La sociedad catalana lleva mucho tiempo luchando, a través de las entidades memorialistas y de derechos humanos, por una política pública de memoria que esté a la altura del sufrimiento vivido, de la verdad que todavía se niega y del futuro democrático que queremos construir. Esta lucha ha sido constante, transversal y persistente. Y, entre todas las demandas, una destaca con fuerza simbólica: la resignificación del edificio de Via Laietana 43.

Ya está en el BOE: la comisaría de Via Laietana, en Barcelona, ha sido declarada por el gobierno español espacio de memoria democrática, que significa que pondrán unas placas diciendo que allí se torturaba, pero la Policía Nacional que ocupa el edificio no será trasladada. Porque, para el Estado, esto no va de memoria sino de poder, concretamente de alarde y ejercicio del poder, de seguir teniendo colgada una bandera española en un balcón muy visible de la capital de Catalunya, no sea que alguien se hubiera olvidado de quien manda aquí. La Policía Nacional fue sustituida por los Mossos d'Esquadra y, por tanto, el argumento del ministro Bolaños diciendo que los agentes no se marcharán porque es una comisaría "muy importante, céntrica, necesaria para la ordenación de la seguridad ciudadana" es una pura falacia.

La comisaría de la Via Laietana ya es formalmente un espacio de memoria, pero seguirá acogiendo a la Policía Nacional española. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publica la resolución del gobierno español por la que "el edificio situado en la Via Laietana, 43", sede de la Brigada Politicosocial durante el franquismo, es declarado como "lugar de memoria democrática". Contrariamente a lo que reclamaban las entidades memorialistas y los partidos catalanes, sin embargo, la resignificación formal de la jefatura no implicará el traslado de la policía española.

La filóloga Blanca Serra, que con su hermana, la historiadora Eva Serra (muerta en el 2018), pasó cuatro veces por la comisaría de Via Laietana –en febrero de 1977, julio de 1980, diciembre de 1981 y marzo de 1982–, ha dejado claro este lunes, en la Ciudad de la Justicia, que no piensa desistir, pero también que no es muy optimista.

Si los jueces son un muro insalvable para investigar los crímenes del franquismo y se niegan a escuchar a las víctimas, lo hará la Fiscalía. Por primera vez, la Fiscalía de Barcelona, ​​junto con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar las torturas de la policía franquista en febrero de 1977. Se trata de la denuncia que puso, en noviembre del año pasado, su historia veces por la comisaría de Via Laietana: febrero de 1977, julio de 1980, diciembre de 1981 y marzo de 1982. Blanca puso una denuncia a la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona, ​​Sara Gómez Expósito. Hasta ese momento, todas las denuncias se habían presentado a un juzgado.

Las entidades memorialistas y de derechos humanos que llevan años luchando para que la actual comisaría de Via Laietana sea un lugar de memoria de las resistencias y de la represión están indignadas con la propuesta que hizo la semana pasada el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. La comisaría fue la sede de la Brigada Político-Social, una rama policial encargada de investigar y perseguir a los opositores al régimen franquista que tenía carta blanca para hacer y deshacer con los detenidos, y en la rueda de prensa en la que Espadaler explicó los actos que deben recordar los 50 años de la muerte de " entre el gobierno español, el gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona. "Es indudable que hay que reconocerle como espacio de memoria, pero eso no es necesariamente incompatible con el uso que ahora tiene", dijo. El gobierno español ya dijo el año pasado que Via Laietana será un lugar de memoria pero que la policía no se marchará.

"Pasó mucho tiempo antes no pude hablar de las detenciones. Y durante muchos años, cuando paseaba, esquivaba la comisaría de Via Laietana", explica la filóloga Blanca Serra, que junto a su hermana, la historiadora Eva Serra (fallece el 2018), pasó cuatro veces por la comisaría de Via Laietana: en febrero de 1977, en julio de 1980, diciembre de 1981 y marzo de 1982. Ahora Blanca ha decidido poner una denuncia a la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona, ​​Sara Gómez Expósito.

