Hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ido tumbando todos los recursos del independentismo que han llegado. Este jueves no ha sido una excepción: Estrasburgo ha concluido que España no violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull cuando les impidió ejercer sus derechos como parlamentarios durante su prisión preventiva, cuando fueron elegidos diputados en las elecciones del Parlamento del 2017. a las elecciones libres ni del derecho a su libertad y, por tanto, avala la limitación de derechos que se produjo a raíz de su privación de libertad dictada por el Tribunal Supremo.

La empresa Ikea es sinónimo de muebles asequibles, funcionales y con un toque de diseño nórdico que ha cautivado a millones de clientes en todo el mundo. Pero la compañía sueca, fundada en 1943, tiene también un pasado oscuro. Desde hace algunos años, los vínculos que la compañía de muebles escandinava había tenido con la antigua Alemania del Este han sido investigados y puestos a la luz pública, generando remordimientos entre los actuales directivos de la empresa.

La negociación de Pedro Sánchez con los partidos independentistas llevó a los indultos en 2021, siguió con eleliminación de la sedición y la reforma de la malversación en 2022 y, finalmente, ha conducido a laamnistía este 2024. Esta tríada es precisamente la que recogen las últimas alegaciones que ha presentado el gobierno español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), enfocadas a evitar que el Estado sea condenado por vulneración de derechos fundamentales en la causa del 1- O. Es la primera vez que el abogado del Estado que representa a España ante el TEDH, Alfonso Brezmes, y su número dos, Heide Elena Nicolás, incluyen la amnistía, una vez aprobada en mayo en el Congreso de los Diputados. De hecho, el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso el ARA, la incorpora entera para evidenciar que la motivación objetiva de la ley es extinguir todas las responsabilidades penales de los encausados ​​por el referéndum del 1 de Octubre , entre ellos los nueve presos políticos que demandaron al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo.

Abel Mora, uno de los siete encausados ​​ya condenados a quien sólo la amnistía podía evitar la cárcel, ingresó el pasado jueves en Can Brians, según avanzó El Nacional y ha confirmado el ARA. Mora, condenado en el 2021 a 3 años y 9 meses de cárcel por participar en la agresión que sufrió un ciudadano que participaba en la manifestación convocada por el sindicato policial Jusapol en noviembre del 2018, ingresó en prisión el mismo día que el Congreso aprobaba la ley de amnistía, que está pendiente de publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor.

Aún sin acuerdo por la amnistía, Junts y el PSOE abren los últimos días de negociación con una amenaza judicial que ahora ya va tomando forma: en pocos días podrían haber nuevos presos políticos o exiliados. Las instrucciones por terrorismo, ahora divididas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, representan un ataque a la línea de flotación de la ley y dificultan la posición de Junts, que ha proclamado que no aceptará una norma que deje fuera a parte de los represaliados .

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió a trámite los recursos que los 9 expresos políticos interpusieron contra la sentencia del 1 de Octubre. De esta forma, Estrasburgo acepta estudiar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que han alegado todos los exconsejeros del Gobierno -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Joaquim Forn-, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los ex líderes del ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a raíz del Proceso. Todos ellos acusan al Reino de España de no respetar sus derechos: desde el derecho a la libertad de manifestación y reunión a la presunción de inocencia y al juez predeterminado por ley.

La represión al independentismo ha hecho pasar a la acción a Nico Krisch. Este prestigioso académico experto en derecho internacional siempre había sido más de ensayo y docencia que de ejercer la abogacía, pero los últimos años ha pilotado la demanda de los presos políticos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU –con un dictamen favorable esta semana–. Krisch es alemán, nació en Berlín Oeste y vio caer el Muro de Berlín cuando tenía 17 años.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU condenando a España por haber suspendido los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva no solo es una "victoria moral" del independentismo, en palabras del mismo Romeva, sino que también pone deberes a España. El principal: tiene que llevar a cabo reformas legislativas en un plazo de 180 días para que esto no vuelva a pasar. En una rueda de prensa conjunta este viernes, Romeva, Rull y también el abogado que ha coordinado la causa, Nico Krisch, desde Ginebra, han instado al Estado a actuar. "España debe acabar con la estrategia de opresión", ha dicho Krisch, mientras que Romeva ha apostado por la amnistía como la principal "respuesta política". Ahora bien, también se tiene que tener en cuenta que "el daño es irreparable" –no pueden volver a ser cargos electos– y que de momento la primera reacción de España, tal como ha afirmado Rull, ha sido el "desprecio". Por todo ello, el independentismo prefiere centrarse en lo que depende de él y no confiar demasiado en lo que pueda venir del Estado, y esto quiere decir aprovechar el dictamen de la ONU por las causas que están pendientes de resolución en Europa.

La resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU condenando a España por haber suspendido los derechos de los presos políticos antes de la sentencia no ha servido este jueves para que el PSC, ERC y la CUP cambiaran de opinión sobre la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, pero sí que será un arma que utilizará la defensa de Borràs en el camino que se abre ahora al Tribunal Constitucional. De hecho, desde su entorno consideran tan importante el precedente que ahora dudan sobre si la siguiente parada tendría que ser la justicia europea o la ONU –las dos jurisdicciones son incompatibles–. A pesar de que no ha sido relevante para la decisión de la mesa, ha sido uno de los debates centrales de la jornada: ¿la resolución de la ONU también vale para el caso de Borràs o, como dice ERC, no tiene nada que ver? El ARA ha consultado a expertos constitucionalistas para valorar esta cuestión.

Si Turull dio un paso adelante, Sànchez lo dio al lado cediéndole, precisamente, el lugar de secretario general de Junts. Paradójicamente, el exlíder de la ANC ha ejercido más tiempo el poder en el partido desde dentro de prisión que desde fuera. Su siguiente misión lo alejará del combate político del día a día: tiene previsto dirigir la fundación de la Crida Nacional per la República, el futuro think tank de JxCat. Una manera de seguir influyendo, pero desde una óptica diferente.

Joaquim Forn (Barcelona, 1964) define como un “recuerdo lejano” los tres años y ocho meses que estuvo en prisión por haber puesto las urnas el 1 de Octubre. En conversación con el ARA.

“Política”, tuiteaba el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando Pedro Sánchez concedió los indultos a los presos políticos el 22 de junio del año pasado. Era una manera de sintetizar la paradoja que había rodeado la medida de gracia hasta su concesión: los condenados la valoraban con escepticismo, era tabú explicar la verdad públicamente y, hasta ahora, es el único resultado tangible de la apuesta entre el PSOE y ERC por el diálogo. Ahora vuelve a ser materia clasificada. ¿Qué pasará si el Tribunal Supremo los revoca? ¿La Moncloa dictará nuevos decretos de indulto corrigiendo las deficiencias que haya podido encontrar la sala tercera del alto tribunal? ¿Forma parte de las negociaciones que retomaron el miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà? El exvicepresidente español Pablo Iglesias, cuando era interpelado por los indultos antes de que se concedieran, siempre repetía que “a veces, para que las cosas salgan bien, hay que trabajar con discreción”.

Hace un año que el presidente de ERC, Oriol Junqueras (Barcelona, 1969), salió de prisión después de recibir el indulto. Con esta efeméride en la cabeza, visita la redacción del ARA.

El Tribunal Supremo revisará la concesión de los indultos a los líderes del Procés. En un primer momento, la sala tercera rechazó la admisión a trámite de los recursos que presentaron PP, Cs y Vox porque consideraba que no estaban legitimados para impugnar la medida de gracia, pero un cambio en la composición de la sección que estudia el procedimiento ha propiciado el nuevo criterio. Por lo tanto, cinco jueces del Supremo estudiarán los fondos de la cuestión y queda la puerta abierta a la revocación de los indultos a los líderes independentistas que Pedro Sánchez otorgó el 22 de junio del año pasado.

