Visiblemente satisfecha con la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta española María Jesús Montero, pero consciente de que no se puede obtener el 100% de lo que se quiere, la consejera de Economía, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) recibe el ARA en el Palau de la Generalitat convencida de que Catalunya sale. Y afirmando que no ve imposible que salga adelante.

María Jesús Montero hace tiempo que tiene una cruzada contra el "dumping fiscal" de Madrid. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no se ha escondido que es "partidaria" de desincentivar esta práctica y este viernes, en el marco de la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, lo ha vuelto a poner sobre la mesa. "Es importante poner topes y [aprobar] mecanismos para que no se produzcan vaciados fiscales", ha dicho.

Puede cotizarse en una comunidad autónoma, tributar en otra y utilizar los servicios públicos de una tercera. Conozco el caso, por ejemplo, de una persona residente efectiva en Valladolid; allí cotiza su despacho, allí trabaja, obtiene la renta y plusvalía de los recursos que utiliza. Sin embargo, es residente fiscal en Madrid, donde tiene un piso de propiedad como inversión y donde va de vez en cuando con el AVE. Sabe lo que debe hacer para justificarlo ante la Agencia Tributaria, para mostrar que habita al menos la mitad del año en la Comunidad de Madrid, ya que allí paga menos renta y patrimonio. Así, los costes de los servicios relativos a su actividad los soporta Castilla y León, y quien hace caja es la Comunidad de Madrid. ¡Pero dónde tiene la residencia administrativa autodeclarada es en Ibiza!, donde viaja los veranos y más de un fin de semana, porque así se beneficia de unos descuentos de transporte que su contribución fiscal no ayuda a financiar. Siendo residente administrativa en las Islas Baleares, esta comunidad recibe la financiación autonómica correspondiente, basada en la población empadronada. Por tanto, su residencia legal no es realmente en ninguna parte. No es donde cotiza, en Valladolid: aquí no tiene ni médico de cabecera, aunque si necesita acceder por urgencias como ciudadano desplazado. Tampoco es donde tributa, en Madrid, donde, con lo que se ahorra de impuestos, puede pagarse la sanidad privada. Y no es allí donde se le financian los servicios públicos, sino en las Islas Baleares, que reciben por ello un ingreso sin apenas asumir ningún coste, ya que, al fin y al cabo, ¡la subvención del transporte la paga el Estado! ¿Cómo puede que estemos instalados en este desenfreno de residencias reales, fiscales y administrativas, sin un mínimo cruce de datos ni responsabilidades identificables en la financiación de un estado del bienestar contra el que muchas personas como la del caso mencionado practican su particular dumping fiscal?

Es cierto que hasta cierto punto el dumping fiscal se utiliza como elemento de distracción política, porque en el tema de la financiación existen otros singularidades, incluido el concierto foral, y no aparecen en el discurso político de nuestro país. Pero esto no significa que la Comunidad de Madrid de la neoconservadora Dª. Ayuso no lo haga. Madrid hace dumping fiscal, sí. Andalucía no. Tampoco Murcia. Si estas comunidades bajan sus impuestos y recaudan menos, allí ellos, porque dispondrán de menor capacidad de gasto y no podrán reclamar después las transferencias de nivelación. A cada uno el suyo. En el caso de estas otras comunidades, si utilizan su autonomía tributaria para bajar impuestos, con pérdida de recaudación en su caso, la bajada sí será real.

Fue en una fecha tan lejana como el 2007 cuando el entonces conseller de Economia, Antoni Castells, puso sobre la mesa la necesidad de armonizar en todo el Estado algunos de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, especialmente el de sucesiones, para que no hubiera una carrera a la baja entre todos los territorios. Castells fue muy criticado entonces porque incurría en una aparente contradicción: un federalista partidario de la máxima soberanía fiscal para Catalunya reclamaba al Estado que pusiera un límite a esa soberanía. Sin embargo, el conseller señalaba que lo que no tenía sentido es que un impuesto cedido para que las autonomías pudieran financiarse mejor acabara convirtiéndose en un arma, a base de dejarlo prácticamente a cero, para robar bases fiscales, es decir, contribuyentes, a otros territorios. Esto es lo que se conoce como dumping fiscal, que a escala europea practican países como Irlanda y Luxemburgo, pero que dentro del estado español practica especialmente la Comunidad de Madrid.

