Crece la presión a Borràs para que dé un paso al lado

BarcelonaLa presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defendido en todo momento que el caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) forma parte de la persecución política del independentismo y ha pedido al resto de los partidos independentistas que no la dejen caer. Hasta ahora Esquerra y la CUP habían evitado posicionarse sobre esta cuestión, pero esto ha cambiado en los últimos días y se ha precipitado esta semana cuando el juez ha cerrado la instrucción: de manera más o menos explícita, fuentes de los dos partidos creen que lo mejor para el independentismo sería que diera un paso al lado. Una petición a la cual también se ha sumado este viernes el PSC, de la mano de su portavoz, Alícia Romero, que ha pedido a Laura Borràs que ponga el "prestigio" de la cámara por encima de los "intereses personales". 

Romero ha hecho un llamamiento a preservar la presunción de inocencia mientras no haya sentencia, pero también ha señalado que el reglamento, que prevé la suspensión de los diputados cuando se enfrentan a un juicio oral por corrupción, "se tiene que cumplir en todos los casos, en este también". Las palabras de Romero van en la línea de lo que ya expresó el jueves la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que la invitaba a plegar para proteger la institución. De hecho, este es el mensaje que Esquerra ha ido sembrando los últimos días, en el que ha endurecido el posicionamiento sobre el caso Borràs. Si bien al principio trataba de no mojarse, con las nuevas informaciones sobre la mesa –el informe en el que Intervención de la Generalitat lo advertía del abuso de contratos menores– ha cargado las tintas contra la líder de su socio de Govern. "Es necesario preservar el proyecto colectivo y no exigir apoyo a ciegas en nombre de la represión", ha dicho recientemente la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que siempre ha separado el caso de Borràs de las causas relacionadas con el 1-O.

Ahora bien, en este momento no entra en los planes de la presidenta del Parlament marcharse. Su entorno afirma que se siente con el "apoyo granítico" de la ejecutiva de Junts y mantiene que su caso no habría tenido recorrido si no fuera independentista. Una cuestión, apuntan, que hasta ahora tampoco han negado los republicanos y la CUP. "Más razones para mantener la presunción de inocencia", afirman. En este sentido, las mismas fuentes aseguran que hay margen jurídico para no aplicar el reglamento del Parlament cuando el juez abra juicio oral y que se trata de "voluntad política". La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) puede llegar este julio, si va deprisa, o ya en otoño.  

Precisamente este viernes Borràs ha presentado un recurso contra el cierre de la instrucción y ha pedido que su caso sea juzgado por un jurado popular. "Creemos que el juez natural de los poderosos no es otro que el ciudadano que lo ha situado en esta posición", argumenta el escrito del abogado Gonzalo Boye, que también insta al TSJC a presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional porque la ley del jurado excluye que pueda juzgar el delito de prevaricación, uno de los que se imputan a Borràs junto con malversación, falsedad documental y fraude administrativo.

Escenarios jurídicos

El artículo 25.4 del reglamento prevé que "en los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Solo en caso de que se planteen "dudas" sobre la naturaleza del delito se tiene que remitir el caso a la comisión del Estatuto de los Diputados. En este punto, el entorno de Borràs dice que, por un lado, la mayoría de la mesa –ERC y Junts– podría decidir que el caso de la ILC no es corrupción y que, por lo tanto, no se aplica el reglamento –una tesis que no compran los republicanos– o, por otro lado, podrían remitir el caso en la Comisión del Estatuto de los Diputados para debatir allí las "dudas" que creen que hay sobre la causa de la Institución de las Letras Catalanas y hacer un informe sobre la cuestión. ¿Qué harán los republicanos en este supuesto? Esta cuestión se tiene que abordar –admiten los dos partidos– en las próximas reuniones de coordinación que los dos socios de gobierno tienen establecidas.

Una cosa es que ERC presione ahora para que Borràs dé un paso al lado y la otra que haya tomado una decisión sobre cuál será su decisión en el Parlament en relación con la suspensión de la presidenta de la cámara como diputada. Los republicanos no se avanzan de momento argumentando que todavía no se ha llegado al escenario del juicio oral. El posicionamiento que tomen, eso sí, puede tener consecuencias más allá del Parlament y puede afectar directamente a la estabilidad del Govern de Pere Aragonés. Si Esquerra se alinea con la oposición, los afines de Borràs presionarán para romper la coalición. O cuando menos para que haya una crisis de Govern importante. En este sentido, el entorno de la presidenta de la cámara considera que la nueva ejecutiva liderada por ella misma y Jordi Turull será más proclive a reaccionar de forma contundente a favor de Borràs que la anterior pilotada por el exsecretario general Jordi Sànchez.

De hecho, a pesar de que había pedido no aplicar el 25.4 en el caso de Borràs, el también exlíder de la ANC defendió en su última entrevista a Els matins de TV3 que el caso del ILC no podía comprometer la continuidad del Govern, lo que comparten la mayoría de las fuentes gubernamentales de Junts consultadas. "Un Govern es mucho más importante que una situación de polémica o tensión", dijo. Hasta ahora, Jordi Turull, actual secretario general, que representa el sector más institucional, no se ha pronunciado sobre esto, pero sí que ha expresado el apoyo a la presidenta del Parlament. En una entrevista a Europa Press la semana pasada dijo que "en el caso de la presidenta Borràs no podemos tirarnos piedras sobre nuestro tejado" y afirmó que la "represión del Estado" es para generar "reproches" entre los independentistas. Este viernes precisamente Turull se ha desplazado a Ginebra (Suiza) para reunirse con Rovira y abordar la "situación política", que pasa también por el caso de Borràs. 

La CUP tampoco ha aclarado qué haría en el caso de que se abriera juicio oral a la presidenta del Parlament, pero fuentes anticapitalistas se cogen al hecho de que ya no la apoyaron para ser escogida precisamente porque cargaba esa "mochila" judicial. "ERC y JxCat son los responsables de hacer a Borràs presidenta [...] Han de explicar qué quieren hacer", afirman. No es nada descartable, sin embargo, que los cuperos apuesten por aplicar el artículo del reglamento que permite suspender a un diputado por corrupción antes del juicio. Fueron ellos, de hecho, quienes lo impulsaron.