El lema de la prioridad nacional, como casi toda la retórica de la derecha ultranacionalista española, es una copia de parte del arsenal doctrinario del trumpismo. En este caso, el original es el America First, que fue uno de los eslóganes que llevaron a Trump a la presidencia de los EE. UU., junto con el Make America Great Again que Trump lleva incrustado en las viseras de sus deprimentes gorras de béisbol, y que con sus iniciales da nombre al movimiento MAGA. Nada nuevo bajo el sol de las ideologías y los discursos reaccionarios: cierre exterior e interior, repliegue, odio o suspicacia hacia aquello y aquellos que vienen de fuera, y exaltación de un puñado de valores tradicionalistas que funcionan como el cromo de una prosperidad supuestamente perdida, pero que en realidad nunca existió.Eslogans com “primero los de aquí” son subproductos de la política, tergiversaciones burdas del liberalismo, en que las ideas han sido sustituidas por las emociones: el miedo, la rabia, el odio. De esto viven las ultraderechas, y este es el género averiado que el Partido Popular ha comprado (ha vuelto a comprar) a sus socios y adversarios de Vox. La aceptación, ni que sea con matices y tira y afloja, de la prioridad nacional representa, como explica el editorial de este diario, una concesión muy importante, diríamos que definitiva, del PP a los discursos xenófobos, racistas y supremacistas. Desde el PP, siempre saben encontrar algún eufemismo para atenuar su genuflexión ante Vox y, en este caso, discuten (hacen ver que discuten) para vincular la prioridad nacional al arraigo y no a la nacionalidad. Pero el trasfondo no cambia: lo que hace el PP es dar cobertura y legitimación a una propuesta racista y xenófoba de la extrema derecha.A partir de aquí hay quien finge sorpresa o hace trampas con paralelismos inexistentes. Hay que decirlo: ni Bildu, ni Podemos, ni ERC ni Sumar representan de ninguna manera, dentro de la izquierda, nada equivalente a lo que representa Vox desde la derecha: una formación que reivindica, por ejemplo, el legado del franquismo y que hace propuestas frontalmente anticonstitucionales, como esta de la prioridad nacional, que desafía también los Tratados de la UE. Si queremos saber cómo se relaciona (y es previsible que se siga relacionando) el PP con Vox, basta con repasar cómo lo hace en las comunidades autónomas donde ya tienen tratos: ahora mismo, en Extremadura y Aragón, después de obstruir la gobernabilidad durante medio año, han accedido a formar gobiernos a cambio de facturas políticas draconianas que el PP tendrá que pagar poco a poco. En el País Valenciano y en Baleares, el PP lleva dos años de gobiernos con apoyo, desde dentro o desde fuera, de Vox: cada votación que se quiere llevar adelante en el Parlament balear o en las Cortes Valencianas exige una negociación desde cero, con los precios políticos y los intereses disparados. És lícito pensar que, si el PP mantiene un socio tan difícil (tiene alternativas en la mayoría de las comunidades y ayuntamientos) es porque, en el fondo, el proyecto polític del PP y el de Vox son indistinguibles.

La cesión discursiva ante Vox en Extremadura, con la aceptación del "principio de prioridad nacional", ha tenido el fruto esperado para el PP. Después de un primer intento frustrado hace un mes y medio, la candidata popular, María Guardiola, ha sido investida como presidenta este miércoles con los votos de los populares y de la extrema derecha, que dobló resultados en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Ahora bien, en el mismo momento, en el Congreso, los populares han tumbado una moción de Vox en la que defendía el principio de "prioridad nacional" para el acceso a las políticas públicas. ¿Por qué se ha producido este contraste? Desde que cerraron el pacto, los dos partidos se han discutido públicamente sobre qué significaba este concepto, ya que para la extrema derecha (y así se reflejaba en la moción tumbada) se trata de priorizar a los ciudadanos con nacionalidad española por delante del resto; mientras que el PP entiende el concepto diferente: quiere condicionar las ayudas al tiempo y la contribución al territorio independientemente de la nacionalidad.

El PP llevará a votación este miércoles en el Congreso un texto en el que se pide "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a las personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". De esta manera, afirman los populares, trasladan a la cámara baja "el alma" del acuerdo con Vox en Extremadura. Sin duda se trata de un movimiento relevante, ya que Alberto Núñez Feijóo decide asumir un principio que históricamente ha estado vinculado a la extrema derecha, y especialmente al lepenismo francés, a pesar de las reticencias expresadas por figuras relevantes de su partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.

