Leire Díez, investigada en un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha sido la elección del PP para reanudar, tras las vacaciones de verano, la cruzada en el Senado contra el PSOE por sus casos de presunta corrupción. El exmilitante socialista compareció en la comisión de investigación del caso Koldo y, pese a su situación procesal, no optó por el silencio y rebatió las acusaciones de la derecha y la extrema derecha insistiendo en el relato que desplegó desde que estalló el escándalo. "No soy fontanero, soy periodista", aseguró, reiterando que trabaja en la publicación de un libro sobre "el mal funcionamiento de las instituciones", y de ahí la colección de audios que se han ido conociendo en los que se inmiscuye presuntamente en procedimientos judiciales. Díez reivindicó que la investigación que ha llevado a cabo no es para favorecer al PSOE sino a favor del "estado de derecho", y negó que estuviera "bien relacionada" dentro del partido, distanciándose así tanto del PSOE como del exdirigente del partido Santos Cerdán.

Por último, ha resultado que sí existía el supuesto informe de la UCO y que sí había indicios contra Santos Cerdán. Hacía semanas y meses que lo advertían algunos medios concretos, situados en el espectro de la derecha.El Confidencial, El Mundo, OkDiario, The Objective—, hasta que se ha confirmado una vez que la Guardia Civil la ha aportado al Tribunal Supremo. Las acusaciones populares personadas en el procedimiento han tenido acceso a ellas y se ha filtrado a los medios. Ahora bien, durante todo este tiempo, ¿cómo se lo hacían estos periódicos para obtener pinceladas de la investigación? Efectivamente, lectores, es tal y como sospechan.

El PP ha encontrado en la presuntaoperación contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye al PSOE, su principal filón para atacar a Pedro Sánchez. Por eso, pocos días antes de la manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo en Madrid contra la "mafia" que atribuyen a los socialistas, los populares han ampliado su ofensiva en el ámbito judicial.

Pedro Sánchez vive una de las semanas más complicadas de la legislatura. La revelación de una presunta operación contra la Guardia Civil, revelada por El Confidencial, ha situado al gobierno español en el ojo del huracán, ya que el PP le atribuye directamente al PSOE. Todo empezó el lunes, con la publicación de un audio en el que Leire Díez Castro, militante socialista de base, reclamaba a un empresario imputado en la Audiencia Nacional información que derrumbe el departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a cambio de beneficios judiciales. En concreto, buscaba paños sucios del teniente coronel Antonio Balas, que está liderando la investigación de los casos que afectan al entorno de Sánchez. En esta conversación, también participaba el empresario Javier Pérez Dolset, que estuvo en prisión preventiva, y de quien este jueves el mencionado medio publica un audio del mes de septiembre en el que sin más contexto dice que detrás están el propio Sánchez y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. ¿Cuáles son las claves de este caso que han desatado una nueva guerra entre el PP y el PSOE?

La negociación de la ley de amnistía y la investigación sobre la persecución del independentismo que por primera vez comienza a abrirse paso son dos caras de la misma moneda. Están estrechamente atadas. La primera es necesaria en función de la realidad de una justicia parcial y ad hoc. Y la segunda, es decir, que eventualmente se pueda demostrar el peso del lawfare –no de la ley– que cayó sobre los políticos y ciudadanos implicados en el Proceso, reforzará el sentido de la misma amnistía que están pactando PSOE, ERC y Junts.

Uno de los objetivos de la guerra sucia contra el independentismo fue el expresidente del Barça Sandro Rosell, con el que pusieron en práctica un modus operandi que afectó a muchas otras personas, la mayoría empresarios con conexiones con CiU, algunos de ellos señalados por políticos del PP como Alicia Sánchez-Camacho Básicamente, el método consistía en reclutar informantes del entorno de la víctima para que pasaran información confidencial con la que poder chantajear. En el caso de Rosell, sin embargo, una vez iniciada la investigación, el propio José Manuel Villarejo reconoce en diferentes notas informativas que todo lo que les llegaba de Rosell era falso y que además éste no tenía ningún rol importante en el proceso independentista.- _BK_COD_ En una nota fechada el 29 de diciembre de 2012, cuando apenas se había iniciado la operación Catalunya, Villarejo afirma que "aún no se ha encontrado nada para justificar el control", ya que Rosell "dedica su tiempo a actividades comerciales y lejos de actividades independentistas". Además, el excomisario se lamenta de que los testigos contra Rosell, como el del entonces director de la revista Don Balón Rogelio Rengel, no son de fiar. Rengel fue condenado a 10 años de cárcel por estafar a Luis del Olmo en el 2017.

De vez en cuando aparecen nuevas informaciones sobre la operación Cataluña que demuestran que no fue algo de cuatro locos sino un operativo de largo alcance, con múltiples instituciones involucradas (Policía, CNI, etc.) y que llegó a convertirse en una forma de actuar tan normalizada en el ministerio del Interior que se ampliaron sus objetivos, por ejemplo actuando contra Podemos (caso Neurona) y entorpeciendo las investigaciones sobre la corrupción del PP (operación Kitchen). Pero en el caso catalán, tanto por la amplitud de los objetivos (políticos, empresarios, periodistas, etc.) como por los recursos desplegados, resulta inverosímil que todavía no se haya iniciado ninguna investigación judicial seria. Estamos, sin duda, ante el mayor escándalo de la democracia española, con permiso de los GAL, en los que al menos un ministro –el del Interior, Jorge Fernández Díaz– utilizó a la policía para perseguir la disidencia política (con el excusa de defender la unidad de España) saltándose todos los límites de la ley.

La respuesta del ministerio del Interior a un contencioso administrativo presentado por Òmnium Cultural ante la Audiencia Nacional a raíz de la información de que la Policía Nacional había infiltrado a un agente durante años en el movimiento independentista (y también en el de defensa de la vivienda) no deja lugar a dudas: el Estado no considera el independentismo una ideología legítima, sino un movimiento subversivo que se tiene que vigilar de cerca, aunque esto suponga la violación de derechos fundamentales de personas concretas y atente contra el principio de pluralismo político que caracteriza las democracias liberales. El documento policial tilda las infiltraciones de "legítimas, idóneas y oportunas", y las enmarca dentro de la lucha contra el terrorismo, puesto que se trata "de extremismos excluyentes que pueden derivar en violencia".

“Ayer hablé con Santiago Pedraz, el decano de la Audiencia Nacional, que me dijo: «No te preocupes, que, en cualquier caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, a quienes le caiga el reparto le diré que ante todo hable con vosotros»”. Esto explicaba el excomisario José Manuel Villarejo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz cuando, en una conversación en diciembre de 2012, publicada hace unas semanas en El País, tramaban la denuncia contra el hijo grande de Jordi Pujol. “Eloy [Velasco, titular del juzgado de instrucción 6 en aquel momento] está... ha sido tocado. Javier Zaragoza [fiscal jefe de la Audiencia Nacional], muy sutilmente”, añadía. En otro momento de la conversación, Fernández Díaz preguntaba si se llevaría la denuncia al juez Fernando Andreu, en aquel momento titular del juzgado de instrucción 4, pero Villarejo advertía que quien estaba de guardia era Pablo Ruz, del 5. “Ruz no es el mejor, ¿no?”, replicaba el exministro.

En plena campaña electoral de las elecciones catalanas del 25 de noviembre del 2012, el diario El Mundo publicó el siguiente titular: "La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU". Aquella información no se demostró nunca, pero ahora sabemos, gracias a los audios del excomisario José Villarejo publicados por el diario El País, que aquello fue un montaje auspiciado por el ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, para perjudicar al independentismo en unas elecciones clave.