Fuego cruzado entre Salvador Isla e Isabel Díaz Ayuso por el dumping fiscal. La presidenta madrileña no ha dudado en responder a la acusación de la Generalitat de que Madrid practica una competencia fiscal a la baja desleal. Y desde el PP cierran filas con ella: "Están atacando a la comunidad que aporta más recursos al bote común", ha expresado el responsable económico de los populares, Juan Bravo, en rueda de prensa este lunes. De hecho, a raíz de las declaraciones de Isla este fin de semana en el ARA, Ayuso ha afirmado que Madrid aporta "el 70% de la caja común" del sistema de financiación de régimen común (lo que se conoce como fondo de garantía). En este sentido, según los últimos datos disponibles del ministerio de Hacienda correspondientes al año 2023, ese año el fondo se nutrió con 116.508 millones de euros. Un 70% significaría que Madrid habría aportado más de 80.000 millones, aunque su aportación fue de 17.201 millones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este jueves su balance del año con los ya acostumbrados ataques a Pedro Sánchez ya los independentistas catalanes, pero sin duda lo que más asombra de su discurso es el victimismo respecto a cómo trata el gobierno español la capital del Estado. Resulta que, según Ayuso, Sánchez está "asfixiando" a Madrid de forma premeditada y le acusa de "permitir el colapso de los trenes de Cercanías". Este "asedio" a Madrid va más allá, ya que Ayuso también acusa al gobierno español de estar detrás de "rebeliones en sectores públicos concretos"; es decir, le acusa de estar detrás de las huelgas en la sanidad o la educación. Este discurso daría risa si no fuera que resulta especialmente lamentable visto desde Catalunya, donde las Cercanías son una herida abierta desde hace décadas y la ejecución presupuestaria no es ni la mitad de la de Madrid. Entonces, si lo que ocurre en Madrid es una "asfixia", qué será lo que ocurre en Catalunya, donde hay una infrafinanciación crónica que provoca un déficit fiscal de más de 20.000 millones anuales y no hay ningún efecto capital que lo pueda compensar?

¿Pagan suficientes impuestos los ricos? ¿Y las familias más pobres? ¿Y las empresas? ¿Hay que cambiar el modelo fiscal en España? Estas preguntas recurrentes son algunas de las que intentan responder a los técnicos del ministerio de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado con un nuevo libro provocativamente titulado Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing).

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha aliñado el anuncio de supresión del impuesto de patrimonio abriendo las puertas de su comunidad a los catalanes más ricos. No a los aragoneses más ricos ni a los gallegos más ricos, exclusivamente a los catalanes más ricos. ¿Por qué? Probablemente, en parte se debe a esa catalanofobia que acostumbra a funcionar en política, especialmente si se habla de dinero, pero señalar a Catalunya cuando el tema de debate es el impuesto de patrimonio no es gratuito. La Generalitat recaudó a partir de este impuesto 546,6 millones de euros en 2020 –el último año del que se tienen datos oficiales– de 80.150 contribuyentes. Es a estas personas a las que se dirige Moreno Bonilla (el 1% de la población catalana), sabiendo que pagaron el 45% del total de lo que se recaudó en el Estado (1.200 millones de euros). Si Andalucía ya hubiera aplicado la bonificación al impuesto en 2020, el porcentaje catalán ya habría supuesto el 49,2%. Es decir, si no hay un efecto fuga, casi la mitad de lo que se recaude en España a partir del año que viene llegará a las arcas de la Generalitat.

Contradicciones en el gobierno español por la armonización fiscal de las comunidades autónomas. Si este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, vio con buenos ojos estudiar la posibilidad de crear un impuesto para las rentas de la Comunidad de Madrid que limiten el efecto capitalidad, este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha desautorizado. "Esta propuesta no está en la agenda del gobierno español ni lo estará nunca", ha dejado claro en declaraciones a los medios desde Andalucía. "Me parecería contraproducente que un gobierno trabajara en esta dirección", ha continuado Montero, después de subrayar que el ejecutivo estatal "no hará nunca política que enfrente a los territorios".