Rebajas en el transporte público: la T-Usual y la T-Jove valdrán la mitad y la T-Casual un 30% menos

BarcelonaRebaja drástica de los billetes integrados que se notará –en positivo –en el bolsillo de los ciudadanos, pero también –y claramente en negativo– en las arcas del sistema de transporte público. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado esta tarde rebajar a la mitad el precio de la mayoría de los billetes de transporte durante el último cuatrimestre del año, es decir, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Así, la T-Usual y la T-Jove se abaratarán un 50% y la T-Casual, la antigua T-10, costará un 30% menos. También valdrán la mitad los títulos para familias monoparentales o numerosas, los billetes que ya tenían un descuento para personas en el paro o los packs Berguedà y Ripollès.

Traducido a los bolsillos de los usuarios, esto significa que la T-Usual de una zona pasará de los 40 a los 20 euros, la de dos zonas no llegará a los 27 euros, y la de seis zonas costará menos de 57 euros (véase gráfico). La T-Jove de una y dos zonas, las más utilizadas por los estudiantes, quedan por 40 y 52,60 euros respectivamente, y la T-Casual, el título de 10 viajes, costará menos de 8 euros para una zona y menos de 16 si se viaja en dos zonas.

Sin embargo, estas rebajas repentinas a mitad del año no han sido una idea de la ATM (el organismo formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB). Los descuentos llegan después de que el mes pasado el gobierno español sacara adelante un nuevo real decreto con medidas para hacer frente a la crisis energética en el que también dedica un capítulo al transporte. El texto invitaba a las comunidades autónomas a hacer la rebaja durante cuatro meses (de septiembre a diciembre) para ayudar a los consumidores: el Estado se compromete a pagar hasta el 30% de estas bonificaciones y las comunidades y ayuntamientos que quieran pueden ampliar la bonificación hasta el 50% –es decir hasta mitad de precio– con recursos propios.

"Era una propuesta del todo o nada, porque si no aplicas el 30% a todos los títulos no tienes derecho a la aportación estatal", ha detallado el director de la ATM, Pere Torres. Así, las administraciones catalanas consorciadas a la ATM han decidido aplicar la rebaja del 30% a todos los títulos y también ampliarla hasta el 50% en todos los casos menos en la T-Casual, que se queda con una rebaja del 30%. El motivo de esta diferencia es que la ATM considera que hay que promocionar más "el uso de los abonos que fomentan la recurrencia en el transporte público" y la T-Casual está pensada para pasajeros esporádicos. Quedan fuera de cualquier rebaja –y, por lo tanto, el precio se mantendrá igual– los billetes pensados para turistas o de uso muy poco frecuente: la T-Familiar, la T-Grup o la T-Dia. Tampoco habrá descuentos en los títulos propios (excepto los de Renfe, porque el gobierno español ya decidió hacerlos gratuitos). En el caso del área metropolitana, el AMB también ha acordado recortar a la mitad el precio de la tarjeta rosa T-4, para los pensionistas, que pasará de 4 a 2 euros.

Como la rebaja es efímera –dura solo cuatro meses según el real decreto– los nuevos títulos (que se podrán adquirir directamente en las máquinas a partir del 1 de septiembre) caducarán el 15 de enero. "Damos solo 15 días de margen para acabar de gastar el billete, porque alargarlo más supondría un coste adicional para la ATM", ha argumentado Torres, que asegura que la rebaja llega en un momento muy delicado para el sistema de transporte público. Aun así, si algún usuario ha comprado títulos con antelación, sin descuento, y los tiene sin usar podrá guardarlos e intercambiarlos en enero, para usarlos durante el 2023.

El impacto económico de la medida, "una incógnita considerable"

La ATM se ha avenido a la rebaja con algunos recelos, y ya avanza que tienen algunas incertidumbres sobre cómo se pagará este alud de bonificaciones. De entrada, durante estos cuatro meses de rebajas los operadores tendrán que contar cuántos títulos han vendido exactamente (y con qué descuentos) y la ATM les abonará la diferencia cuando hayan recibido la aportación estatal. "No estamos ahora en condiciones para ir avanzando dinero", ha sentenciado Torres. Así, hasta que reciban la diferencia de la administración, las operadoras de transporte ingresarán menos dinero en efectivo.

El consejo de la ATM también ha aprobado crear un mecanismo que detalle exactamente todo el dinero que se pierde con estos descuentos "para comprobar, después, si la aportación del Estado es suficiente o no". Las primeras estimaciones prevén que la rebaja del 30% (la que tiene que cubrir el Estado) supondrá una pérdida de unos 40 millones que tendrían que quedar compensados. "El ministerio hará sus cálculos y asignará el dinero y veremos cuánto nos toca –duda Torres–. Si nos llega menos dinero del previsto, según el decreto la diferencia la asume nuestro sistema de transporte", avanza.

Además, el 20% adicional hasta llegar al 50% de rebaja al cual se han comprometido las administraciones catalanas tendrá un coste de 28 millones en recursos propios. Ya son, en total, 68 millones de impacto, además de los sobrecostes que está suponiendo el encarecimiento de los carburantes para el sistema.

Pero todavía hay una tercera derivada que despierta muchas dudas a la administración catalana: el impacto que tendrá la gratuidad anunciada para los billetes de Renfe. "Claramente, si hay un operador que es gratis, habrá muchos pasajeros que pasarán a utilizarlo", explica Torres, que añade: "Si hay muchos pasajeros que pasan de los títulos integrados a los títulos gratuitos de Renfe, el sistema dejará de ingresar una cantidad de dinero muy importante, que estimamos que puede ser de unos 45 o 50 millones de euros, que no está previsto que nos compense nadie y esto nos puede poner en una situación económica muy difícil", apunta el director de la Autoritat del Transport Metropolità, que asegura que ya han pedido al Estado que esta iniciativa también incluya compensaciones, pero todavía no han recibido respuesta. "Intentaremos mantener la calidad del servicio, ahora bien, si hay colapsos en Renfe, poco podremos hacer", avanza.

Con todo ello, Torres plantea que si el Estado quiere hacer bonificaciones del 100%, las aportaciones al sistema de transporte también se tendrían que doblar (y pasar de los 900 millones actuales a 1.800) y apunta que el sistema del transporte público ya está soportando una gran carga extra por el incremento de los precios de los carburantes que, de momento, no se han repercutido sobre los precios. "Si lo hiciéramos, los precios subirían un 20%", advierte. "Todo ello nos deja un panorama económico desafiante, por decirlo de una forma positiva", concluye el director.