Con el catalán, la sacudida está siendo fuerte. Ante la evidencia del descenso del uso social de la lengua, especialmente entre los jóvenes, y ante la ofensiva judicial de la ultraderecha para romper el consenso alrededor del catalán como lengua vehicular en la escuela, se está produciendo una notable reacción social y política. Es como si el país hubiera dicho: no vale instalarse en el derrotismo, en el fatalismo. Actuemos. Y, en medio de las dificultades, hay algunos motivos para la esperanza. Por ejemplo, la elección idiomática de los estudiantes que han hecho los exámenes de la selectividad para acceder a la universidad, el 97% de los chicos y chicas han optado por hacer las pruebas en catalán. Quizás las cosas no se están haciendo tan mal en la ESO y el bachillerato, pues. Después hay el fenómeno del talent show de TV3, Eufòria: su ganadora, Mariona Escoda, de 21 años, dice que le gustaría "componer mayoritariamente en catalán". Y añade: "Falta música en catalán, aprovechemos que ha salido una remesa de artistas que pueden hacer música en catalán y hagamos música en catalán". Es joven, con ambición profesional y se proyecta hacia adelante con su idioma con naturalidad. El éxito de la película Alcarràs también demuestra que el catalán, si quiere, es una lengua de masas, mediática, de mayorías.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sido manifiestamente torpe en su última interlocutoria sobre el 25% de castellano en las escuelas, redactada con un texto en catalán repleto de errores lingüísticos y faltas de ortografía. La chapuza ilustra de manera gráfica la frágil situación del uso social del catalán, idioma que ni la alta judicatura del país parece respetar. Y de paso es una evidencia palmaria de la absurdidad de la sentencia del propio TSJC: porque lo que la realidad demuestra día a día –en la propia justicia, en el comercio, en los medios de comunicación, en el deporte, por todas partes– es la necesidad perentoria de reforzar el catalán, no el castellano, mucho más consolidado en todos los campos gracias a su peso demográfico y económico, y al apoyo constante e inestimable del Estado. El reducto escolar, como un espacio para muchos chicos y chicas de acceso a una lengua, la catalana, que de lo contrario les sería del todo ajena, continúa siendo plenamente necesario. ¿Cómo puede ser que ni los jueces que no saben usarlo no se den cuenta de ello?

La propuesta de modificación de la ley de política lingüística registrada por cuatro grupos parlamentarios ha levantado una cierta polvareda, especialmente entre el ala más nacionalista del movimiento independentista. La propuesta consiste en reconocer que el castellano también puede ser empleado como lengua de enseñanza y de aprendizaje, en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de los centros educativos y siempre en relación con el objetivo de asegurar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales (dejamos ahora el occitano) por parte de todos los alumnos. Quienes han saltado contra la propuesta encuentran que esta "claudicación" ante la presión judicial será el fin de la inmersión, que será el fin del catalán, que será el fin (no nada glorioso) de la nación. Un poco de reflexión serena puede ayudar a definir mejor lo que se propone.

Una de las críticas más repetidas desde que el jueves se anunció el pacto de cuatro partidos para mantener el catalán como lengua vehicular y reconocer el castellano como lengua de aprendizaje en la escuela es que el acuerdo liquida la inmersión lingüística. La afirmación es confusa, porque la inmersión no es un modelo educativo como tal, sino una metodología de aprendizaje que promueve la exposición intensiva para aprender una lengua. Depende, pues, del compromiso de profesores, maestros, educadores y todos los profesionales de una escuela. En el caso catalán, esta metodología toma sentido después de la dictadura franquista y, especialmente, en los territorios y en los barrios con más castellanoparlantes: la primera escuela donde se aplica la inmersión es la Rosselló Porcel, en Santa Coloma de Gramenet, donde solo dos alumnos eran catalanohablantes cuando el 1983 se empezaron a hacer todas las clases en catalán porque así lo habían pedido las familias. Diez años después, la inmersión ya se aplicaba en toda Catalunya.

Horas después de haberlo firmado y presentado en el Parlament, JxCat, pese a mantenerse dentro del acuerdo unitario firmado con ERC, el PSC y los comuns para evitar las cuotas del catalán en la escuela, pidió ayer por la noche rehacerlo. El movimiento de Junts, fruto de tensiones internas y de las dudas expresadas por alguna entidad lingüística, resulta difícilmente comprensible y debilita una buena apuesta conjunta. El cambio propuesto en la ley de política lingüística se ha cocinado con discreción durante meses para desactivar las cuotas lingüísticas en la educación que, al margen de toda lógica pedagógica, pretende imponer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El acuerdo persigue un triple objetivo: asegurar la preeminencia del catalán, rebajar la tensión social y la presión sobre la escuela y normalizar la convivencia con el castellano.

El gobierno vasco considera que se puede hablar de éxito de su política de normalización lingüística. En el Diagnóstico del Sistema Educativo de 2021, detalla que de los 300.000 nuevos vascohablantes que existen desde 1981, dos de cada tres lo son gracias a las escuelas. Actualmente, según las encuestas del gobierno vasco, un 71,4% de la población de 16 a 24 años sabe hablar euskera (es euskaldún o vascohablante), una cifra tres veces superior respecto a los datos que se tienen del 1991. A este ritmo, según el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), en 2036 el porcentaje de euskaldunos menores de 24 años llegará al 83,4%.