El PP ha presentado una enmienda a una moción de Vox para que por primera vez se debata en el Congreso establecer una "prioridad nacional" a la hora de recibir ayudas y subvenciones. Un elemento que los dos partidos acordaron en el pacto suscrito para gobernar en Extremadura —aunque la candidata a la reelección, María Guardiola, no lo ha citado en el debate de investidura de este martes— y que el gobierno español ya se ha encargado de censurar. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Senado, ha asegurado que el pacto entre la derecha y la extrema derecha es "discriminatorio, inhumano y xenófobo". En la investidura extremeña

El PP y Vox han tardado cuatro meses en llegar a Extremadura a un acuerdo que parece un pacto de circunstancias, suscrito porque se acababa el tiempo, pero que contiene suficientes puntos conflictivos para pensar que tendrán muchos problemas para poder ponerlo en práctica. Inmigración y sanidad serán los aspectos más controvertidos, porque la mentalidad con que están tratados estos dos capítulos es claramente restrictiva de derechos. Las campañas que se han lanzado previamente para tener el terreno preparado no satisfarán las expectativas de los partidos firmantes. La sociedad española, muy mayoritariamente, no comparte la idea de que los inmigrantes son un colectivo de delincuentes culpables de la saturación de la sanidad pública, mientras reciben subvenciones injustificadas.

Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.

Habemus pacto para un nuevo gobierno en Extremadura. Después de semanas de negociación, PP y Vox han llegado a un acuerdo para investir a María Guardiola presidenta de la Junta extremeña, tal como ha anunciado la misma Guardiola este jueves por la tarde, en una atención a los medios de comunicación desde Mérida. "Es un acuerdo muy esperado y estamos satisfechos", ha dicho Guardiola. La candidata del PP ha presumido de haber sido capaces de dejar atrás las "diferencias ideológicas". "Hemos conseguido una amplia mayoría que sostendrá un muy buen gobierno para Extremadura", ha reiterado.

Vox ha hecho descarrilar el primer intento de investidura de María Guardiola en Extremadura. Más de dos meses después de las elecciones, el PP y la extrema derecha han sido incapaces de ponerse de acuerdo y continúan bloqueados. Durante su intervención en el pleno, el líder autonómico del partido de extrema derecha, Óscar Fernández, ha vuelto a exigir "certezas y garantías" de que los populares cumplirán lo acordado. "Queda mucho por concretar", ha advertido. Después de que Guardiolaimplorara a Vox su apoyo –"No somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros", dijo ayer durante su discurso–, Fernández le ha pedido "menos palabras bonitas y más garantías". "Dio una patada hacia adelante, se quedó en las formas sin entrar al quid de la cuestión", le ha reprochado. El diputado de Vox ha dejado claro que su deber era "evitar" que la candidata popular "engañe e incumpla su palabra", y ha lanzado un dardo envenenado hacia la dirección estatal del PP: "Los enemigos los tiene en casa. Si hoy no se ha llegado a un acuerdo, es fundamentalmente porque alguien en Génova todavía no quiere". Con la votación, que se ha saldado con 29 votos a favor de Guardiola –del PP– y 36 en contra –del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura–, se activa la cuenta atrás hacia la repetición electoral. Esta semana habrá un segundo intento el viernes por la tarde y, si la investidura tampoco tiene éxito, el PP y Vox tendrán tiempo para entenderse hasta el 4 de mayo. Si no lo consiguen, Extremadura repetirá las elecciones el 28 de junio.

El PP y Vox tenían este martes una doble cita para poner a prueba su complicidad en las comunidades autónomas. Y se ha puesto de manifiesto que el entendimiento no será fácil. Por la mañana, los dos partidos no han logrado llegar a un acuerdo para la elección de la presidencia de las Cortes de Aragón, que ha conseguido el PP en solitario. "No podemos regalar cargos sin ninguna garantía por parte de Vox", justifican desde Génova –a pesar de que en Extremadura les cedieron un puesto en la mesa “a cambio de nada”–. Es una escenificación que evidencia que Jorge Azcón todavía tiene lejos un pacto con el partido de Santiago Abascal para continuar como presidente aragonés. Por la tarde, María Guardiola ha dado el pistoletazo de salida al debate de investidura de la Asamblea de Extremadura sin haber obtenido todavía el aval de Vox y apelando a la "responsabilidad" de la extrema derecha para "no frenar" la conformación de un nuevo ejecutivo. "No somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros", ha proclamado.

