El caso Macedonia, una causa descafeinada que no tumbó a Trapero
El mayor declarará en febrero en el juicio, sobre el que plana la sombra del comisario Villarejo
BarcelonaParecía que la investigación del caso Macedonia tenía que convertirse en una macrocausa capaz de depurar la corrupción vinculada al tráfico de drogas en todos los cuerpos policiales. La causa nació en 2009 y en su epicentro tiene a Manuel G.C., un confidente policial que ayudó a desmantelar la red alrededor delos prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels y al que ahora la Fiscalía sitúa "en la cumbre" de un entramado criminal para dominar el mercado negro de la droga en el sur del área metropolitana. El juez llegó a investigar a un subinspector de los Mossos ahora al frente del área central de crimen organizado, pero tuvo que archivar la causa después de que la Fiscalía retirara la acusación y el sindicato ultra Manos Limpias –que también formaba parte del caso– quebrara. En el punto de mira también estaba el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su relación con el confidente cuando era jefe de la división de investigación criminal.
Trapero, que declarará como testigo el mes que viene en el juicio que se está haciendo en la Audiencia de Barcelona, nunca llegó a estar investigado, pero el juez detalló en un escrito que tenía constancia de 300 comunicaciones en un año del mayor con el confidente. De hecho, la década que hace que se investiga el caso acabó enturbiando la relación del juez con los Mossos, a los que acusó de desconfianza por esconderle la identidad del confidente.
La causa se ha ido deshinchando en los 12 años que lleva abierta. "Ya de por sí es una condena de 13 años de espera", explica el abogado José María Fuster-Fabra, que representa a un subinspector de los Mossos acusado. Lo mismo opina otro de los abogados defensores, el letrado Manuel Capuz, que recuerda las penas "duras" de hasta 11 años de prisión a las que se enfrentan muchos de los acusados.
En este tiempo el caso ha dado varios giros, desde la absolución de los primeros guardias civiles investigados y acusados de falsear un informe sobre una intervención de cocaína hasta la imputación y exculpación de la unidad de los Mossos que investigaba esta derivada, pasando por dos registros sonados: el que llevó a los Mossos a la joyería Rabat de Barcelona para seguir el rastro de los presuntos sobornos del confidente a policías nacionales y el que hizo la Policía Nacional en la sede de Ègara de los Mossos poco después para buscar pruebas de las conversaciones del confidente y los agentes investigados.
El último giro de guion es la aparición del excomisario José Manuel Villarejo. La defensa del confidente policial pidió que Villarejo declarara como testigo en el juicio después de que en una conversación de 2009 –publicada por La Razón– hablara sobre la posibilidad de convencer al juez Baltasar Garzón para que interviniera el teléfono de Trapero y así poder escuchar las conversaciones con el confidente. La defensa del principal acusado argumenta que esta conversación demuestra que el caso Macedonia se fabricó para desprestigiar a los Mossos.
Partiendo del audio, el hasta ahora jefe de la comisaría general de investigación criminal de los Mossos, Antoni Rodríguez –recientemente destinado a la comisaría de Rubí–, envió un escrito al juez del caso Villarejo para investigar el supuesto complot, que se ha rechazado. También la Audiencia de Barcelona descartó citar a Villarejo como testigo.
Una instrucción dilatada
Lo que finalmente se juzga estos días en la Audiencia es la existencia de una trama liderada por el principal acusado, que, según la Fiscalía, habría encontrado facilidades para conseguir el control del mercado de la droga en el sur del Llobregat gracias a los contactos que tenía como confidente policial y se habría embolsado 2,4 millones de euros. Junto a este hombre se sientan 16 personas más en el banquillo de los acusados, entre ellos un subinspector de los Mossos al que se acusa de estar a sueldo de la banda. Pero las defensas se quejan de una instrucción dilatada que se juzga más de 12 años después de arrancar. Un "calvario" para este agente, según su abogado, José María Fuster-Fabra.
La investigación se basa en buena parte en intervenciones telefónicas que las defensas han impugnado. "Tendremos que ver si las pruebas son suficientes, es quien acusa quien tiene que probar", insiste Capuz. Fuster-Fabra añade que muchas de las conversaciones son "malinterpretadas" y "sacadas de contexto". Del caso Macedonia, de todas maneras, todavía se tiene que escribir el último capítulo.
