La hipótesis de que la víctima del tiroteo en el número 200 de Consell de Cent, en Barcelona, está relacionada con el crimen organizado gana peso. Según ha podido saber el ARA, en el interior del piso donde residía desde hacía poco el hombre, se ha localizado un arma y dos pasaportes de nacionalidad croata. Por este motivo, y por la forma cómo se produjo el asesinato –a tiros, por la espalda y en el portal del inmueble donde vivía–, los Mossos d'Esquadra sospechan que el caso puede tratarse de una ejecución en el ámbito del crimen organizado.

Ofensiva policial contra el tráfico de marihuana. Los Mossos d'Esquadra han desplegado a las cinco de la mañana de este martes más de 400 agentes en dos dispositivos contra el crimen organizado establecido en Cataluña y vinculado al tráfico de drogas y armas. El doble operativo ha llegado a numerosos puntos del territorio catalán (una veintena de poblaciones distintas) y, según confirman fuentes del cuerpo consultadas por el ARA, se han practicado 29 detenciones. Asimismo, la Guardia Civil también ha puesto en marcha un operativo contra el narcotráfico en Barcelona y en Girona, con 19 registros y hasta 22 arrestos. En total, esta mañana se han efectuado hasta 51 detenciones entre ambos cuerpos policiales por tráfico de droga.

La compañía minera Poderosa confirmó este fin de semana que 13 de sus trabajadores, que habían sido secuestrados hacía una semana por bandas criminales, fueron asesinados. Este lunes, familiares de los 13 mineros fallecidos han podido finalmente identificar los cadáveres, mientras crecen las protestas contra el gobierno peruano por haber perdido el control de la zona de Pataz, en el noroeste del país, en manos del crimen organizado. La propia empresa Poderosa, para la que trabajaba la empresa R&R que había contratado a los hombres, confirmó que sus trabajadores secuestrados habían sido "cruelmente asesinados por los criminales aliados de la minería ilegal".

La compañía minera Poderosa confirmó este fin de semana que 13 de sus trabajadores, que habían sido secuestrados hacía una semana por bandas criminales, fueron asesinados. Este lunes, familiares de los 13 mineros fallecidos han podido finalmente identificar los cadáveres, mientras crecen las protestas contra el gobierno peruano por haber perdido el control de la zona de Pataz, en el noroeste del país, en manos del crimen organizado. La propia empresa Poderosa, para la que trabajaba la empresa R&R que había contratado a los hombres, confirmó que sus trabajadores secuestrados habían sido "cruelmente asesinados por los criminales aliados de la minería ilegal".

Un clima cálido con inviernos muy suaves, un siempre efervescente sector turístico en el que invertir, una numerosa población extranjera entre la que confundirse y una sociedad que abra los brazos y no pregunte demasiado si las personas que llegan tienen la cartera llena y ganas de gastar.

Las redes de narcotráfico han desatado una espiral de terror y violencia sin precedentes en Ecuador. El presidente del país, Daniel Noboa, ha declarado el estado de guerra ante los ataques realizados por los cárteles en varios lugares del país –que han dejado al menos once muertos– y ha ordenado el despliegue del ejército y la policía para acabar con los grupos del crimen organizado, a los que ha declarado terroristas. Diez hombres encapuchados irrumpieron en una televisión de Guayaquil y tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores a punta de pistola: mientras los periodistas les imploraban en directo que no les hicieran daño se oyeron algunos disparos, hasta que se cortó la señal. La policía, alertada vía SMS, ha detenido a 14 personas por el asalto a la televisión y las fuerzas especiales continúan desplegadas en el edificio. También se han asaltado varias comisarías y cuarteles de bomberos. No queda claro qué es lo que pretenden los grupos del crimen organizado.

Esta semana un chico de 15 años fue condenado por el asesinato del líder de una banda de narcotraficantes en un centro comercial de Malmö. Hace dos meses, la policía encontró el cadáver de un chico de 14 años en una zona boscosa en el sur de Estocolmo. Dos semanas más tarde, apareció fallecido otro joven de la misma edad también en un área forestal cerca de la capital sueca. La policía sigue investigando el caso, que vincula a la guerra de bandas y, de momento, ha detenido a un chico de 15 años acusado de estar involucrado en al menos uno de los asesinatos.

