La inconcreción del acuerdo de financiación
La Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este lunes en Barcelona debía servir para solemnizar que el gobierno español hacía suyo el acuerdo de investidura de Salvador Illa firmado hace un año entre ERC y el PSC. Aquel acuerdo tenía dos grandes patas: por un lado, el compromiso que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debe recaudar a la larga todos los impuestos, empezando por el IRPF en el ejercicio 2026, y por otro, un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas que respete el criterio de ordinalidad. Pues bien, al final ni lo uno ni lo otro se dan por seguros en el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
En cuanto a la recaudación del IRPF, en el ARA ya hemos explicado que el compromiso de recaudarlo todo el próximo año es inasumible por falta de medios de la ATC, que debe ganar muchos más recursos para pasar de gestionar 5.000 millones a 25.000. Se entiende, pues, que ninguno de los dos gobiernos haya puesto plazos. Pero resulta inquietante que en el acuerdo tampoco se mencione que el horizonte debe ser que la ATC sea la única administración tributaria en Catalunya y, en cambio, se insista en que deben coexistir ambas en un marco de colaboración y "trabajo en red".
Pero aún resulta más decepcionante que entre los acuerdos firmados no se haga ninguna referencia a la ordinalidad. Se habla, eso sí, en la exposición de motivos, pero justamente para subrayar que es un criterio que defiende Catalunya y que el Estado, de momento, no se hace suyo. De hecho, el ministro Ángel Víctor Torres dijo en rueda de prensa que la ordinalidad será objeto de discusión en un grupo de trabajo paritario. Es sospechosa esta renuencia del gobierno español en aceptar un criterio que, si bien pone límites a la solidaridad, está avalado por muchos expertos y la gran mayoría de actores socioeconómicos catalanes. De hecho, incluso el traspasado Josep Piqué, siendo líder del PP de Catalunya, lo defendió en el 2012.
Quizá el gobierno español pretenda mitigar las críticas al nuevo sistema, pero ésta es una pretensión vana. Cuando todavía no se ha puesto ninguna cifra sobre la mesa, ni se ha calculado cuál debe ser la cuota de solidaridad catalana, el PP y muchas comunidades autónomas ya han puesto el grito en el cielo y, atención, amenazan con recursos en el TC. La más llamativa ha sido, como es costumbre, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha llegado a decir que el sistema "es una sentencia de muerte para España".
Ante este panorama, el gobierno español debería ser mucho más valiente y ambicioso y presentar un sistema que mejore sustancialmente las cuentas de las comunidades, especialmente aquellas que sufren un fuerte déficit fiscal crónico, como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares. Si se aplica el criterio de ordinalidad, la que también saldrá muy beneficiada será Madrid. La incógnita es, viendo la inconcreción y timidez del acuerdo, si María Jesús Montero, que será la próxima candidata del PSOE a Andalucía, es la persona para conducir estas negociaciones. De momento, mucho ruido para poca concreción.
