"Reconozco que de entrada no me gusta gota que la Institución de las Letras Catalanas y el Institut Ramon Llull dependan ahora de su departamento –escribía hace unos días el novelista Joan-Lluís Lluís a Francesc Xavier Vila, consejero del nuevo departamento de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña, en un artículo en Vilaweb–. Yo, modestamente, cuando escribo una novela no hago política lingüística, me esfuerzo en hacer literatura y, pues, cultura".

Después de la confesión de Isaías Herrero y de los varios testigos acreditando la presentación de presupuestos falsos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), este miércoles ha habido otra comparecencia clave en el juicio a Laura Borràs: la declaración de la exadministradora de la ILC Assumpta Pagespetit. Encargada de la gestión de la entidad de la Generalitat de 2011 a 2016, ha declarado que avisó repetidamente a la líder de Junts de que no podía seguir adjudicando a dedo todos los trabajos relacionados con la página web de la ILC al empresario Isaías Herrero. "Estaba claro que todas las tareas las hacía él, a pesar de que [formalmente] adjudicábamos a diferentes empresas", ha resumido: "No me gustaba lo que estaba pasando [...]. No quería que continuaran las irregularidades". Es por eso que, ha explicado, recomendó unas cuantas veces a Borràs que hiciera la contratación de "manera diferente", a través de un procedimiento negociado.

Para preservar los principios de la libre concurrencia y la igualdad de trato de todos los operadores económicos, las administraciones públicas no pueden contratar a quienes quieran para hacer un determinado trabajo como lo hacen los agentes privados. Solo en aquellos casos en los que los servicios no superan un coste de 15.000 euros pueden hacer una adjudicación a dedo. Es decir, utilizar los llamados contratos menores. El resto se tiene que hacer por procedimientos que garanticen la competencia. Ahora bien, el problema llega si se utiliza esta contratación menor para trocear un contrato grande y saltarse las normas generales de contratación pública. Es lo que se conoce como fragmentación de contratos y lo que la Fiscalía atribuye a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el caso de la Institución de las Letras Catalanas. 

Uno de los puntos más debatidos de la causa que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, es si se trata de un caso de corrupción. No solo es importante en términos políticos, sino también a efectos de lo que dice el artículo 25.4 del reglamento de la cámara: que los diputados a los cuales se abre un juicio oral por "delitos vinculados a la corrupción" tienen que ser suspendidos de sus derechos y deberes inmediatamente por la mesa. Borràs ha dicho desde un primer momento que no se siente "interpelada" por este artículo porque no ha cometido ningún delito, pero a raíz del escrito de la Fiscalía este jueves hay más elementos sobre la mesa para analizarlo: ahora ya se sabe por qué delitos lo acusa el ministerio público –prevaricación y falsedad documental– y la mesa del Parlament tendrá que determinar si están vinculados a la corrupción para decidir sobre el futuro de la líder de Junts.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta hacer ningún paso al lado por la causa judicial de presuntas irregularidades en la contratación pública. Pero no solo esto: en la comparecencia del martes también aseguró que no se siente "interpelada" por el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados a los cuales se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Su entorno considera que no necesariamente se tiene que aplicar este artículo, sino que hay otros escenarios como el artículo 25.1. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que este segundo se refiere de forma genérica a todos los diputados a los cuales se abre juicio oral sin especificar por qué delitos. Y, además, incorpora otra derivada: requiere mayoría absoluta para suspender a un diputado. Por lo tanto, si su caso se vehiculara por este artículo, ERC o la CUP se tendrían que mojar activamente y alinearse con la oposición para suspender a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La causa judicial que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estado en el centro del debate político a lo largo de todo el fin de semana a raíz de las peticiones de dimisión de la oposición y, de forma menos explícita, también de Esquerra la semana pasada cuando la expresidenta de la cámara Carme Forcadell le pidió que pensara en el "prestigio" de la institución antes de que en ella. Este lunes, sin embargo, Junts per Catalunya ha querido cerrar filas con su máxima líder y ha pedido al resto de partidos independentistas un "frente común" para defender su presunción de inocencia. "No es corrupción, es represión", ha afirmado este lunes el portavoz del partido, Josep Rius, en rueda de prensa. Según Junts, el caso de la Institució de les Lletres Catalanes -en que se investiga a Borràs por el presunto fraccionamiento de contratos y por favorecer a un conocido- forma parte de la "persecución política" del independentismo y de la "Operación Catalunya" instigada por el Estado.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defendido en todo momento que el caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) forma parte de la persecución política del independentismo y ha pedido al resto de los partidos independentistas que no la dejen caer. Hasta ahora Esquerra y la CUP habían evitado posicionarse sobre esta cuestión, pero esto ha cambiado en los últimos días y se ha precipitado esta semana cuando el juez ha cerrado la instrucción: de manera más o menos explícita, fuentes de los dos partidos creen que lo mejor para el independentismo sería que diera un paso al lado. Una petición a la cual también se ha sumado este viernes el PSC, de la mano de su portavoz, Alícia Romero, que ha pedido a Laura Borràs que ponga el "prestigio" de la cámara por encima de los "intereses personales". 

El caso Borràs amenaza con poner en riesgo la continuidad de la coalición de gobierno independentista. Crece, tanto por parte de ERC y la CUP como de los grupos de la oposición, la presión política para que dimita la presidenta del Parlament, cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por el proceso judicial abierto sobre su actuación cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (2013-2018), acusada de haber encadenado dieciocho contratos menores adjudicados a un amigo por un valor conjunto de más de 300.000 euros, desoyendo las advertencias de Intervención de la Generalitat.