Esta es una historia de crímenes, drogas y secuestros, pero todo empieza en un partido de fútbol. El 28 de noviembre de 2021 el Espanyol recibía a la Real Sociedad. Las Brigadas Blanquiazules, su sector más radical, estaban haciendo la previa en el bar Los Cazadores. Entró un grupo numeroso de encapuchados y lo destrozaron todo. En abril del 2022, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres hombres por este asalto. Uno se llamaba Francisco, pero todo el mundo lo conoce como Paco el Gordo. La policía le requisó dos teléfonos, los vaciaron y se dieron cuenta de que eso iba mucho más allá: habían topado con los Casuals, un grupo criminal especialmente temido vinculado a los Boixos Nois, los ultras del Barça.

"Aquí veréis la diferencia entre el mundo miserable de los hurtos famélicos y la alta sociedad, donde los crímenes iban por otros caminos, se mataba mucho y se ganaban muchos millones", anuncia Andreu Martín, que con una larguísima y prolífica trayectoria como escritor de novela negra comisariará la exposición Crim i delicte, que se puede ver en el Museu d'Història de Catalunya hasta el 26 de febrero. La exposición retrata una época, la posguerra española, a través de la delincuencia, pero también muestra cómo actuaba una policía con pocos recursos: "Cuando les preguntabas si tenían ordenadores se reían, ni siquiera tenían coches", asegura Martín. "Era una policía que perseguía y castigaba, paranoica", añade el escritor.

Marcelo Pecci, conocido fiscal paraguayo especializado en el crimen organizado, disfrutaba del último día de la luna de miel con su mujer en una playa paradisíaca de Barú, en Colombia, cuando dos hombres se le acercaron en la playa y uno de ellos lo mató de dos tiros.

Los Mossos d'Esquadra localizaron el lunes a veinte de las aproximadamente cien víctimas que calculan que explotaba sexualmente la mafia nigeriana Supreme Eiye en Barcelona. Las identificaron y les tomaron declaración, y ahora tienen que elegir: hablar y denunciar a sus captores, o callar, arriesgarse a un proceso de expulsión y seguir prostituyéndose para pagar la deuda que les reclama la mafia por haberlas llevado al Estado. La elección parece fácil, pero no lo es, y muy pocas escogen hablar; esto las deja sin la posibilidad de pagar la deuda ni de garantizar la protección de sus familias en Nigeria.

Vivía en Barcelona sin ostentación, pero cuando salía de la ciudad se gastaba el dinero en yates, coches de alta gama y llevaba relojes de lujo. La Guardia Civil entró hace un mes a su casa y lo pilló en el comedor con cinco móviles y dos cuadernos de anotaciones mientras estaba coordinando operaciones en alta mar. Se le definió como uno de los narcotraficantes más buscados internacionalmente y, según la investigación, aprovechó su experiencia en el tráfico de hachís de Marruecos a España para montar también otra ruta africana de cocaína. Este es un ejemplo que en un mundo globalizado las organizaciones criminales no se quedan al margen y buscan la manera de extenderse a pesar de las adversidades. Con el covid han demostrado la capacidad de adaptarse a una pandemia, continuarse lucrando y mantener el afán de corromper las instituciones.

Hace tiempo que se repite que Catalunya se ha convertido en un país productor de marihuana y este es un fenómeno que sirve para explicar el impacto que puede tener el crimen organizado en un territorio. El cambio principal que ha supuesto el cultivo masivo de la marihuana es pasar de ser una vía de entrada de las drogas en Europa -sobre todo de la cocaína y el hachís- a una zona que algunos grupos ven como una oportunidad para producir el cannabis que después exportarán. Pero la amenaza no es solo la violencia que implica el cultivo de la marihuana entre las bandas que se dedican a ello -en Catalunya se han sumado 13 homicidios en los últimos cuatro años- con un aumento de la circulación de las armas de fuego, sino las “transformaciones sociales” que se derivan de esto.

