El gobierno español promete que la comisaría de Via Laietana será un lugar de memoria, pero no que se irá la policía

BarcelonaEs una promesa antigua, pero nunca se ha cumplido. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que el gobierno español designará el edificio donde se ubica la jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana como "lugar de memoria". Torres lo ha dicho después de reunirse en Barcelona con el alcalde, Jaume Collboni. Cuando se aprobó la ley de memoria democrática del gobierno español, en otoño de 2022, se estableció que debería crearse un catálogo de puestos de memoria. Un catálogo que, de momento, es bastante exiguo: 16 en total, repartidos por todo el territorio español. Ahora bien, ¿qué significa lugar de memoria? Puede ser simplemente formar parte del catálogo o exhibir una placa. En ningún momento, Torres ha hablado de resignificación, como llevan años pidiendo las entidades, ni tampoco ha dicho que la Policía Nacional se marchará. Además, remarcó que cualquier actuación debería realizarse con el consenso y el diálogo de todas las administraciones implicadas. Y entre estas administraciones, se encuentra el ministerio del Interior, que siempre ha dejado claro que no quiere dejar este espacio, unas instalaciones donde durante la dictadura y parte de la Transición se practicó la tortura.

No es la primera vez que se hace esta promesa. Existe una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2017, con los votos de todos los grupos exceptuando al PP, para convertir la comisaría en "un museo-centro memorial, documental, archivístico de la represión franquista". Las fuentes del ministerio del Interior siempre han sido categóricas: la Policía Nacional no se irá a ningún otro equipamiento pese a todo lo aprobado con el apoyo de los socialistas. Las entidades no sólo piden recuperar el espacio, sino también los archivos –en estos momentos están en el Archivo Central del ministerio del Interior–, que dan información sobre cómo se organizaba la oposición y la disidencia en el franquismo y las políticas represivas.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han intentado por activa y por pasiva en los últimos años que el edificio, que fue sede de la Brigada Político-Social –una rama policial encargada de investigar y perseguir a los opositores al régimen que tenía carta blanca por hacer y deshacer con los detenidos–, sea un lugar de memoria de las resistencias y de la represión. Incluso hay un proyecto que presentó el consistorio barcelonés. También las entidades llevan muchos años luchando y han llevado a cabo diferentes iniciativas sin éxito. La reivindicación de este espacio de memoria empezó en los 80, antes de los Juegos Olímpicos. En los archivos de las entidades de memoria se conservan las cartas que se enviaron a distintas administraciones, entre ellas el ministerio de Justicia. Y dos martes al mes hay concentraciones con distintos testigos ante la comisaría de infausta memoria.

Por otra parte, Torres ha dicho que también se quiere hacer lo antes posible la reparación de todas las personas que sufrieron sentencias posteriormente declaradas nulas o consejos de guerra ilegales. En el caso de la restitución de las personas se realizará también a través de sus familiares. En concreto, ha dicho que el martes el consejo de ministros aprobará varias cuestiones vinculadas a memoria democrática, entre ellas un acuerdo para avanzar en la restitución de Lluís Companys y Salvador Puig Antich.