Los economistas firmantes, en representación del colectivo Economistas por el Bienestar, hemos estado siempre dispuestos a todo lo que condiciona el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Entre los principales ejes de nuestras acciones siempre ha figurado la financiación autonómica como uno de los pilares sustentadores de las políticas públicas que mayor incidencia tienen en este bienestar. Como colectivo hemos promovido varios pronunciamientos que han tenido un amplio eco público (2021, Cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cataluña; 2023, Cómo gestionar los recursos propios para mejorar el bienestar y la competitividad de Cataluña, con siete entidades empresariales, y 2024, Es necesario gestionar los recursos propios para mejorar el bienestar y la competitividad de Cataluña, con catorce colegios profesionales).

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este lunes en Barcelona debía servir para solemnizar que el gobierno español hacía suyo el acuerdo de investidura de Salvador Illa firmado hace un año entre ERC y el PSC. Aquel acuerdo tenía dos grandes patas: por un lado, el compromiso que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debe recaudar a la larga todos los impuestos, empezando por el IRPF en el ejercicio 2026, y por otro, un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas que respete el criterio de ordinalidad. Pues bien, al final ni lo uno ni lo otro se dan por seguros en el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.

Antes de la reunión entre el Estado y la Generalitat, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha convocado a los grupos parlamentarios de Catalunya para explicarles el contenido del pacto. Una explicación que se realiza por cortesía, pero que ha generado críticas contra el acuerdo desde primera hora de la jornada. El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, ha asegurado en rueda de prensa que el nuevo modelo "no se asemeja al concierto económico" y que el pacto de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado es "decepcionante". "Cuando se sientan los socialistas a ambos lados de la mesa, pierde Catalunya", ha sentenciado Castellà, y ha añadido que para los junteros "no hay nuevo modelo de financiación". "No hay ni un euro más para Catalunya [...]. Está muy lejos de las necesidades", ha rematado, y ha afirmado que equivale a "prorrogar" el déficit fiscal.

A las puertas que este lunes se celebre la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat sobre la nueva financiación, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dejado claro cuáles son las líneas rojas para su formación. En un contexto en el que PSOE y ERC están atascados en la concreción de la recaudación del IRPF, a la española. "La Hacienda catalana debe coordinarse con las demás agencias, pero debe poder ejercer en plenitud sus competencias y funciones y no puede quedar subordinada a la agencia estatal. Además, debe hacerlo en plazos de tiempo bien definidos", ha dejado claro Junqueras reivindicando todo el el IRPF: "Es el impuesto más importante, que aporta 25.000 millones anuales, y si Catalunya gestiona en todos los sentidos el IRPF, pasaríamos de gestionar 5.000 millones de euros a 30.000 euros, un salto muy importante porque es la mitad de los impuestos que pagamos". cantidad, la gestión y los plazos", ha remarcado.

La Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Estado se ha reunido este lunes para desatascar pactos en materia de seguridad, justicia e inversiones después de dos años paralizada –aunque el Estatut marca que se reúna dos veces al año–. No ha habido novedades sobre la financiación singular, la patata caliente de la legislatura, pero sí para dar un impulso a compromisos pendientes y evidenciar la sintonía entre ambos ejecutivos, del mismo color político: así, los gobiernos catalán y español han sellado un pacto para hacer crecer a la plantilla de los Mossos hasta los 25.000 agentes el 20 y el 20 2025 y 2028, con el objetivo de equiparar la media de jueces por habitante estatal a la catalana. Este lunes también se ha celebrado la Comisión Mixta de Transferencias, que llevaba casi quince años sin reunirse, para desbloquear 14 traspasos que ya había acordado el gobierno de ERC.

La reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat que se ha celebrado este viernes en Barcelona se ha cerrado como se preveía: con varios acuerdos sobre transferencias competenciales y de patrimonio de manos del Estado a las manos del Govern. Con una hora de encuentro en el Palau de la Generalitat ya han tenido bastante. El punto caliente, sin embargo, ha sido a la hora de escenificar el resultado de la reunión. Para el gobierno español, la Bilateral es la constatación de que el diálogo entre los dos ejecutivos funciona después de la ruptura que supuso el 155. "Se trata de un acuerdo histórico", ha dicho la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Para la Generalitat, todo lo contrario. Al salir de la reunión, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), ha criticado que todo son "avances exiguos, de poca entidad y demasiado lentos". "Tiene que haber resultados más tangibles", ha añadido, más conciliadora, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC).