"Me amenazaban con pegar a mi hermana si no hablaba y me hacían mirar por una ventanilla y ver cómo le pegaban. Yo sabía que ella era más dura que yo y que no hablaría. Estuvimos encerrados 32 días en Via Laietana", explica Pepus Ferrándiz. Pepus y Maribel son hermanos gemelos y tenían tan sólo 17 años cuando los detuvieron. Los torturaron de todas formas posibles y, después de 32 días en los calabozos de Via Laietana, los enviaron a la cárcel. Pepus estuvo en la Modelo durante 13 meses, los mismos que Maribel pasó a la cárcel de mujeres de la Trinidad, donde las monjas de la Cruzada Evangélica la sometieron a un nuevo calvario de adoctrinamiento moral y castigos. Ahora, más de 50 años después, los hermanos tienen la oportunidad de querellarse contra los policías que les torturaron: Vicente Juan Creix, Rafael Núñez Valverde, Genuino Nicolás Navales y Atilano del Valle.

El fascismo está en las calles de Madrid, levanta el brazo, canta el Cara al sol y se encara con la democracia con el cinismo de hacerlo en nombre de sí misma. En Barcelona incluso programaron una contramanifestación para responder a la reivindicación permanente de la Via Laietana como espacio memorial, que probablemente entrará en los cartipases de transferencias en el nuevo ámbito de negociación que abre la investidura de Pedro Sánchez. Las imágenes de estos días me han transportado a un reciente viaje.

Las víctimas del franquismo han vuelto a chocar por enésima vez contra el muro de la justicia. La juez del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, ​​Carmen García Martínez, ha decidido no admitir a trámite la querella por torturas en Via Laietana interpuesta por Carles Vallejo. Todo ello ocurre a pesar de las peticiones de la Fiscalía. El 21 de septiembre, la Fiscalía de Barcelona, ​​junto con Memoria Democrática del gobierno español y la Fiscalía General del Estado, habían pedido la admisión de la querella.

En noviembre del año pasado Carles Vallejo, junto al colectivo Irídia y Òmnium Cultural, presentó una querella de lesa humanidad contra los policías que le torturaron en Via Laietana en diciembre de 1970. Era la primera que se interponía en España por crímenes franquistas después de la aprobación de la ley de memoria española. Prácticamente un año después, Vallejo puede estar más cerca de conseguir que la justicia lo investigue: la Fiscalía de Barcelona, ​​junto a Memoria Democrática del gobierno español y la Fiscalía General del Estado, han pedido la admisión de la querella.

La lucha de las entidades memorialistas para recuperar para la ciudadanía la Jefatura de la Via Laietana es, como tantas otras, muy larga. Hace años que lo reclaman. Dos martes al mes cortan la Via Laietana y se plantan ante la comisaría para reivindicarla y ofrecer el testimonio de personas que sufrieron torturas en el edificio. Este viernes, en la antesala del 20-N en el que se conmemora el 46º aniversario de la muerte de Franco, Òmnium Cultural, junto con entidades memorialistas, ha vuelto a exigir el cambio de usos de la Jefatura de la Policía Nacional de Barcelona para que se convierta en un espacio de memoria democrática. "Queremos que este centro del horror se convierta en un espacio de memoria contra el totalitarismo, por la libertad y por la democracia -clamaba el presidente de Òmnium y ex preso político, Jordi Cuixart-. Hace demasiado tiempo que se pide que acabe esta ignominia, no queremos esperar más y no nos sirven las medias tintas".

El gobierno español matiza pero no desautoriza al número 2 del ministerio del Interior, Rafael Pérez, que este lunes afirmó que la comisaría de Via Laietana era un "símbolo de servicio público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo a fortalecer la democracia". La portavoz de la Moncloa, Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro que fue "un lugar de represión y tortura" durante la dictadura, pero ha exonerado al secretario de estado de Seguridad por sus polémicas palabras. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, ha señalado que Pérez quería "poner en valor el papel de la Policía Nacional" en todo el Estado, también en Catalunya y Barcelona, y ha rehuido las críticas de sus socios de gobierno, Unidas Podemos, de Esquerra y de Junts.