El pasado martes, el presidente Illa, entrevistado en TV3, se manifestaba sobre el acuerdo de financiación autonómica al que han llegado el gobierno central y ERC en los siguientes términos: "¿Es un buen acuerdo para Catalunya? ¡No, buenísimo!"

Una de las patas del acuerdo entre el PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa fue la recaudación de todos los impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Ahora bien, lo cierto es que el ATC ahora mismo está lejos de poder hacerlo con la dimensión actual. Además, el objetivo del Gobierno es centrarse en empezar a asumir funciones de gestión –que no de recaudación– de un solo tributo, el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF). De hecho, teniendo en cuenta la situación actual de la ATC, cualquier función de "recaudación" llegaría más allá de 2028 y siempre "en colaboración" con la Hacienda española. Así se desprende del informe (véase el gráfico) que ha elaborado la empresa Minsait, filial de Indra, por encargo del Gobierno sobre el plan de desarrollo del ATC, al que ha tenido acceso el ARA a través de una petición de transparencia –primero denegada por la Generalitat y después aceptada a raíz de un recurso en la GAIP.

Las entidades que conforman el llamado G8 empresarial –Cámara de Comercio de Barcelona y las otras 12 cámaras catalanas, el Colegio de Economistas, el Círculo de Economía, Pimec, FemCAT, Barcelona Global, RACC y la Feria de Barcelona–, junto con Foment del Treball, han elaborado un manifiesto conjunto sobre el nuevo modelo de financiación presentado por el gobierno español el ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC "no puede considerarse suficiente". Tras el duro comunicado emitido por Fomento –la patronal que agrupa a las grandes empresas catalanas– el mismo día en que el gobierno español detalló su propuesta, en el que tachaba de "claramente insuficiente" la propuesta, ahora las entidades del G8 se acercan a las críticas de Fomento en un texto pactado. La Cecot también se ha sumado al comunicado, reiterando que consideran "clave aprovechar la ventana de oportunidad parlamentaria para consolidar avances estructurales para la economía catalana".

El respeto al principio de ordinalidad (al menos, en lo que se refiere a Catalunya) es una de las victorias de las que ERC y el PSC sacan pecho en cuanto al pacto por una nueva financiación autonómica. El ministerio de Hacienda le asume con la boca pequeña ("El modelo tiende a la ordinalidad", aseguró la ministra María Jesús Montero) y no aclara en qué otros casos se cumple, además de Catalunya. Pese a los llamamientos a la calma de Montero, los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han impugnado este principio, que tachan de insolidario, aunque tampoco se espera que los diputados de estas federaciones voten en contra del texto cuando llegue al Congreso. En cualquier caso, el PSOE no es el único partido que hace equilibrios para encajar sus posiciones en cada territorio. También es el caso de Sumar y del PP, donde hay opiniones discrepantes sobre la ordinalidad, aunque en ambos casos el posicionamiento sobre el modelo está claro: los de Yolanda Díaz le han dado la bienvenida, y los de Alberto Núñez Feijóo lo rechazan.

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, representa un cambio respecto a lo que ahora está en vigor, pero queda lejos de los que tienen otros territorios en los que se ha reflejado a menudo el catalanismo para proponer reformas del sistema que permitan alcanzar más recursos en la Generalitat y reducir las disparidades entre lo que aporta Cataluña al Estado y lo que recibe. El sistema presentado por la ministra queda lejos de los modelos forales que tienen garantizados constitucionalmente País Vasco y Navarra, pero también de sistemas de carácter federal como Canadá, Suiza y Alemania, que ceden a las regiones la capacidad de recaudación y ponen máximos a la solidaridad entre territorios para evitar que las regiones más ricas acaben con menos recursos que las más pobres.

La negociación del modelo de financiación no ha terminado ni mucho menos. Este viernes la ministra de Hacienda ha presentado el modelo de financiación general para todas las comunidades autónomas, incluida Catalunya, pero la negociación que han mantenido con los republicanos tiene diferentes partes clave para ellos, la principal, la capacidad de recaudación de los impuestos desde Catalunya, en concreto el IRPF. En este sentido, según fuentes republicanas consultadas por el ARA, los de Oriol Junqueras pretenden que su propuesta para ceder las competencias a la Generalitat que está en trámite en el Congreso se vote a finales de febrero. Quieren hacerlo a través de la cuota que tienen como grupo parlamentario en la cámara española, ya que de esta manera se aseguran que al menos se dé un primer paso.

