El pasado 24 de septiembre, en un contexto marcado por la parálisis, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanzó un acuerdo significativo sin publicidad: la aprobación de una subida salarial para sus miembros. La decisión, que se tramitó a propuesta de la comisión de asuntos económicos, ha generado polémica por el contraste entre la celeridad en lo referente a las retribuciones propias y la inacción en otros ámbitos de la justicia.

Hace unas semanas, el ministerio de Justicia anunció una ampliación "histórica" ​​de la plantilla de jueces para crear este año 500 plazas nuevas en todo el Estado, de las cuales 91 en Cataluña. Sin embargo, quedaba pendiente concretar cómo se distribuirían estos nuevos sitios. La propuesta inicial del gobierno español no acabó de hacer el peso ni en el departamento de Justicia ni en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora han presentado idénticas enmiendas. "Auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio", ha valorado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

La Audiencia de Madrid ha pedido reabrir la causa por la filtración de fotos del DNI de 33 jueces soberanistas catalanes que se publicaron en el diario La Razón en marzo del 2014 después de que los magistrados firmaran un manifiesto a favor del derecho a decidir. En concreto, la Audiencia ha ordenado esta reapertura de la causa en la sección de instrucción número 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha avanzado El Mundo y ha confirmado el ACN. La denuncia presentada por los jueces se archivó en el 2015, pero a raíz de la publicación de unos audios en El Mundo en la que apuntaban a la policía patriótica como conocedora de esa filtración, los magistrados pidieron reabrir la causa y ahora la Audiencia de Madrid les ha dado la razón.

El consejo de ministros aprobará este martes una de las mayores reformas de los últimos años. Según confirmaron este lunes fuentes del gobierno español a Efe, el ejecutivo validará de forma definitiva un proyecto de ley que incluye cambios en la fiscalía general del Estado para despolitizarla. La reforma también incorpora además modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal, cuya principal novedad es la figura del fiscal investigador. La propuesta prevé establecer que la dirección de las investigaciones de las causas penales pase a estar en manos de los fiscales y no a las de los jueces, como hasta ahora.

Todos sabemos que la política es lucha por el poder y está gobernada por el principio "te saco a ti para ponerme yo". Pero las democracias parecían destinadas a ser un ritual con unas reglas de respeto al adversario y de responsabilidad frente a la ciudadanía para poner límites a los delirios de la voluntad de poder. A la vista del espectáculo que nos ofrece la política día a día, y que en España ha alcanzado niveles delirantes en la ofensiva monotemática del PP contra el gobierno socialista, en que el debate no es de propuestas y de ideas sino sencillamente de imputaciones con las que descalificar al adversario, es decir, sin que tenga ningún valor la distinción entre verdad y mentira, la sensación de que la confrontación puede acabar desbordando las reglas del juego, y por lo tanto el marco democrático, se hace alarmante.

Algunos patriotas constitucionales simulan que se escandalizan porque, dicen, el rey de España, como jefe del Estado, no debería sentarse junto a un fiscal general imputado en un proceso judicial, como sucederá este viernes en el acto de apertura del año judicial en España. Pueden relajarse estos patriotas, porque de hecho el propio rey no parece preocuparse tanto como ellos por las compañías con las que se sienta y se hace fotos. Esta misma semana se ha retratado, mejor dicho, con Eduardo Inda, uno de los personajes más vergonzosos de la vida pública española, y eso que esta es una liga muy disputada.

Cada vez llegan más casos a los tribunales catalanes, y aunque también resuelven más, el trabajo que entra es superior al que pueden asumir. Por ejemplo, pese a que en el 2024 se resolvieron muchos más asuntos que en años anteriores y los juzgados cerraron un 96,78% de los casos que recibieron, el año acabó con más procedimientos pendientes de los que había en enero. A finales de año, todavía había 732.408 casos pendientes. Para resolver esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) calcula que Catalunya necesita otras 187 plazas de juez (154) y magistrado (33) para cubrir de forma óptima el volumen de trabajo que encaran los tribunales del país.

