Aunque la intensidad con la que se defienden depende de la posibilidad o no de aprobarlos, pocos políticos pueden cuestionar en público que sea mejor tener presupuestos que no tenerlos. Probablemente por este motivo el presidente Salvador Illa ha optado por echar por el derecho y hacer que ERC tenga que pronunciarse y, en todo caso, argumentar bien por qué está dispuesto a bloquearlos.

A raíz de la pandemia, la Generalitat ha aumentado la inversión en políticas sociales para hacer frente a la crisis social derivada de las medidas restrictivas, pero lo ha hecho 10 puntos por debajo de la media española. De hecho, Cataluña se mantiene en la cola de las comunidades en cuanto al incremento del gasto social entre 2019 y 2024, con un 14,9%, ligeramente por debajo de los gobiernos de Madrid y Murcia (15 y 16,4%). Son datos del último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes, que denuncia que el crecimiento presupuestario general en este quinquenio poscovido no se ha reflejado en los capítulos de sanidad, educación y servicios sociales. La recuperación en los presupuestos sociales en Catalunya supone un incremento de 383 euros per cápita, sólo superando por la mínima de un euro al Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso, mientras que la media española se sitúa en torno a los 660 euros.

El Govern busca alternativas privadas para financiarse y depender menos del fondo de liquidez autonómica (FLA) que ofrece el Estado, según ha explicado este viernes la consellera de Economía, Alícia Romero. El ejecutivo catalán espera poder emitir deuda a los mercados próximamente, así como refinanciar parte de su deuda directamente con bancos a fin de abaratar los intereses que paga actualmente.

El paso de Cospedal y Sánchez-Camacho por el Congreso fue tal y como avanzamos ayer aquí: ambas negaron la realidad y Camacho todavía tuvo la barra de presentarse como víctima.

Ni el gobierno del Estado ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona. Las tres administraciones públicas mayores que gobiernan los catalanes han comenzado en el 2025 sin presupuestos aprobados. Los difíciles equilibrios políticos que debe hacer el PSC —el partido que gobierna en minoría las tres instituciones— para placer a los socios necesarios han hecho que, aunque deberían haberse cerrado en otoño, las cuentas públicas sigan abiertas en los tres casos.

“Este año, justo después de las elecciones municipales, no te esperes mucho. Seguro que la fiesta mayor la sostienen las entidades y el resto pasa sin pena ni gloria”. Una idea que, con matices, puede seguramente sentirse estos días de verano, cuando las fiestas mayores proliferan en toda la geografía catalana. Quienes tienen más memoria quizá la contrasten con lo que recuerdan del pasado reciente. “Este año hay elecciones; seguro que nos espera una buena fiesta mayor”, exclamaría entonces la sabiduría popular.

Poco más de 8,4 millones de euros. Ésta es la partida que los presupuestos generales del Estado otorgaron a la casa real española para el 2023. En realidad, la monarquía cuesta mucho más a los españoles. Varios ministerios aportan cantidades millonarias y algunos, como Defensa e Interior, ocultan las cifras de forma sistemática. Por eso, a pesar de que Felipe VI simuló un acto de transparencia cuando subió al trono, hoy en día es imposible saber cuál es el coste de la monarquía para cada ciudadano: ni las peticiones de transparencia pública ni los propios políticos con preguntas parlamentarias logran alcanzar la cifra total.

Mucha crítica al materialismo, al consumismo, al mercado –aunque sea con razón–, pero entonces, cuando se piensa en remediar los principales problemas colectivos, no se nos ocurren más soluciones que incrementar el gasto público y hacer crecer los presupuestos de las administraciones. Naturalmente, sin pensar en la correspondiente carga impositiva. Es decir, la fácil solución siempre acaba pasando por su dimensión económica, material, mercantil. Un tipo de intervención, por otra parte, con resultados limitados, cuando no disimula el problema o, lo que es peor, lo agrava.

A raíz del acuerdo de investidura entre ERC y Junts, que incluye la condonación de una parte de la deuda autonómica y el traspaso de Cercanías, algunos medios de comunicación con sede en Madrid y políticos del PP han recuperado el discurso, que ya se hizo en parte la pasada legislatura, que Pedro Sánchez beneficia a Catalunya en detrimento, por ejemplo, de la capital española. Así lo ha dicho, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a acusar al gobierno español de "marginar" a Madrid, o al presidente valenciano, Carlos Mazón, quien ha declarado que "Sánchez ha pactado que los catalanes coman aparte". ¿Pero qué es lo que dicen los datos? Un análisis de las inversiones del Estado de los últimos cinco años con Sánchez en el ejecutivo no ofrece ninguna duda: Madrid ha salido mucho más beneficiada que Catalunya. En realidad, la política inversora de Sánchez no ha variado demasiado de la de sus antecesores, pese a los acuerdos presupuestarios con partidos como ERC y su compromiso de aumentar los recursos para Catalunya.