Vox tiene un plan a corto, medio y largo plazo para situar a Santiago Abascal en la Moncloa. Y la primera piedra de esa estrategia se está poniendo estos días en las negociaciones con el PP para los gobiernos de Extremadura y Aragón, que se encadenarán con los comicios en Castilla y León y Andalucía. Siempre con la vista puesta en las generales del 2027. Según ha podido saber el ARA, el plan de la extrema derecha pivota sobre una exigencia inicial: entrar en el gobierno de Extremadura. La excusa es que no se fían de la presidenta, María Guardiola, pero la realidad va más allá; Vox pretende acorralar a la líder extremeña mientras da más facilidades a otros varones populares, por ejemplo a Jorge Azcón en Aragón.

María Guardiola ya no es lo que era: si en el 2023 se distinguió por marcar uno de los perfiles más moderados del PP y alejado de la extrema derecha –aunque acabó pactando–, y hasta hace unas semanas se resistía a ceder ante las exigencias de Vox, ahora se entrega a los de Santiago Abascal. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha dicho esta mañana en una entrevista en Ok Diario, unas palabras que no han gustado al PP a nivel estatal y que después la propia Guardiola se ha visto obligada a matizar. Desde la dirección del PP en Madrid le han desautorizado: "Sobra ruido y falta trabajo serio", ha dicho la vicesecretaria de los populares Carmen Fúnez al ser preguntada por las palabras de la presidenta extremeña.

Por mucho que ahora arrupe la nariz cuando se le pregunta por una posible reedición del pacto con Vox, Alfonso Fernández Mañueco fue el primero barón popular a abrazarse a la extrema derecha. Corría el año 2022, Alberto Núñez Feijóo acababa de llegar a la presidencia del PP, y los populares aún hacían esfuerzos por presentar a Vox como un partido al que no se podían confiar tareas de gobierno. Feijóo presionó internamente contra el pacto en Castilla y León pensando que le interesaba mantenerse desatado de la extrema derecha cuando llegaran las elecciones generales. Pronto, la dependencia absoluta de Vox le obligó a modificar su estrategia.

El PP extremeño lo fía ahora todo a Vox. Tras las idas y venidas de este miércoles con la idea de que estarían más cómodas con una abstención del PSOE o de Vox antes que con un gobierno de coalición con la extrema derecha, ahora María Guardiola (PP), que aspira a reeditar la presidencia en la Junta de Extremadura, ve como único camino posible para alcanzarlo. "Mi única intención es llegar a un acuerdo [con Vox]", ha afirmado Guardiola en una atención a los medios de comunicación este jueves por la mañana. La popular, que pidió discreción, aseguró ahora que "hay más cosas" que les "unen" que no que les "separan" con Vox, aunque fue el desacuerdo con la extrema derecha para los presupuestos autonómicos lo que abocó a las elecciones anticipadas del pasado diciembre.

El Partido Popular sigue haciendo manos y mangas para mantener la presidencia de la Junta de Extremadura. Un mes y medio después de las elecciones, en las que María Guardiola volvió a imponerse y Vox duplicó diputados, las negociaciones están más enquistadas que nunca. Después de que el partido de Santiago Abascal anunciara ayer uno no rotundo a María Guardiola y que la candidata extremeña pidiera "responsabilidad" al PSOE para desbloquear la situación, la dirección estatal del PP se ha hecho suya la hoja de ruta de la baronesa territorial y admite que prefiere un gobierno en solitario a través de una abstención del PSOE o de Vox que una coalición con la extrema derecha. Y es que, pese a que llevan más de un mes negociando un gobierno juntos con los de Santiago Abascal, el enquistamiento de las conversaciones ha abocado al PP a mirar hacia el PSOE. Fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo responsabilizan a los socialistas de su entendimiento con la extrema derecha y justifican que si los socialistas se presentaron en campaña como un "dice para detener la ultraderecha", ahora es "consecuente" que se abstengan para evitar la entrada de Vox en el gobierno autonómico.