Los juzgados han iniciado tres jornadas de una huelga de jueces y fiscales convocada por todas las asociaciones profesionales excepto las progresistas, cifrando en un 75% el seguimiento del paro entre jueces y fiscales este martes. Más allá de la estimación que hacen los convocantes, que han calificado la protesta "de éxito rotundo", no hay datos oficiales porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no está recogiendo, ya que no reconoce la convocatoria. El ministerio de Justicia tampoco ha recibido los datos de seguimiento que había pedido al CGPJ y la Fiscalía General del Estado, y recuerda que la cifra que dan las asociaciones no es oficial. Además, apunta que durante la jornada "ha habido normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías" de toda España.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad no reconocer la convocatoria de huelga de jueces y fiscales que han anunciado cinco asociaciones –todas menos las progresistas– para la próxima semana. El acuerdo de este jueves advierte a los convocantes de que la huelga no tiene ningún "apoyo normativo" porque el derecho a huelga no está regulado para los jueces. Por ello, concluye que "no procede tenerla anunciada", y recuerda que ya se pronunció en el mismo sentido ante las huelgas convocadas en 2009, 2012 y 2013. Las asociaciones convocantes han criticado la decisión y ya han anunciado que mantienen la huelga, que consideran "una medida legítima, proporcionada y responsable".

Jueces y fiscales mantienen el pulso contra las reformas judiciales que pretende imponer al gobierno español. Después de el paro de diez minutos de la semana pasada, asociaciones de jueces y fiscales han anunciado tres días de huelga el 1, 2 y 3 de julio. También convocaron una concentración ante el Tribunal Supremo para el sábado 28 de junio a las 12.30 horas. Las cinco asociaciones que llaman a la protesta son las mismas que ya convocaron el paro anterior: se trata de la mayor parte de agrupaciones de jueces y fiscales, pero ninguna de las progresistas.

La mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales, ninguna de las progresistas, ha convocado para este miércoles una protesta contra los planes del gobierno español para modificar el acceso a la carrera judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El llamamiento de las cinco asociaciones que firman la convocatoria es para un paro de 10 minutos, a partir de las 12 horas, a las puertas de todos los edificios judiciales del Estado. El manifiesto que los convocantes han leído a las puertas de las sedes judiciales advertía al gobierno español: "No descartamos una huelga". Por su parte, coincidiendo con el paro, Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, ha advertido de que no se puede "degradar a los jueces".

Melanie Barba ha sido la segunda de su promoción en las oposiciones a fiscal y dentro de unas semanas empezará a realizar prácticas en Madrid, donde está terminando su formación. A principios del próximo año ya será fiscal y volverá a Catalunya para ejercer. La magistrada Isabel Olmos, nacida en Barcelona, ​​dictó su primera sentencia en un juzgado de Sant Boi de Llobregat, y desde hace unos dos meses ejerce en la sala cuarta del Tribunal Supremo. Ambas tienen en común que se prepararon la oposición con la ayuda de una beca de la Generalitat, que después de más de una década inactivas se reanudaron en el 2022. Este martes la convocatoria se abre de nuevo para aquellos que quieran prepararse para ser juez, fiscal o letrado de la administración de justicia.

La juez de paz de Salt, Francesca Terrón, suele realizar unas ocho bodas cada mes, pero solo esta semana ya van seis. "Llevamos dos semanas haciendo bodas a diestro y siniestro", dice en una conversación con el ARA el día antes de que entre en vigor la ley que les quitará la competencia para registrar uniones civiles. Un error en la tramitación de la ley de eficiencia judicial ha dejado a los jueces de paz sin potestad para inscribir matrimonios, y fuentes del ministerio de Justicia afirman que ya están "buscando la mejor fórmula para asegurar esta competencia lo antes posible".

Reprobación unánime de jueces y fiscales en la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero. En un comunicado este lunes, todas las asociaciones del ramo censuran que la ministra del PSOE calificara de "vergüenza" la sentencia que ha absuelto Dani Alves de agresión sexual y criticara que la presunción de inocencia del futbolista esté "por encima" del testigo de la víctima. "Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y apoyen la labor de los jueces y magistrados, y se evite comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial", le responde el colectivo de jueces y fiscales. Este martes se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial, que ha advertido a los políticos que deben "compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Una crítica habitual al sistema judicial es que sigue funcionando "como en el siglo XIX". Pero ahora podría empezar a remediarse: a lo largo del 2025 se desplegará una ley que quiere poner al día la justicia y hacer que sea más ágil. La ley de eficiencia cambiará la forma en que se organizan los juzgados –incluso como se llaman– y traerá novedades que buscan mejorar la protección de los niños y las víctimas de delitos sexuales. El nuevo sistema se aplicará escalonadamente en tres fases –en junio, octubre y diciembre–, afectando primero a los municipios más pequeños y finalmente a las ciudades más grandes.