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado este martes la paz con el Gremi de Restauració. Después de años de enfrentamientos entre el anterior gobierno municipal (liderado por los comunes) y el sector, el cuarto teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha llegado a un acuerdo con el presidente y el director del gremio, Salva Vendrell y Roger Pallarols, para rebajar la propuesta de modificación de la tasa de las terrazas que se incluye en las ordenanzas fiscales de 2024. En concreto, Ayuntamiento y restauradores han acordado un nuevo sistema de cálculo que comporta que el consistorio renuncie a 1, 2 millones de euros de ingresos. Si en el documento presentado la semana pasada el gobierno del PSC preveía recaudar 5,8 millones de euros anuales con la nueva tasa, con el nuevo sistema acordado con el gremio ingresará 4,6.

El Estado ha subido hasta un nuevo récord –por segundo año consecutivo– su cifra de gasto público, que el 2023 rozará los 200.000 millones de euros. Esto permitirá que el gobierno catalán, así como el resto de comunidades, también tengan más margen para endeudarse, pasando de un objetivo de déficit del 0,1% al 0,3%, hecho que supondrá para la Generalitat alrededor de 500 millones más para los presupuestos. Solo así se explican medidas como las que ha hecho público últimamente Pedro Sánchez, que ha anunciado más becas para estudiantes y una rebaja del 30% de los billetes de Cercanías de septiembre a diciembre, uno apuesta que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha subido al 50% para las tarjetas y títulos de metro, bus y tren más habituales. La ATM está formada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB, administraciones que, por lo tanto, también incrementarán el gasto. Este rumbo compartido de políticas keynesianas, que también se están dando en otros países, empezando por Alemania (el primero en rebajar el transporte), pretende amortecer el incremento del coste de la vida: con una inflación disparada debido al aumento del precio de la energía, los gobiernos buscan impactos en los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo en los más desfavorecidos. Sin duda, el transporte público cumple esta función.

La Comisión Europea ha enviado este miércoles la carta que hace oficial el castigo contra las vulneraciones al estado de derecho en Hungría. Después de numerosas amenazas y pasos previos se ha activado oficialmente y por primera vez el mecanismo que permite congelar fondos europeos a los socios comunitarios que incumplen principios fundamentales del estado de derecho, como por ejemplo la independencia judicial, y ponen en riesgo la correcta gestión de los fondos europeos. Según fuentes europeas, se han detectado problemas reiterados en los procesos de contratación pública, falta de control y lucha contra la corrupción y falta de sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

ERC ha dicho que esta vez no, que no será el socio del gobierno de Colau y Collboni para aprobar unos nuevos presupuestos en Barcelona. Que no habrá una tercera foto con Ernest Maragall estrechando la mano de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, cuanto menos con la propuesta actual sobre la mesa. Los republicanos han avanzado que el miércoles, cuando está previsto que se discuta en comisión la aprobación inicial de las cuentas, votarán en contra. También JxCat, que hoy ha dado "la bienvenida" a ERC al no, ha dejado claro que se opondrá a la propuesta.

El gobierno de Colau confía en poder aprobar para 2022 los que serán sus terceros presupuestos por la vía negociada y vuelve a situar a ERC como socio preferente con el que empezar a negociar, después de haber pactado ya con los republicanos las dos últimas cuentas. La propuesta que pone encima de la mesa para abrir el baile es "extraordinaria" en palabras del gobierno municipal, puesto que supera en 152,9 millones el presupuesto récord del año pasado (+4,7%), que, por primera vez, sobrepasó la barrera de los 3.000 millones de euros. El proyecto que hoy ha presentado el gobierno se eleva hasta los 3.406 millones de euros y sustenta el incremento, sobre todo, confiando en los fondos Next Generation que se prevé que lleguen a la ciudad –se parte de una previsión de 153 millones– y en las aportaciones extraordinarias del Estado (82 millones más que el año pasado). Esta segunda parte está condicionada a la aprobación de los presupuestos estatales.

El covid lo trastocó todo en 2020 –y aún en 2021–, también las finanzas de ayuntamientos como el de Barcelona, abocados a modificaciones de urgencia para aumentar el gasto social y rehacer presupuestos con una previsión mucho más baja de ingresos por la parada total del confinamiento. Pero, pese al gran cambio de escenario, con el ministerio de Hacienda suspendiendo el techo de gasto y permitiendo a los consistorios gastarse los ahorros, el cierre de ejercicio en Barcelona fue bastante menos desgarrador de lo que se había anunciado. El Ayuntamiento acabó el curso con un déficit de 49,2 millones de euros, un cambio de tendencia remarcable respecto a los superávits de los últimos nueve años, pero lejos de los más de 150 millones de déficit que se habían llegado a prever: los ingresos cayeron menos de lo que se esperaba gracias, sobre todo, a la entrada de última hora de recursos provenientes de la Generalitat y del impuesto de plusvalías. La liquidación de cuentas evidencia ahora, sin embargo, que se gastó bastante menos dinero del previsto en materias consideradas estrella por el gobierno de Ada Colau, como la vivienda, en que se gastó el 37,6% de los 86,2 millones de euros previstos en el programa de vivienda del presupuesto municipal.