Dos días después de las elecciones aragonesas, con Vox disparado con el doble de diputados y un PP bajista, la extrema derecha ha dejado claro que los varones populares que quieran pactar tendrán que pagar un precio elevado. Este martes el foco ha estado en Extremadura, donde el adelanto electoral tampoco logró el objetivo de los populares de ganar margen de maniobra. La presidenta en funciones del gobierno autonómico, María Guardiola, ha sido propuesta como candidata y ha hecho una apelación a la "responsabilidad", con duras palabras para el partido de Santiago Abascal: "No puede ser que el PP, que ganó las elecciones con el apoyo del 43,2% de los electores, tenga que trasvestirse de Vox", añadió. Pero poco después ya constató que la derecha radical cerró la puerta a apoyarla y afirmó que depende de ella repetir los comicios o no. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado el "no rotundo" en investirla porque "no ha entendido el mandato de las urnas".

Manuel Naharro Gata es la segunda persona con mayor poder institucional en Extremadura desde que ha sido elegido esta semana como presidente del parlamento autonómico. Nacido en 1986, es alcalde de Valencia de Mombuey desde 2007, pueblo de 700 habitantes, cuando apenas tenía 21 años. Compaginó este cargo con un ascenso al PP, donde es presidente provincial de Badajoz desde 2021, y persona de confianza de la presidenta extremeña, María Guardiola, que le defendió con uñas y dientes de la acusación de cometer un delito contra la libertad sexual (que quedó archivada judicialmente).

Uno de los titulares que dejaron las elecciones del pasado domingo en Extremadura fue la contundente mejora de Vox: la formación de Santiago Abascal duplicó los escaños y el porcentaje de voto, logró 40.000 papeletas más que hace dos años y medio y fue la segunda fuerza en la ciudad de Cáceres. "Tiene una subida notable que respetamos", apuntaban el lunes fuentes de Génova. Esta contundente progresión de la extrema derecha hizo descarrilar uno de los objetivos que se había marcado María Guardiola, que aspiraba a depender menos después que Vox haz embarrancar la legislatura con la negativa a aprobarle los presupuestos. Y no solo eso, sino que la fortaleza de Vox puede tener resonancias en los comicios autonómicos previstos para el primer trimestre de 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La unidad a la izquierda del PSOE que logró Irene de Miguel en Extremadura va camino de convertirse en un espejismo. Unidas por Extremadura es la coalición que sumó Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde bajo el mismo paraguas –Sumar no se presentó y apoyó–. Y es también la suma que permitió inyectar optimismo a un espacio que no pasa por su mejor momento a raíz del estropicio entre Sumar y Podemos, y en un momento en el que la demoscopia le pronostica un bajón a escala estatal. Por eso, los resultados de Extremadura, en los que Irene de Miguel hizo crecer tres escaños la coalición unitaria, son un pequeño oasis que, por ahora, se hace difícil de replicar en otros territorios que tienen elecciones autonómicas a la vista, como Andalucía, pero también en todo el Estado, donde la unidad que Yolanda Díaz tejió por las elecciones del 2023 está debilitada: Podemos rompió con Sumar, y Esquerra Unida s'all.

En Extremadura se han recogido los resultados de una campaña mediocre protagonizada por candidaturas mediocres con programas aún más mediocres (por no decir sin programas de ningún tipo: Extremadura era apenas una excusa; se trataba sólo de utilizarla como termómetro de lo que pueda ocurrir en Madrid). Incluso la participación fue mediocre. Con tanta mediocridad, lo que ha salido era previsible: un varapalo para los dos partidos grandes del sistema político español en favor de una extrema derecha, de la que el PP depende, una vez más, para gobernar esta comunidad. También Podemos ha sacado rédito y ha experimentado una cierta subida, aunque irrelevante.

La derrota electoral del PSOE en Extremadura se ha cobrado la primera víctima. Menos de 24 horas después de firmar los peores resultados de la historia en la región –que los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años–, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido como líder territorial de la formación. Defiende que es una "decisión lógica y madurada" –domingo la comunicó a Pedro Sánchez– para "asumir la responsabilidad política" del batacazo y confía en que dé un "nuevo impulso" al PSOE. Marcha con la "cabeza alta", y defiende que ha trabajado con "honestidad y sinceridad", pero con la mínima autocrítica: "Pido disculpas a los ciudadanos si en algún momento no he estado a la altura", se ha limitado a decir. Antes de conocerse su paso junto, incluso voces de las mismas filas socialistas, como el presidente de la Diputación de Cáceres, habían reclamado a su jefe. Gallardo ha tenido un liderazgo efímero después de dos dirigentes históricos: los casi dos años que habrá sido secretario general del PSOE de Extremadura -desde marzo del 2024- contrastan con el mandato de Guillermo Fernández Vara -dieciséis años- y de Juan Carlos Rodríguez Ibarra -veinte años-.