La mesa reafirma la suspensión de Borràs como presidenta del Parlament

BarcelonaLaura Borràs seguirá suspendida como presidenta del Parlament. Esta ha sido la decisión de este jueves de la mesa del Parlament, la primera que ha presidido la vicepresidenta de la cámara con funciones de presidencia, Alba Vergés (ERC). La mayoría formada por Esquerra, el PSC y la CUP del órgano rector de la cámara ha decidido inadmitir a trámite la petición de reconsideración que había planteado Junts per Catalunya, puesto que consideran que la decisión de suspender a Borràs es una aplicación automática del reglamento del Parlament -que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción- y que no está sujeto a ningún replanteamiento.

La mesa -que ha presidido Vergés desde el lugar donde se sentaba Borràs- ha tomado esta decisión después de escuchar el parecer de los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, donde Junts se ha quedado solo defendiendo a la presidenta de la cámara suspendida. "Junts se ha quedado solo en esta posición contraria a lo que establece el reglamento del Parlament", ha dicho poco después la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Fuentes del entorno de Borràs consideran que la líder de Junts se encuentra en una "indefensión", puesto que inadmitiendo la petición de reconsideración (y no admitiéndola y rechazándola) la mesa no argumenta jurídicamente la decisión de apartarla cautelarmente del cargo. En este sentido, el grupo ha presentado otro escrito este jueves añadiendo en su argumentario el dictamen de ayer miércoles del comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resolvía que el Estado español había vulnerado los derechos políticos de los exconsellers tomados cuando los suspendió de diputados por rebelión antes de la sentencia del 1 de Octubre. Para Junts, esto es un caso similar al de Borràs y pedía a la mesa en la petición de reconsideración que tenga en cuenta esta decisión.

"Sería paradójico que al día siguiente [de la resolución de la ONU] se acabe reconociendo que el Parlament ha violado los mismos derechos a Laura Borràs", afirma el escrito de Junts, en relación con la suspensión de un cargo electo antes de la sentencia. Un argumento que no avalaban el resto de los partidos independentistas, y tampoco el PSC ni los comunes. Fuentes republicanas consideran que se hace un "flaco favor" al movimiento comparando el caso del 1 de Octubre con la causa de la Institución de las Letras Catalanas que afecta a Borràs. "Decimos muy claro que no son situaciones equiparables, de ninguna de las maneras. Quien quiera equiparar la implicación de Jordi Turull con el caso de Laura Borràs se equivoca", ha sentenciado Vilalta desde el atril, y ha añadido: "Este 52% de apoyos no es para cerrar filas ante acusaciones de delitos de corrupción, sino para defender la república catalana".

Sobre esta cuestión, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró ayer desde Suiza que son situaciones "diferentes" que no se pueden "mezclar". "Los diputados catalanes que han recibido el reconocimiento de la ONU fueron perseguidos por haber llevado a cabo el 1-O y su compromiso con la autodeterminación, mientras que la investigación que se está llevando a cabo respecto a la diputada Laura Borràs es por un presunto delito de corrupción", declaró.

El dictamen de este miércoles de las Naciones Unidas no invalida la suspensión de un diputado antes de la sentencia si hay una previsión legal, pero sí que dice que tiene que ser "previsible", "objetiva" y "proporcional" de acuerdo con los hechos. Unos requisitos que en el caso del 1 de Octubre considera que no se cumplieron porque se suspendió a los diputados basándose en el delito de rebelión cuando se trataba de hechos "públicos" y pacíficos", en alusión a las manifestaciones que rodearon el referéndum. "Diversas organizaciones y entidades nacionales e internacionales han puesto de manifiesto el carácter pacífico de las acciones que llevaron a cabo los demandantes y otros responsables políticos y sociales de Catalunya", sostiene el dictamen, que concluye: "Una aplicación del derecho interno que, de manera automática, dé lugar a la suspensión de los cargos electos por presuntos delitos basados en acciones públicas y pacíficas con anterioridad a la existencia de una condena impide un análisis individualizado de proporcionalidad de la medida y, por lo tanto, no se puede considerar que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad", afirma el dictamen.