La negociación entre el gobierno español, la Generalitat y ERC por un nuevo modelo de financiación para Catalunya lleva semanas durando. Si se logra un pacto, quien tendrá que explicarla públicamente es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también es la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía. Ahora bien, quien está en la sala de máquinas y negocia en el día a día por el lado del estado español no es la propia Montero, sino su mano derecha: el secretario de estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán. Él es el hombre que tiene el detalle de todos los modelos de financiación que hay sobre la mesa: quien domina los números y los excelso y se sienta de tú a tú con los negociadores del PSC y Esquerra.

La población ajustada ha sido, históricamente, uno de los elementos más polémicos en la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica de régimen común, que es el que riega de recursos a las comunidades autónomas. Y lo sigue siendo en la discusión que el ministerio de Hacienda, ERC y el PSC tienen abierta para cerrar una propuesta de modelo que contente a todas las partes y dé respuesta al acuerdo entre republicanos y socialistas de un sistema singular para Catalunya, así como al acuerdo de la última Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

En la entrevista que publicó el diario ARA este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, soltaba una idea que hasta ahora ha sido siempre tabú, y es que la Comunidad de Madrid no puede ser tratada como el resto porque tiene privilegios ligados a su condición de capital del Estado. "Madrid tiene una cuestión de capitalidad que deberá tomarse en consideración a la hora de repartir recursos", dijo exactamente. Esta reflexión deriva de algo incuestionable, que es que el criterio pactado entre ERC y el PSOE para repartir estos recursos en el nuevo sistema de financiación, el de ordinalidad, beneficia antes que nadie a la Comunidad de Madrid, incluso más que a Catalunya. Tanto es así que, en las simulaciones que se han hecho, entre Madrid y Catalunya se repartirían la mitad de los recursos extras que debería ponerse en el sistema, entre 8.000 y 10.000 millones según los cálculos.

En España, políticas tan básicas y cercanas a los ciudadanos como las de educación, salud y dependencia (las llamaré políticas sociales) son de competencia autonómica. La fortaleza y el prestigio de la gestión autonómica depende, pues, en gran medida de su efectividad en la provisión de los servicios correspondientes. Ahora bien, son políticas que aspiran a garantizar a los ciudadanos, de forma universal, un tratamiento igual y digno. Contrastan con las de vivienda o pensiones, que solo pretenden garantizar un mínimo, por encima del cual la provisión dependerá de la renta del ciudadano o de la contribución del trabajador. Son políticas, pues, que consumen muchos recursos y, por lo tanto, la fortaleza y el prestigio de las autonomías dependen crucialmente de financiarlas adecuadamente. Si la primera cosa nos importa debemos implicarnos en conseguir la segunda.

Los gobiernos español y catalán quedaron ayer que "mantendrán los contactos necesarios para acordar un nuevo modelo de financiación". Porque ayer no se acordó un nuevo modelo de financiación ni salió "la" cifra: ni siquiera se acordó que Catalunya no perdería posiciones cuando comparas en qué posición es cuando paga y en qué posición es cuando recibe. No, ayer quedaron que todavía no había acuerdo.

En 2015 Junts pel Sí, una coalición liderada por Convergència i Esquerra, prometió al electorado la independencia en dieciocho meses, lo que implicaba (se supone) poder recaudar los impuestos desde Catalunya. Sin embargo, diez años después se evidencia que en el 2025 la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no es capaz por dimensión y capacidad de recaudar uno de los impuestos más importantes para las arcas públicas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Que la ATC no estaba a punto lo sabía el gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras cuando pusieron el calendario del 2017, y también lo sabía ahora el gobierno de Salvador Illa cuando pactó con Esquerra (en ese momento pilotada por Marta Rovira) que a partir del 2026, es decir el año que viene, la Hisenda. Pero no sólo sabían esto: también debieron tener conocimiento de que el PSOE no estaba en el punto de asumir una financiación singular para Catalunya, al menos no todavía, como se ha demostrado este lunes en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado: porque una cosa es lo que se dice, otra lo que se pone por escrito y, finalmente, lo que se hace.

Antes de la reunión entre el Estado y la Generalitat, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha convocado a los grupos parlamentarios de Catalunya para explicarles el contenido del pacto. Una explicación que se realiza por cortesía, pero que ha generado críticas contra el acuerdo desde primera hora de la jornada. El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, ha asegurado en rueda de prensa que el nuevo modelo "no se asemeja al concierto económico" y que el pacto de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado es "decepcionante". "Cuando se sientan los socialistas a ambos lados de la mesa, pierde Catalunya", ha sentenciado Castellà, y ha añadido que para los junteros "no hay nuevo modelo de financiación". "No hay ni un euro más para Catalunya [...]. Está muy lejos de las necesidades", ha rematado, y ha afirmado que equivale a "prorrogar" el déficit fiscal.

