El gobierno español declara la comisaría de la Via Laietana como lugar de memoria (pero no la cierra)

BarcelonaLa comisaría de la Via Laietana ya es formalmente un espacio de memoria, pero seguirá acogiendo a la Policía Nacional española. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publica la resolución del gobierno español por la que "el edificio situado en la Via Laietana, 43", sede de la Brigada Politicosocial durante el franquismo, es declarado como "lugar de memoria democrática". Contrariamente a lo que reclamaban las entidades memorialistas y los partidos catalanes, sin embargo, la resignificación formal de la jefatura no implicará el traslado de la policía española.

La resolución del ejecutivo estatal recuerda la oscura historia de la comisaría para justificar la nueva calificación. "Por sus insalubres y saturadas celdas pasaron cientos de antifranquistas que sufrieron todo tipo de torturas en los interrogatorios –se afirma–. Nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura en Catalunya, se ha convertido en un símbolo de la represión sistemática llevada a cabo" "Es imprescindible asegurar que los crímenes cometidos en este sitio [...] no caigan en el olvido".

Por todo ello, y de acuerdo con la ley de memoria democrática, el gobierno español establece que habrá que garantizar la "perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuadas" del edificio, la "difusión, señalización e interpretación" de los hechos que se cometieron y la posibilidad de fijar un "punto de reconocimiento de las víctimas". "Asimismo, se podrá impulsar la promoción de itinerarios, físicos y virtuales [...], con el objetivo de que puedan ser debidamente conocidos", añade.

Las entidades memorialistas y de derechos humanos batallan desde hace años para que la comisaría se convierta en un espacio de memoria sobre la tortura y la represión, pero consideran que esto es incompatible con mantener el sitio como sede de la Policía Nacional. El gobierno español, en cambio, ha cerrado la puerta a desalojar a los agentes del edificio, que depende del ministerio de Interior. En palabras de hace unos meses del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, se trata de una comisaría "muy importante, céntrica, necesaria para la ordenación de la seguridad ciudadana".

El cierre de la jefatura ha sido también una reivindicación constante de la mayoría de partidos catalanes. Todo ello, como gesto de reparación por las incontables historias de terror de las personas represaliadas en la comisaría. Una de ellas, la filóloga e histórica independentista Blanca Serra, se convirtió hace apenas dos meses en la primera víctima de torturas de Via Laietana en declarar frente a la Fiscalía. "Los jóvenes deben saber qué pasó", dijo.

En algún momento, incluso ha sido una reivindicación del PSC, que ha dado volantazos con el posible cierre. En rueda de prensa este martes, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Silvia Paneque, se limitó a celebrar la decisión del gobierno español ya expresar su "satisfacción" por el hecho de que la comisaría pase a ser un "espacio de memoria". "De momento, desde el Govern era el planteamiento que había y se ha logrado", ha añadido, sin aclarar si es necesario ir o no más allá.

"Es necesario que la Policía Nacional abandone el espacio"

Òmnium Cultural criticó que, pese a la declaración de la comisaría de la Via Laietana como lugar de memoria democrática, continúe en manos de la Policía Nacional. "No se garantiza ningún cambio real: la Policía Nacional seguirá operando y solo se prevé instalar una placa conmemorativa. Un gesto simbólico que muestra la falta de valentía del PSOE y perpetúa la impunidad", lamentó la entidad, que reclama "justicia y memoria".

Jordi Rabassa, que fue concejal de Memoria Democrática durante el último mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, considera que la declaración de la comisaría de Via Laietana como lugar de memoria democrática es "un hito de las entidades memoriales y de las personas represaliadas, que no han parado de que", pero no han parado de. "Ahora lo que toca es que no se quede sólo en un reconocimiento formal administrativo o en una placa, sino que la Policía Nacional abandone el espacio para que se convierta íntegramente en un espacio de memoria", dice Rabassa.

Elisenda Alemany, presidenta del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, critica que "en cualquier democracia" hace años que la jefatura sería un espacio memorial. "Via Laietana no será nueva sin espacio de memoria para quienes lucharon por la libertad", dice Alemany. ERC hizo una propuesta que pedía el traslado de la policía a la Verneda oa cualquier otra dependencia del ministerio del Interior en la ciudad para evitar que deba compatibilizarse la función de memoria democrática con los usos policiales. La propuesta se aprobó con el voto a favor de Junts y BComú, la abstención del PSC y los votos en contra de PP y Vox.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, considera que la declaración es "el paso previo para sacar a la Policía Nacional de Catalunya". Según Fernández, la comisaría de la Vía Layetana "no es un símbolo franquista", sino "un símbolo del Estado de Derecho, de la legalidad de la Constitución" ante el "golpe secesionista" de 2017. "No permitiremos que conviertan un símbolo de justicia y seguridad en una sala de propaganda al servicio del separatismo", añadió el portavoz.

En la misma línea, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha condenado la decisión del gobierno español. Según el sindicato, el gesto responde a "intereses políticos" y supone "una cesión a las exigencias del independentismo". Lo consideran "un ataque directo a la dignidad y el trabajo de los policías nacionales que prestan su servicio a Catalunya" y creen que la decisión no responde en ningún caso a un criterio de "justicia histórica". Jupol exige que se revoque "inmediatamente" la decisión y reclama al ministerio del Interior que no se utilice la comisaría como una "herramienta política".

Un historial funesto desde 1929

Sin embargo, el funesto historial de la comisaría arranca en 1929, una década antes del franquismo, tal y como recuerda la resolución del gobierno español publicada en el BOE: "Desde que se inauguró, a finales de la dictadura de Primo de Rivera, fue el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés. hasta tal punto que era conocido en los círculos obreristas como el molino sangriento. A partir de 1941, y hasta la llegada de la democracia, se convirtió en el centro de la represión política franquista en Barcelona", relata el documento.

La resolución, que encarga a los departamentos de historia contemporánea de la UB y la UAB y en el Memorial Democrático de la Generalitat informes sobre la interesada pueda hacer alegaciones a la declaración como lugar de memoria democrática. El gobierno español, en todo caso, ya ha dejado clara su posición sobre la naturaleza del edificio, aunque esto vaya en contra del clamor de las víctimas.