Joan Queralt hace 33 años que investiga el crimen organizado; como periodista siempre se ha interesado por los poderes paralelos, a la sombra. En los años 70 vivió en América Latina y molestó bastante al régimen argentino del general Videla para tener que volver a Barcelona amenazado. Añorado, se fijó en Italia, y allí encontró el doble estado, las cloacas de los servicios secretos y el crimen. Investigando la logia P-2 topó con la mafia y desde entonces la combate explicándola, un acto “de militancia”, dice. El último libro que ha publicado es Mafias & economía & política. Ilegalidad económica y crimen organizado en la era de la globalización.

La Comisión Europea quiere perseguir con más contundencia los crímenes medioambientales. La propuesta de nueva directiva europea presentada este miércoles en Bruselas plantea la tipificación de nuevos crímenes como el comercio ilegal de madera, la exportación ilegal de residuos o la extracción ilegal de agua, por ejemplo, y establecer sanciones de manera coordinada que vayan desde multas hasta penas de prisión, pasando por la exclusión del acceso a financiación pública. En el marco del movimiento global creciente que reclama la tipificación del ecocidio en los códigos penales nacionales e incluso en el Tribunal Penal Internacional, la Unión Europea mueve pieza para intentar coordinar a nivel comunitario un endurecimiento de las sanciones y la persecución de estos tipos de delitos.

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas de la banda criminal latina Blood en varias localidades del País Vasco, Madrid y Barcelona. Entre los arrestados están los dirigentes a escala estatal de la banda, que estaban localizados en la capital catalana, según una nota del cuerpo militar recogida por la ACN. Los detenidos están siendo investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, asesinato en grado de tentativa, varios delitos contra las personas, contra la salud pública y por tenencia ilícita de armas prohibidas, entre otros. Once de los detenidos han ingresado en prisión. Además, otro integrante, que cumplía pena en la prisión de Soto del Real, está siendo investigado por delitos graves. La investigación empezó después de detectar el asentamiento de un bloque, término con que denominan a sus grupos territoriales, en Vitoria. La banda aspira a controlar determinados espacios geográficos estableciéndose en varias regiones del país mediante la formación de grupos y la realización de varias actividades delictivas en su zona de influencia.

Mark Rutte está acostumbrado a moverse en bicicleta o a pie, a pesar de que es la figura política más importante de los Países Bajos. Primer ministro desde 2010 –ahora, en funciones, a pesar de que acaba de lograr un pacto para reeditar la coalición que gobernó la anterior legislatura–, Rutte se ha popularizado por transmitir una imagen de político próximo. No le gusta tener que ir rodeado de escoltas ni con una caravana de coches siguiéndolo constantemente. A partir de ahora, sin embargo, no tendrá más remedio que aceptarlo. Las autoridades neerlandesas han reforzado su seguridad esta semana después de confirmar que es objetivo de un intento de ataque o secuestro por parte del crimen organizado.

El periodista holandés Peter R. de Vries se debate entre la vida y la muerte desde que el martes por la tarde recibiera cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, en una calle del centro de Ámsterdam. La policía mantiene detenidos a dos sospechosos (entre los cuales estaría el autor material del ataque), pero de momento no ha revelado su identidad. En cualquier caso, todas las miradas apuntan hacia la Mocro Maffia, un conjunto de organizaciones criminales que basan su negocio en el tráfico de drogas (especialmente la cocaína) y que en los últimos años habían estado en la diana de las investigaciones periodísticas de De Vries. Estas bandas, formadas principalmente por personas de origen marroquí, tienen su epicentro en el puerto de Rotterdam (a través del cual importan las sustancias que después distribuyen por Europa) y operan sobre todo en los Países Bajos y en Bélgica, pero sus tentáculos llegan hasta América Latina y también la Costa del Sol, una de las puertas de entrada tradicionales de droga en Europa.