La Autoridad Fiscal (Airef) ha vuelto a cargar contra el hecho de que el gobierno español todavía no haya presentado un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026. "No presentar presupuestos no permite el debate, y el hecho de no debatir implica que no es posible el control [en el gobierno español]", ha criticado la presidenta del Airef, rodina de Herr. Herrero ha dicho que es "decisivo" poder realizar este ejercicio de control para ver si la actuación del ejecutivo se ajusta a lo prometido, sobre todo en términos fiscales.

Ni el gobierno del Estado ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona. Las tres administraciones públicas mayores que gobiernan los catalanes han comenzado en el 2025 sin presupuestos aprobados. Los difíciles equilibrios políticos que debe hacer el PSC —el partido que gobierna en minoría las tres instituciones— para placer a los socios necesarios han hecho que, aunque deberían haberse cerrado en otoño, las cuentas públicas sigan abiertas en los tres casos.

Tras el anuncio del presidente de Junts, Carles Puigdemont, que suspende las negociaciones sobre las cuentas del Estado con el PSOE, todo apunta a un año de estancamiento presupuestario en los distintos niveles de la administración: el Gobierno español, la Generalitat y también el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque las partes implicadas puedan tener sus motivos, de entrada no es una buena noticia para el ciudadano ni para el buen funcionamiento de las instituciones. Pero vayamos a palmos.

Pedro Sánchez acababa una semana por olvidar y empieza otra con un nuevo golpe. Ya no son sólo los presuntos casos de corrupción que afectan a su ejecutivo, la investigación judicial a su mujer y las dificultades para hacer que Junts sea un aliado estable para la legislatura, sino que ahora también está en duda Podemos. El voto de sus cuatro diputados en los presupuestos generales del Estado se ha encarecido tras una consulta a la militancia en la que el 89,8% (34.417 personas) han aceptado poner condiciones que, de entrada, el gobierno español rechaza frontalmente: una es romper las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, con un embargo de armas incluido, y la segunda es bajar por ley el precio del alquiler en un 40% y prohibir la compra de una vivienda si no es para residirla hi. La crisis abierta en Sumar por el caso Errejón es el broche de oro delicado para el ejecutivo de Sánchez.

La legislatura española comienza a andar y con ella lo hacen los deberes económicos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos les ha marcado el mismo ejecutivo, otros vienen impuestos por la coyuntura macro y también algunos son fruto de los pactos con los distintos partidos para investir a Sánchez. De entrada, el ejecutivo ha optado por el continuismo blindando los rostros de las cuatro principales carteras de esta área: Nadia Calviño (PSOE) en Economía; María Jesús Montero (PSOE) en Hacienda; Teresa Ribera (PSOE) en Energía y Yolanda Díaz (Sumar) en Trabajo.

El consejo de ministros de este martes ha aprobado un nuevo techo de gasto histórico, que apenas toca los 200.000 millones de euros y que ha sido tildado de "prudente" por la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, Montero ha informado que el techo de gasto de 2024 será de 199.120 millones de euros, es decir, un 0,5% superior en comparación con el techo de gasto del año 2023 (198.221 millones de euros), cuando ya fue de récord.

 Parte del gasto total consolidado que ha presupuestado el gobierno español para el próximo año se repartirá entre los diferentes ministerios e instituciones como la Casa Real. De hecho, es a través de los ministerios que el gobierno español vehicula gastos como el de hacer frente a la presidencia rotativa de la Unión Europea el próximo año. En este caso, se trata de 145 millones de euros que servirán para pagar las actividades que se desprenden de esa excepcionalidad y se vehicularán a través del ministerio de Exteriores y el ministerio de la Presidencia, principalmente. En cuanto al presupuesto de la Casa Real, tendrá una asignación de 8,4 millones de euros, la misma que en 2021 y 2020. Por tanto, queda congelado por tercer año consecutivo.

Al día siguiente de la aprobación en el consejo de ministros del proyecto de presupuestos, la estrella de la sesión de control en el Congreso no ha sido el presidente español, Pedro Sánchez, sino su número dos, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ya hace tiempo que se ha convertido en su mejor escudo para frenar los ataques de la derecha y, de vez en cuando, lanzar algún contraataque a la yugular. Esto es exactamente lo que ha pasado esta mañana en el intercambio entre el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y Calviño. Por más que lo intente, Espinosa de los Monteros no tiene la capacidad de Macarena Olona para exasperar a los contrincantes ni su mirada asesina que tanto gustaba a los suyos. Lee sin fuerza ni convicción un texto lleno de exageraciones y descalificaciones ("el socialismo es una máquina de crear pobres") que, como ha pasado hoy, se le pueden girar en contra. Esto es lo que ha pasado cuando Espinosa ha dicho: "Desde que ustedes llegaron al gobierno no conozco a ningún español que haya prosperado". Agarrándose a esta afirmación, Calviño ha recitado todas las medidas económicas del gobierno hasta poner de pie a la bancada socialista: "¿De verdad que no conoce a ningún joven que ahora tenga un contrato indefinido gracias a la reforma laboral? ¿Nadie que perciba el salario mínimo? ¿Ningún estudiante que tenga una beca? ¿Ningún trabajador que se haya beneficiado de un ERTE ? ¿Del transporte público gratuito? ¿De los avales del ICO? ¿Del ingreso mínimo vital? ¿Pero cómo puede ser que no conozca a ningún español real?"