Si no hay un giro de guion mayúsculo, la Comisión Bilateral donde la Generalitat y el Estado dirimen sus conflictos competenciales encarrilará este viernes sus primeros acuerdos en una década. No son, ni mucho menos, todas las demandas que exige el Govern al Estado, pero es la primera vez que la comisión dará algún fruto desde que el ejecutivo español del PP, en 2011, decidió congelar la actividad. "Son acuerdos de mínimos. Nos gustaría avanzar mucho más", avisan desde Presidencia.

Al margen de la negociación política de la mesa de diálogo, la Generalitat y el Estado pactaron el 2 de agosto pasado reactivar las comisiones bilaterales que se prevén en el Estatut para hablar de todo aquello que no tuviera que ver con el conflicto político –Cercanías, transferencias, deudas pendientes, etc–. Se dieron seis meses para obtener los primeros resultados y, a pesar de que todavía no ha expirado el plazo, ya se puede hacer un primer balance de los primeros contactos. Los más optimistas verán el vaso medio lleno, y los que lo son menos, medio vacío, pero lo que es innegable es que los dos gobiernos se han ido reuniendo para afrontar los temas pendientes. Esto no pasaba con regularidad desde hace una década.

Entre el acuerdo de coalición del PSOE y Podemos, los pactos para investir a Pedro Sánchez y las promesas verbalizadas por el propio presidente español en el discurso de investidura y en otras muchas conferencias, el estado español se ha comprometido a implementar 1.463 medidas. Concretamente, 428 provienen del entendimiento entre los socialistas y el partido violeta, 161 de los pactos para facilitar la presidencia de Sánchez, 239 las añadió el líder del ejecutivo español en el discurso de investidura y 1.000 más se han ido precisando a lo largo de la legislatura. A medio mandato, la Moncloa asegura que ha cumplido el 32,8% de estos compromisos, que en el 93,8% del total de medidas ya se está trabajando y que solo 10 compromisos –que no han detallado– han decaído de la agenda del ejecutivo.

Cuando hace apenas una semana que la Generalitat y el gobierno español reactivaron la Comisión Bilateral, varios actores políticos ya se han mostrado beligerantes con este instrumento de diálogo y negociación. Incluso antes de que haya certificado ningún acuerdo, que se prevén de cara a otoño. El argumento más recurrente es un supuesto trato de favor a Catalunya en detrimento del resto de comunidades. En la lista de recelosos hay dos partidos con los cuales ya se contaba, el PP y Cs, pero el gobierno español también ha mostrado algunas reticencias y, además, se ha sumado algún sindicato.

La Comisión Estado-Generalitat que se ha reunido este lunes en Madrid es el foro bilateral más mediático porque se creó con el último Estatut y porque siempre lo ha perseguido la sombra de no haber acabado de cumplir las expectativas. Pero, al margen de esta comisión, existen desde hace años tres espacios bilaterales más entre los dos gobiernos para abordar asuntos más concretos que han pasado más desapercibidos. Ahora, tanto la Generalitat como el Estado se han propuesto darle un nuevo impulso.

Tres años después la Generalitat y el gobierno español se han reencontrado en la Comisión Bilateral, que ha llegado al acuerdo de trabajar en cinco áreas que se evaluarán entre finales de enero y principios de febrero en una nueva reunión. La delegación catalana ha puesto sobre la mesa la gestión de los fondos europeos, pero la Moncloa ha dejado claro que no era el foro adecuado para hacerlo. Según ha anunciado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha pactado reducir la conflictividad constitucional en relación a leyes autonómicas; culminar el traspaso de la gestión de las becas en la comisión mixta de transferencias; crear un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de traspasos sobre Salvamento Marítimo, legislación laboral y formación profesional; reactivar la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales y la de inversión en infraestructuras. También se ha pactado una inversión de 200 millones de euros relativa a la disposición adicional tercera del Estatut: 100 millones inminentes y antes de acabar el año, los 100 restantes.