"Se recogen enunciados que están cargados de valoraciones y opiniones [...] que, como ya se sabe, no pueden funcionar como referente empírico del juicio, porque carecen de valor y verdad y no tienen aptitud para ser objeto de verificación". Este es uno de los dardos que el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Ramón Sáez envía a Manuel Marchena y el tribunal que condenó por sedición a nueve líderes independentistas. En su voto particular en la sentencia contraria a los recursos de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que hace extensivo a los de Joaquim Forn y Dolors Bassa, el juez que absolvió a Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional acusa el Tribunal Supremo de no haber demostrado correctamente que en 2017 se produjera sedición el 20-S y el 1-O ni que los implicados participaran en ella. Sáez estima que con la condena se les vulneró el derecho a la presunción de inocencia y al de la legalidad penal, entre otros.

Una de las pocas imágenes de unidad que ha brindado el independentismo los últimos tiempos fue cuando, justo esta semana ha hecho un año, registró conjuntamente una ley de amnistía en el Congreso para intentar poner fin a todas las causas judiciales que hay abiertas a raíz del Procés. Esta unidad no ha sido suficiente para saltar el muro que plantea el Estado también en esta cuestión, que hoy por hoy no ha permitido ni siquiera que la norma se haya llegado a debatir en el pleno. ¿Qué ha pasado? Y, sobre todo, ¿y ahora qué?

Llueva, haga frío o sea fiesta, cada noche bajan a la calle. Primero lo hacían por la libertad de los presos políticos y ahora por el final de la represión y el regreso de los exiliados. No son los miembros de Meridiana Resisteix, sino del Col·lectiu Enriqueta Gallinat, que desde el 5 de noviembre de 2017 están cada día a la confluencia de Urgell con Avenida Roma de 20.30 h a 21 h. Este sábado hará 1.591 vísperas que están al pie del cañón en la movilización colectiva diaria más longeva del independentismo. "Es la que lleva más tiempo en la calle", dice orgullosa Teresa Capella, una de las incondicionales. La iniciativa surgió del CDR del Eixample Esquerra en respuesta al encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y ha persistido hasta ahora gracias a la perseverancia vecinal. Este es solo uno de la cincuentena de actos independentistas que se hacen en todo el país todavía hoy, muchos de los cuales desde el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados contra los indultos a los presos políticos catalanes con un argumento que le permite no tener que entrar en el fondo de la cuestión. Lo que ha determinado es que los partidos (PP, Vox y Cs), entidades y personas particulares que interpusieron los recursos no están legitimados para hacerlo. Punto final. A pesar de que todavía existe la posibilidad de recurrir la decisión, todo apunta a que se acerca el final de la pesadilla de las condenas de prisión que la sala segunda del mismo tribunal impuso a nueve líderes políticos y sociales del independentismo.

Vía libre a los indultos de los presos políticos. La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos que presentaron PP, Vox y Cs porque consideran que no están legitimados para impugnarlos. Así, los jueces del ámbito contencioso-administrativo ni siquiera tendrán que entrar en el fondo de la cuestión y determinar si Pedro Sánchez incumplió la ley a la hora de conceder la medida de gracia a los líderes del Procés. El procedimiento no ha superado la fase previa de reconocer como legítimos a los diputados, partidos y entidades que intentaron tumbar los indultos. La Abogacía del Estado, en representación del gobierno español, había alegado en este sentido y la sala tercera le ha dado la razón.

"Esta juez no puede llegar de ninguna forma a atribuir a los acusados el delito de lesiones, puesto que los agentes han contestado unánimamente que desconocían quién les había ocasionado las lesiones que presentaban". En cuanto al delito de atentado: "¿Cómo puede aseverarse que unas personas identificadas una hora y media antes, entre un grupo de unas veinte, con una intervención de aproximadamente 10 minutos, por la noche y en una zona escasamente iluminada, como han recalcado los agentes, son las mismas que se encuentran entre un grupo de 250 personas sin ningún tipo de duda?" Y todavía más dudas en cuanto al hecho de que los llamados nueve de Lledoners fueran los que montaron las barricadas para dificultar la salida de la comitiva policial que trasladaba a los presos políticos a Madrid el 1 de febrero de 2019. Por todo ello, la juez los absuelve a los nueve argumentando "la inexistencia de pruebas" contra ellos, a pesar de que varios agentes de los Mossos insistían en señalarlos.