El gobierno español responde a la crisis de precios con un nuevo récord de gasto

MADRIDEl consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a un nuevo techo de gasto de hasta 198.221 millones para el 2023, así como a las tasas de referencia del déficit para cada una de las administraciones, incluidos los gobiernos autonómicos (0,3%), tal como anticipó el ARA este lunes. Este año, la cifra de gasto vuelve a ser de "récord" y supera la del año pasado. Se trata de un aumento de un 1,1% en comparación con el 2022 –el año pasado el techo de gasto ya fue de 196.142 millones–.

La aprobación del límite del gasto no financiero de las administraciones públicas es un paso fundamental para elaborar los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2023, que los dos socios del gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, empezarán a negociar pronto. De hecho, la cartera de Hacienda, bajo la batuta de María Jesús Montero, hace semanas que ha puesto en marcha la maquinaria. El pasado 13 de junio el Boletín Oficial del Estado publicaba la orden ministerial asegurando que Hacienda empezaba a trabajar en los PGE y pedía a los ministerios que enviaran sus peticiones de gasto.

Cuando la economía se estaba empezando a recuperar de la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el alza de los precios, en particular los energéticos, trastocaron la senda de crecimiento. La situación empeoró a finales de febrero, cuando el estallido de la guerra en Ucrania dio más alas a la inflación. El escenario actual ha obligado al gobierno español a desplegar, de nuevo, medidas extraordinarias de gasto para hacer frente a la situación actual. Es por eso que se ha vuelto a dibujar un límite del gasto de la administración pública "expansivo". El techo de gasto es la cantidad máxima que pueden gastar en un año el conjunto de administraciones públicas del Estado. Esto incluye al gobierno español y al resto de instituciones de ámbito estatal, pero también a las comunidades autónomas y a los entes locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y otros).

La expansión del techo de gasto responde, sobre todo, a la incorporación de una parte de los fondos europeos: en concreto, 25.156 millones de euros. De este dinero, 23.840 millones forman parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 1.316 millones de euros del fondo React EU. Sin estos fondos europeos, el límite del gasto no financiero sería de 173.065 millones de euros, un 1,9% más en comparación con el 2022.

Sin reglas fiscales

El techo de gasto se volverá a aprobar en un contexto de suspensión de los límites fiscales fruto de la prórroga de la cláusula de salvaguarda en Europa y de la suspensión del pacto de estabilidad europeo, situación motivada por la crisis del covid-19. Las reglas fiscales se tenían que reactivar en 2023, pero la guerra ha vuelto a hacer saltar por los aires los planes del ejecutivo comunitario. Por este motivo, ya hace un año que España suspendió sus normas fiscales y, por lo tanto, sus objetivos de déficit, deuda y gasto.

Ahora bien, la brújula del gobierno español ha sido la de la prudencia y por eso volverá a haber unas "tasas de referencia" del déficit y la deuda para las administraciones públicas de cara al 2023. "Si una cosa se ha demostrado es que el gobierno practica la responsabilidad presupuestaria que nos permita proteger a la mayoría social", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Para el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de referencia del déficit es del 3,9% del PIB para el 2023, es decir, más de un punto por debajo del 2022 (5%). Por administraciones, la tasa de referencia para la administración central será de un 3,2% del PIB, porque asume más costes derivados de la crisis de precios actual, mientras que las comunidades autónomas tendrán una tasa del 0,3% del PIB para el 2023, tal como avanzó el ARA. Finalmente, para los ayuntamientos se contempla un superávit del 0,1% del PIB. "Damos más margen de gasto a los ayuntamientos", ha sostenido Montero. En el caso de la Seguridad Social, la tasa de referencia se sitúa en el 0,5% del PIB.

En un principio, la tasa de referencia para las comunidades autónomas tenía que ser del 0,1% del PIB para este 2023, según se recogía en el plan de estabilidad enviado a Bruselas, pero la Generalitat y el gobierno español han negociado para flexibilizarla hasta el 0,3% del PIB. "El gobierno [español] asume más gasto", ha dicho Montero.

La ministra de Hacienda se reunirá mañana miércoles con los consejeros de Economía autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar de estas tasas de referencia para las comunidades, es decir, lo que podrán gastar de más respecto a sus ingresos.