Los consejeros de Hacienda del PP han protagonizado este miércoles un espectáculo lamentable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: se han levantado de la silla y se han negado a participar en el debate y la votación de una iniciativa, la condonación parcial de la deuda, que beneficia a todas las comunidades autónomas. El motivo no es la medida en sí, sino que se trata de una propuesta incluida en el pacto de investidura de Pedro Sánchez firmado entre ERC y PSOE. El mensaje que lanzaron tras salir de la sala fue que no quieren recoger "los muelles del pacto de Sánchez con los independentistas", volviendo así a la vieja retórica anticatalana del PP. Sobre este punto es necesario realizar algunas consideraciones.

Llamemos a las cosas por su nombre. Lo que se está dirimiendo en este nuevo proceso que solo acaba de empezar no es el modelo territorial de España. Es el modelo fiscal.

Aún no hacía ni un mes que Salvador Illa lideraba la Generalitat, pero el flamante presidente de Catalunya tenía claro que no podía iniciar el curso político sin ganarse antes la confianza del empresariado. Era el lunes 2 de septiembre, y en la agenda del presidente ya había marcado visitar la sede de Foment del Treball. Sin embargo, no era la primera reunión que Illa mantenía con los agentes sociales: el jueves anterior ya se había reunido con los líderes de los sindicatos mayoritarios en Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco, aunque en aquella ocasión Illa no se movió del Palau de la Generalitat, y fueron los sindicalistas quienes fueron a verle.

El presidente Aragonés y la consellera Mas han presentado una trabajada propuesta de relación económica con España. La han llamado “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña”. Evidentemente, el gobierno del Estado se ha apresurado a decir que “ni hablar” y recordar que toda propuesta debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Partido Popular y los inspectores de Hacienda han hablado de inconstitucionalidad y la colección de reacciones contrarias de otras comunidades autónomas (CA) es indescriptible. Sobresale el enfado ofendido del candidato del PNV a las elecciones vascas que se realizarán el 12 de abril. Sabe mal que algunas reacciones catalanas sólo se hayan fijado en que era una propuesta que se anunciaba pensando en el inminente horizonte electoral catalán, a pesar de que el presidente de la Generalitat llevaba tiempo hablando de ello y que la propuesta, en sí misma, es sólida.

La amnistía es una realidad. Tras el voto en contra de Junts per Catalunya y de reabrirse las negociaciones, finalmente se logró un texto concertado entre los tres grandes actores en este asunto, PSOE, Junts y Esquerra Republicana. El partido de Carles Puigdemont ha podido introducir aquellos elementos que creía necesarios para restringir al máximo el margen de interpretación de la élite judicial española, sublevada contra la idea de amnistiar a los independentistas y, sobre todo, obsesionada por tumbar a Pedro Sánchez. PSOE y gobierno central han conseguido un articulado que están convencidos de que no será impugnado por el Tribunal Constitucional. A su vez, ERC, que ya había dado por bueno el texto anterior, restó importancia a las mejoras incorporadas a instancias de Puigdemont. Oriol Junqueras, incluso, se ha quejado de lo que, para él, ha supuesto una pérdida de tiempo que, en definitiva, añade, no ha mejorado una ley que ya estaba bien hecha.

Pocos temas generan más lío que éste. El sistema de la financiación autonómica de régimen común es uno de los grandes quebraderos de cabeza de académicos, políticos y ciudadanos, no sólo porque suele ir de la mano de un debate crispado, sino porque está lleno de tecnicismos y cifras que a menudo carga el diablo. De nuevo será uno de los temas que marcará la próxima legislatura, pero también las negociaciones con los partidos independentistas catalanes de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.

Fría reacción de la Generalitat a la propuesta inicial de población ajustada del ministerio de Hacienda en el largo camino hacia una reforma del modelo de financiación autonómica. El Govern no solo considera que el criterio de población ajustada “no se ajusta a la realidad de Catalunya”, sino también que el planteamiento de Hacienda no incluye elementos que desde la Generalitat defienden que son imprescindibles, como por ejemplo el coste de vida. Casi dos meses después, la Generalitat le ha hecho saber al gobierno central qué piensa, si bien parte de la premisa de que ningún modelo “puede arreglar la infrafinanciación y el déficit hacia Catalunya”.