencias personales, pero asegurando que esto no interferirá en la auditoría ni habrá "manipulación". "Soy católico, miembro del Opus Dei –ha reconocido– y por eso estoy convencido de que la Iglesia tiene que ir hasta el final. No hay conflicto".

La intención del despacho Cremades & Calvo-Sotelo es ponerse en contacto con todas las diócesis de España para acceder a los listados de víctimas de abusos ya identificadas e intentar hablar si así lo desean. También se encontrarán con todas las asociaciones de víctimas y las órdenes religiosas, que según Omella también están dispuestos a colaborar en esta auditoría. Además, piden la colaboración de todo el mundo que tenga información –también a los medios– y expresan la voluntad de poder complementarse con las comisiones que creen las instituciones para intercambiar información. Así, pretenden "establecer un puente que facilite el trabajo de las autoridades", ha detallado el cardenal. Una de estas comisiones sería la que lidere el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, con quien Cremades ya ha tenido una conversación.

Omella ha empezado su parlamento reiterando el "perdón" a las víctimas y a la sociedad "en nombre de la Iglesia" y pidiendo también su "ayuda y comprensión", y ha remarcado que esta comisión representa para la Conferencia Episcopal "un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades". "La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas y la sociedad", ha reiterado.

Plantear reparaciones económicas

La auditoría no seguirá ningún modelo específico de los que se han usado en otros países en procesos parecidos, pero la fórmula alemana es la que tendrá más peso. Así, Cremades colaborará con el despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW) –encargado de investigar los abusos sexuales cometidos en la diócesis de Múnich, el estudio concluyó que entre 1945 y 2019 hubo casi 500 víctimas y 235 presuntos agresores–. Además, del informe de WSW se desprendió que Benito XVI no actuó con firmeza y permitió el encubrimiento de diferentes casos de pederastia cuando era responsable de la diócesis bávara. Dos abogados alemanes viajarán cada mes a Madrid para aportar su experiencia y asesorar al bufete madrileño.

Durante la comparecencia en Madrid, Omella ha evitado explicar por qué se hace este paso ahora –cuando en España se están impulsando dos comisiones– y ha pedido que se mire adelante: "Lo hemos hecho mejor o peor, pero damos un paso nuevo. Hace tiempo que reflexionamos sobre este tema. Lo importante no es mirar al pasado, sino mirar al futuro". Así mismo, el cardenal ha detallado que informarán pronto a la Santa Sede sobre la realización de esta auditoría, pero que la Conferencia Episcopal no hace "pasos en falso" porque el diálogo con el Vaticano sobre el problema de los abusos es permanente y desde Roma les trasladaron que iban "por el buen camino". Omella tampoco se ha mojado sobre compensaciones económicas, puesto que son cuestiones que se abordarán más adelante, a pesar de que Cremades ha dejado claro que son una posibilidad que jurídicamente se analizará, porque si "hay un daño" se tiene que plantear una "reparación" económica.

Las asociaciones de víctimas de abusos a la Iglesia han recibido con recelo el impulso de esta auditoría. Así, según Manuel Barbero, de Mans Petites, el paso que ha hecho la Conferencia Episcopal "no ofrece confianza" y "se alejará y mucho de la realidad". Aún así, Barbero se reunirá la semana que viene con los encargados de hacer la auditoría.

El despacho de abogados tendrá 18 personas trabajando en esta auditoría, entre los cuales el exmagistrada del Supremo y vicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnació Roca. En Cremades & Calvo-Sotelo aseguran que no facturarán por el trabajo, sino que cobrarán únicamente los gastos derivados.

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