El caso Borràs entra en la fase decisiva sin acuerdo en el independentismo

BarcelonaEn marzo el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga la gestión de Laura Borràs al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ya dejó a la ahora presidenta del Parlament a un paso del juicio por "abusar" de su cargo y favorecer a Isaías Herrero, un empresario amigo suyo, con varios contratos. El mes siguiente, sin embargo, dio marcha atrás para que se pudieran practicar más pruebas y garantizar los derechos de defensa de la también líder de JxCat. Después de esto –uno de los investigados aportó un informe de la Intervención de la Generalitat que recriminaba la gestión de Borràs y varios audios–, el magistrado ha vuelto a dejar a la presidenta de la cámara a las puertas del juicio. La causa, pues, llega a la fase decisiva y el independentismo todavía no ha acordado cómo reaccionar.

En la nueva resolución, el TSJC da 10 días hábiles a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación, que tendrá que definir qué penas concretas pide para Borràs, el empresario y dos investigados más. Aun así, esto no quiere decir que la apertura de juicio oral por parte del juez sea inmediata: la última resolución del TSJC se puede recurrir y esto paralizaría de nuevo el trámite. Desde el Parlament, pues, calculan que el caso podría acabar de estallar después de las vacaciones de verano.

La causa de la ILC sitúa el independentismo en un callejón sin salida, puesto que cuando sea firme la apertura de juicio oral, Esquerra, Junts y la CUP tendrán que decidir si suspenden a la presidenta del Parlament como diputada. El reglamento de la cámara prevé en su artículo 25.4 que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Solo en caso de que se planteen "dudas" sobre la naturaleza del delito, se tiene que remitir el caso a la comisión del Estatuto de los Diputados.

¿Qué harán los partidos soberanistas con la presidenta del Parlament? A pesar de que hace años que tienen el caso sobre la mesa, todavía no han llegado a un acuerdo sobre como proceder, de forma que será en las semanas próximas que se determinará si consiguen una posición común o si vuelve a haber ruptura. La presidenta del Parlament siempre ha defendido su inocencia y la gestión hecha al frente de la ILC y ha acusado la Fiscalía de ir contra ella en el marco de la "causa general del independentismo". Hasta ahora, ni Esquerra ni la CUP han revelado cuál será su posicionamiento –no han escondido la incomodidad con el caso–, pero sí que han puesto en entredicho los argumentos de Borràs. En una entrevista reciente a la ACN la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, afirmó que se trata de "mala gestión o corrupción" y que la líder de Junts no puede "exigir apoyo a ciegas en nombre de la represión". A su vez, los cuperos ya declinaron votarla como presidenta de la cámara a principios de la legislatura porque tenía esta causa abierta. En cuanto al resto de la oposición, ha reclamado que se aplique el reglamento en su caso, a pesar de que JxCat ponga en entredicho que el artículo 25.4 –que aprobaron el 2017 los grupos independentistas– respete la presunción de inocencia.

El desenlace de esta situación puede afectar directamente la estabilidad de la legislatura. Si los republicanos dejan caer a Borràs, los sectores de Junts más cercanos a la presidenta del Parlament presionarán para romper el Govern. La dirección anterior pilotada por Jordi Sànchez se decantaba por mantenerse dentro del ejecutivo incluso en este supuesto, pero es una incógnita qué puede decidir la nueva ejecutiva Turull-Borràs en este escenario.

La advertencia de la Generalitat

Más allá de lo que pase en el plan político, el juez instructor insiste en que la presidenta del Parlament y su amigo "se pusieron de acuerdo" para "defraudar" dinero a la ILC a través de diferentes proyectos que se adjudicaron a dedo a este empresario. Se basa sobre todo en la correspondencia electrónica entre la ahora presidenta del Parlament y el empresario, a quien Borràs conocía de hacía años y con quien había colaborado en el máster que dirigía en la Universitat de Barcelona. El magistrado, por ejemplo, cita uno de los mensajes en que el empresario confiesa a Borràs que se le hace "extraño y complicado tener que hacer este trapi", en referencia a la supuesta manipulación de las facturas: "Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, ¡tener que liar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos!", le dice el empresario, que también le pide a Borràs si sabe alguna "manera más estilosa de hacerlo". Ella le contesta en otro correo que "la cuestión es fraccionar" los trabajos. En total, Isaías recibió contratos por valor de 330.000 euros.

La Intervención de la Generalitat advirtió a Borràs que estaba abusando de la figura de los contratos menores, que son los que se pueden adjudicar a dedo. La presidenta del Parlament presentó alegaciones asegurando que este tipo de contratos eran legales y dio instrucciones a sus subordinados para que continuaran utilizándolos. Esto lo puso de manifiesto el funcionario de la institución investigado en su declaración más reciente, que acompañó de dos audios: en uno, Borràs pedía a este trabajador que la avisara si los Mossos volvían a presentarse a la ILC y en el otro insistía en que se pagara uno de los trabajos hechos por su amigo.

El caso de Puig

Pero antes del caso de la ILC los partidos independentistas tendrán que abordar otra decisión que, a pesar de no tener nada que ver, también supone una nueva prueba de fuego para Junts, Esquerra y la CUP. El Tribunal Constitucional remitirá pronto en la cámara su último pronunciamiento, en que anula el voto delegado del exconseller Lluís Puig –actual diputado de JxCat–. Defiende que no se puede considerar el hecho de estar exiliado una "incapacidad temporal" –uno de los supuestos para delegar el voto– porque cree que el exconseller se ha situado voluntariamente fuera de la jurisdicción española.

Borràs todavía no se ha pronunciado sobre qué hará –tampoco Esquerra– y hasta ahora solo los cuperos se han mostrado partidarios de mantener la delegación de voto, a pesar de que no han concretado cómo. La mesa se expondría de nuevo a una querella por desobediencia si avala que Puig continúe votando, y los funcionarios se negarían a contabilizar su voto, como ya hicieron con la pérdida del escaño del diputado Pau Juvillà (CUP). Los tribunales, pues, vuelven a poner en un callejón sin salida el independentismo en el Parlament.