Todo lo que tenga que ver con las relaciones Generalitat-Estado se ha convertido en un tema delicado y en una arma arrojadiza entre partidos. Últimamente se ha puesto más que nunca la lupa en si el Govern envía alguien a la reuniones que convoca el gobierno español con representantes de las 17 comunidades autónomas. Por ejemplo, el presidente Pere Aragonès generó mucho alboroto no acudiendo a la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Salamanca. También hizo ruido que el conseller de Economía, Jaume Giró, tomara el camino contrario y sí que asistiera al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con este caldo de cultivo, el lunes el PP se ha inventado a través de las redes sociales que la Generalitat no había asistido a una reunión entre Hacienda y las comunidades autónomas sobre los fondos europeos, un encuentro en el que el Govern había anunciado previamente que sí que estaría. Con la denuncia de los populares se han encendido algunas alarmas, pero todo era mentira.

La historia de la Comisión Bilateral empieza el 26 de febrero de 2007 en Madrid. Creada por el nuevo Estatut, tenía que ser “el marco general y permanente de relación” entre el gobierno catalán y español. Un lugar donde Catalunya pudiera negociar mejoras en el autogobierno al margen del resto de comunidades. Catorce años después y haciendo unos números rápidos, la conclusión es que la relación no ha sido ni general ni permanente. La Comisión se tendría que haber reunido al menos dos veces al año; es decir, en un total de 28 ocasiones. Solo lo ha hecho en nueve. Además, estuvo congelada entre 2011 y 2018.

Desde que se levantó el 155 en junio el 2018, la Generalitat y el gobierno español han hecho varios intentos de recuperar una relación bilateral más o menos fluida; por ejemplo, la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se celebró en agosto de 2018, la Declaración de Pedralbes que Quim Torra y Pedro Sánchez pactaron en diciembre del mismo año o la mesa de diálogo que se convocó en febrero del 2020. Ninguno de estos encuentros tuvo continuidad y quedaron diluidos entre reproches cruzados. Este lunes los dos gobiernos lo volverán a intentar desde la sede del ministerio de Política Territorial en Madrid. Allá se reunirá de nuevo la Comisión Bilateral con la intención de que todo ello no quede en una simple fotografía como hace tres años. El inicio se producirá entre señales de desconfianza por los dos lados.

En la última década se ha convertido en un hecho habitual desde la Generalitat elaborar una lista de demandas pendientes al Estado sobre materias concretas que vayan más allá del Procés. De cara a la reunión de la Comisión Bilateral del 2 de agosto, el Govern ya tiene preparada una batería de 56 traspasos que considera que el gobierno español no ha cumplido a pesar de que estaba obligado. La delegación catalana es consciente de que no podrá resolver todos los temas en la próxima reunión, ni siquiera, quizás, plantearlos uno por uno, pero espera conseguir al menos un compromiso y un calendario para que se hagan realidad. "Los queremos todos y los queremos rápido", ha dicho este jueves la consellera de Presidencia y líder de la delegación catalana en la Bilateral, Laura Vilagrà. Pero la actualidad hace emerger una cuestión prioritaria: los fondos europeos para hacer frente a la pandemia. Y la Generalitat ya sabe que este tema se esquivará el encuentro de lunes.

Una vez confirmada la fecha –el próximo 2 de agosto en Madrid–, después de un tira y afloja entre la Generalitat y el renovado ejecutivo de la Moncloa, el debate sobre la Comisión Bilateral pasa ahora por los temas que se tendrán que tratar. Si el Govern el mismo día que se concretó la fecha ya avanzó que quería abordar cuestiones vinculadas al ingreso mínimo vital del Estado, las infraestructuras y la economía, este martes la ministra de Política Territorial y portavoz de la Moncloa, Isabel Rodríguez, ha especificado que se hablará de becas, cercanías y la situación del catalán en el panorama audiovisual. De momento, pues, la única coincidencia entre los dos gobiernos es que se hablará de infraestructuras, a pesar de que el ejecutivo español lo limita a los trenes y el catalán, en cambio, quiere ir más allá y tratar temas como la ampliación del aeropuerto de El Prat.