Por tercer año consecutivo el gobierno español de coalición ha acordado unos nuevos presupuestos del Estado. El consejo de ministros de este martes ha aprobado las cuentas públicas para el 2023, que, probablemente, serán las últimas de la legislatura actual y contarán con un techo de gasto "histórico" de hasta 198.221 millones de euros. Un dinero que tiene que servir, también, para afrontar las consecuencias económicas de la actual crisis de precios y crisis energética. "Con estos presupuestos seguimos avanzando hacia un país mejor y más igualitario", ha dicho la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

El gobierno español presenta hoy su plan fiscal, en el que finalmente está previsto que toque los impuestos no solo para las rentas altas sino que también estudia que las rentas medias y bajas se vean igualmente afectadas. Unas medidas que vienen precedidas por unas semanas en las que varias comunidades autónomas han ido anunciando sus planes, y la última en hacerlo ha sido Extremadura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que la semana que viene propondrá al PP la bajada más importante de la historia de las tasas y precios públicos "para aligerar la carga de las familias" en la comunidad.

Los de 2023 –si salen adelante– pueden ser los últimos presupuestos generales del Estado aprobados sin reglas fiscales europeas (y también españolas). "Pueden", porque de hecho estas normas ya tenían que volver el año que viene, o esta era la intención inicial de la Comisión Europea. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha obligado a Bruselas a cambiar sus planes y a prorrogar, de nuevo, la suspensión temporal de las reglas fiscales, aprobada excepcionalmente con la pandemia del covid-19. Ahora, el año marcado en rojo en el calendario es el 2024. Pero la incógnita es si el pacto fiscal volverá tal como se conocía o si la Comisión Europea decidirá tocar unas reglas del juego que, a ojos de algunos países, no pueden ser ni homogéneas ni tan estrictas como hasta ahora.

El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a un nuevo techo de gasto de hasta 198.221 millones para el 2023, así como a las tasas de referencia del déficit para cada una de las administraciones, incluidos los gobiernos autonómicos (0,3%), tal como anticipó el ARA este lunes. Este año, la cifra de gasto vuelve a ser de "récord" y supera la del año pasado. Se trata de un aumento de un 1,1% en comparación con el 2022 –el año pasado el techo de gasto ya fue de 196.142 millones–.

Unidas Podemos debate este viernes si presenta una enmienda a los presupuestos generales que prepara el gobierno español, del que forma parte. Su objetivo es armonizar el impuesto de patrimonio entre comunidades, lo que implica centralizarlo. El texto de la enmienda al que ha tenido acceso el ARA apuesta por crear una cuota estatal al impuesto sobre patrimonio –un tributo que no se paga en Madrid–, el rendimiento del cual pertenecería al Estado y no se podría ceder a las comunidades autónomas. A la práctica, esto implicaría que el Estado pudiera ejercer una presión sobre las comunidades autónomas para evitar el dumping fiscal.

Que ERC no haya presentado ninguna enmienda a la totalidad en los presupuestos estatales permitirá que se puedan tramitar, y es un primer paso para el entendimiento con el PSOE en una cuestión clave: conseguir blindar una cuota de presencia del catalán en las plataformas digitales de contenidos audiovisuales. Republicanos y socialistas han acordado aprobar conjuntamente la nueva ley del audiovisual y proteger las lenguas cooficiales, a pesar de que por ahora no se ha concretado ningún porcentaje.

Esquerra no presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, después de conseguir blindar el catalán con cuotas en la nueva ley del audiovisual. Así lo ha comunicado el partido este mediodía, al límite de que cerrara el plazo para registrar el escrito que pidiera la devolución de las cuentas al gobierno español. Sobre la bocina, los republicanos han logrado un pacto con el PSOE para proteger las lenguas cooficiales en la norma que el ejecutivo quiere impulsar y que se había convertido en el principal obstáculo.

Primer paso para los presupuestos generales del Estado para 2022. El consejo de ministros extraordinario de este jueves ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año que viene después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan llegado finalmente a un acuerdo trabajado de lo lindo estas últimas semanas. En conferencia de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anticipado este jueves que volverán a ser unos presupuestos "expansivos" (el techo de gasto será ligeramente superior al del año pasado, en concreto de 169.142 millones de euros) para encarar del todo "la recuperación económica justa" después de la crisis del covid. Pero ahora les queda la parte más complicada: encontrar a los socios parlamentarios para aprobarlos en el Congreso de Diputados, donde la ministra de Hacienda tiene intención de llevarlos la semana que viene para explicar la letra pequeña. "Espero que sean razonables", ha dicho Maria Jesús Montero sobre las enmiendas que a partir de ahora podrán presentar los partidos de la oposición. La ministra ha anticipado conversaciones "discretas" y sitúa como socios prioritarios al PNV y a ERC. Desde el ministerio de Hacienda explican que las demandas principales de los partidos se centran en las inversiones para los territorios y en proyectos estratégicos que tanto el gobierno catalán como el vasco quieren financiar a través de los fondos europeos.

"El techo de gasto anticipará los presupuestos más expansivos de la historia del país", defendía este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las palabras de la vicepresidenta segunda no solo son un déjà-vu del discurso que impera desde que empezó la pandemia, sino que anticipan otro techo de gasto récord que el consejo de ministros tiene previsto aprobar este martes. Este es un paso fundamental para elaborar los presupuestos generales del Estado para 2021, que los dos socios del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, empezarán a negociar esta semana. "Serán unas cuentas públicas para resolver los problemas que tiene la mayoría social del país", insistía Díaz.