Desde su llegada a la Generalitat, el Gobierno de Salvador Illa ha hecho pivotar su política comunicativa en torno a la gestión y el funcionamiento de la economía. Y uno de los elementos clave en esta estrategia ha sido el plan Catalunya Lidera: un paquete de 200 medidas para inyectar en la economía catalana 18.500 millones en cinco años y conseguir que Cataluña avance Madrid en generación de riqueza. En el afán de difundir las virtudes de este plan, el Govern ha desplegado una campaña de publicidad institucional en varios flancos, también en la radio y en la televisión. Sin embargo, ahora se ha topado con la oposición del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que ha ordenado a TV3, Catalunya Ràdio y RAC1 que dejen de emitirla. ¿Por qué? Según el organismo, infringe las reglas sobre publicidad institucional.

El Consejo del Audiovisual de Catalunya recibió hace una semana una comunicación del secretario de Medios del Gobierno, Carles Escolà, en la que instaba al organismo a actuar contra el humorista Joel Díaz. El foco de la polémica era un comentario que había hecho en el podcast La sotana, mientras comentaban la sonoridad del nombre de los hijos de la diputada ultraderechista Silvia Orriols. Hablando de Violante, Díaz se sorprendió de la homofonía con el gerundio de violar y –creyendo equivocadamente que era un patronímico masculino– dijo “están violando al Violante”. Según ha podido saber el ARA en exclusiva, el CAC ha respondido a Escolà que no ve "ninguna vulneración de la normativa audiovisual".

Los anuncios con el lema Tenemos claro nuestro destino han llegado irónicamente a una vía muerta. El Consejo del Audiovisual de Cataluña ha instado al cese inmediato o la modificación de esta campaña institucional del Gobierno, al considerar que no se adecuaba a las leyes vigentes, ya que los spots se basaban en destacar la obra del ejecutivo de Pere Aragonès.

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) empezará a funcionar la próxima semana con una nueva configuración, después de que el Parlament haya votado esta tarde la renovación de sus integrantes. Lo hará después de un final de mandato agónico –con solo tres de los seis consejeros iniciales– en el que el presidente Roger Loppacher (a propuesta de Junts) vio cómo perdía alguna votación por la pinza que le aplicaban Daniel Sirera (PP) y Carme Figueras (PSC). Ahora será el periodista Xevi Xirgo quien, llegado desde la dirección de El Punt Avui y con una candidatura impulsada también desde Junts, tendrá que marcar el tono para los próximos seis años de un organismo que –a pesar de funcionar formalmente de manera colegiada con el resto de miembros– ha sido hasta ahora reflejo de las inquietudes e intenciones de su presidente. Estos son algunos de los grandes temas que tendrá que abordar.

Los años y años de interinidad en los órganos parlamentarios se han liquidado en tres horas y media. Es el tiempo que ha durado el pleno del Parlament, que ha aprobado las renovaciones del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Cuentas y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Todas fruto del acuerdo entre el PSC, ERC y Junts, que en poco también permitirá que se renueve el Síndic de Greuges, el Consejo de Garantías Estatutarias y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). "Pedimos disculpas por no haberlo hecho antes", ha dicho el socialista Òscar Ordeig. Pero la oposición –hoy el PSC se defendía junto al Govern y los comuns y la CUP protagonizaban los argumentos en contra– no los ha criticado por ir tarde –que también– sino, sobre todo, por hacer "un reparto de sillas entre partidos", en palabras de Dolors Sabater (CUP), y hacerlo solo entre los tres, "excluyendo a una parte de la cámara", en boca de Joan Carles Gallego (comuns).

El pleno del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado esta semana un acuerdo que asegura que TV3 no cumple su función pública en los documentales que ha emitido sobre la situación política en Catalunya porque son contenidos que tienen un sesgo independentista. El acuerdo ha dividido al pleno del organismo, puesto que su presidente, Roger Loppacher (nombrado a propuesta de Junts), emitió un voto particular en contra de su aprobación. Actualmente, el pleno del CAC tiene tres miembros: además de Loppacher, forman parte de él Daniel Sirera, del PP, y Carme Figueras, del PSC, que votaron a favor del acuerdo.