"La beca que tenía en su momento me servía para pagar el preparador, pero sabía que sin una ayuda económica no podía opositar", recuerda la magistrada María del Prado Escoda Merino, portavoz en Cataluña de Jueces y Juezas por la Democracia ( JJpD), en conversación con el AHORA. El blindaje de becas para que la renta familiar no sea un impedimento para estudiar las oposiciones a juez o fiscal que prevé el último anteproyecto del gobierno español ha sido muy bienvenido al sector, pero ha reabierto el debate sobre el perfil de la judicatura. "Estamos hartos de que se diga todo el día que los jueces somos gente de clase alta", asegura otra magistrada consultada por este diario.

En las grabaciones que se han filtrado de las declaraciones de Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, por la demanda por agresión sexual que la actriz ha presentado contra el expolítico, se siente literalmente babear al juez Adolfo Carretero durante su interrogatorio a la víctima y al acusado. Sobre todo a ella. Las preguntas son de tono impertinente y el juez las ensaliva mientras las formula, cada vez más impaciente, excitado, sin esperar lujo de detalles en las respuestas, porque los detalles ya los aporta él. Imagina, presupone, acorrala. El objetivo es hacer quedar a Errejón como un caliente pillado en flagrante contradicción con su discurso político, por el que el juez pregunta explícitamente. Con Mouliáa, el propósito es hacerla quedar como una tonta y una cerda, y ridiculizarla ante el tribunal al que ella ha tenido el descuido de acudir a pedir justicia.

Joaquín Aguirre, uno de los jueces que más titulares ha acaparado en los últimos años, se jubila. decidido no alargar la carrera hasta los 72, como permite la ley– con sus últimas grandes investigaciones archivadas o paradas y sólo un mes después de que la Audiencia de Barcelona le acusara de intentar un fraude de ley con sus resoluciones. El magistrado está de baja por un diagnóstico que no es grave. En la Ciudad de la Justicia todo el mundo sabe quién es Aguirre, pero este miércoles no había previsto ninguna gran despedida. hecho, los trabajadores de su juzgado ni siquiera estaban seguros ayer martes de si iría para despedirse tras más de treinta años de carrera. Otras personas que le han tratado profesionalmente creen que hace tiempo que era previsible que Aguirre no es despediría por la puerta grande. "Ha tenido una posición muy extraña en los últimos años. Creía que lo que hacía era muy importante y que los demás no lo veían", dice una persona de su entorno laboral. Finalmente, Aguirre sí ha vuelto por última vez al juzgado este miércoles por la mañana para firmar su cese. diferentes piezas separadas que poco a poco han ido cayendo por su propio peso, una forma de instruir que ya había exhibido antes con el caso Macedonia. El caso Volhov empezó en el 2016 con la investigación de subvenciones de la Diputación de Barcelona y el instructor le ha ido estirando hasta llevar la causa —ya archivada— de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional, ya sostener una supuesta alianza entre el independentismo y la Rusia de Vladimir Putin. En esta misma causa intentó impedir que se aplicara la ley de amnistía implicando a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas a un supuesto delito de otra traición. En esta causa Aguirre ha sorteado varias peticiones de recusación, pero una carpeta que le quedará abierta una vez jubilado es la querella que Puigdemont ha presentado contra él por presunta prevaricación y malversación, todavía pendiente de saber si se acaba admitiendo a trámite.

Más de un centenar de jueces y juezas especializados en violencia machista y que trabajan en juzgados de toda España han cerrado filas con la magistrada de Granada Aurora Angulo, encargada del caso de Juana Rivas. Más de siete años después de escaparse con sus hijos para evitar que estuvieran con su marido, al que denunció por malos tratos, la custodia del hijo pequeño —el mayor es adulto— continúa en los tribunales. El último movimiento judicial ha generado una respuesta muy áspera del abogado de la mujer, que ha señalado a la juez y le ha acusado de no comprender qué es la violencia vicaria. El comunicado despertó la respuesta de sus compañeros, que lo consideran un "ataque personalizado" que puede suponer un desprestigio para los juzgados de violencia machista.

El propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado en el acto de toma de posesión que se ha celebrado este sábado en Palau que el traspaso de poderes con la administración Aragonés había sido "ejemplar". De hecho, el acto en sí en el Salón de Sant Jordi fue un ejemplo de normalidad democrática y continuidad institucional, con los expresidente Pujol, Mas, Montilla y Torra presentes y con un discurso del nuevo presidente que ponía en valor el legado y la responsabilidad que suponía ser el 133º máximo dirigente de la Generalitat. De hecho, Illa es hijo político de Josep Tarradellas, a través de la figura de Romà Planas, quien mejor representa esta voluntad férrea de mantener la dignidad institucional en las peores circunstancias.