La Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por el caso de la ILC

BarcelonaSeis años de prisión, 21 años de inhabilitación y 144.000 euros de multa. Esta es la pena que pide la Fiscalía para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por presunto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El ministerio público la acusa de los delitos de prevaricación administrativa y de falsedad documental con la agravante de su carácter público, pero la exime del delito de malversación y fraude administrativo por los cuales sí que la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). "La desproporción de las penas demuestran la persecución política", ha reaccionado en una comparecencia la presidenta de la cámara y también líder de Junts, Laura Borràs, que ha reiterado su "inocencia" y que no dimitirá: "No soy culpable de lo que se me acusa, hice mi trabajo y lo hice muy bien hecho".

En el escrito de la Fiscalía se asegura lo siguiente: "Los acusados Laura Borràs e Isaías Herrero –amigo de la actual presidenta del Parlament que se encargó de las tareas de mantenimiento de la web– actuaron de mutuo acuerdo y acordaron que la retribución de aquellos trabajos informáticos se haría a través de la contratación administrativa, fraccionando indebidamente en varios contratos menores". Según su escrito, con estas adjudicaciones a Herrero, Borràs vulneró los principios de "transparencia y concurrencia pública" siendo, tanto ella como Herrero, "perfectamente conscientes de que en su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa". En total, el importe de los servicios encargados a Herrero subiría a 277.438,17 euros.

En todo caso, Borràs ha lamentado que se la haya asociado durante "cuatro años" a los delitos de malversación y fraude administrativo, que al final han acabado cayendo del escrito. En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha comparecido con la presidenta del partido para expresarle el apoyo, ha pedido a las fuerzas independentistas que "no vayan más allá" que el ministerio público y no suspendan a Borràs como diputada aplicando el artículo 25.4 del reglamento de la cámara que hace referencia a la apertura de juicio oral por "delitos vinculados a la corrupción".

Al haber caído malversación y fraude, Junts espera que se pueda desvincular el caso de Borràs de este artículo, a pesar de que el delito de prevaricación -que mantiene el ministerio público- forma parte de la lista de delitos que tanto la fiscalía como el consejo del poder judicial vincula a la corrupción. "Sociológicamente la corrupción se asocia a la malversación", ha argumentado Borràs, que ha dicho que su suspensión será una decisión "política" que se tomará en la mesa de la cámara. "Espero que los compañeros que tengo en la mesa, que me conocen, sepan perfectamente lo que tienen que hacer", ha expresado.

La apertura del juicio oral augura un choque en el independentismo y dentro del mismo Govern: mientras Junts defiende que se trata de un caso de represión, los republicanos ven corrupción, cosa que implicaría la suspensión de Borràs como diputada y concuerda con los argumentos de la Fiscalía. Esta misma mañana, antes de conocer el escrito de la fiscalía, la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, ha argumentado que la presidenta del Parlament tendría que "valorar" dar un paso al lado.

Aun así, ni Turull ni Borràs han querido pronunciarse sobre las diferencias con Esquerra ni si la decisión de los republicanos de alinearse con la oposición podría hacer tambalear la estabilidad del Govern. El secretario general del partido ha querido poner énfasis en el "contexto" y lo que se está sabiendo de la Operación Catalunya para defender que no se puede suspender a Borràs: "El independentismo tiene que decidir si se planta o pone una alfombra roja". Quien sí que se ha mojado es el secretario de organización, David Torrents, cercano a Borràs, a través de Twitter: "Si la hacen caer, caerá todo".

Abuso de funciones

El escrito de acusación de la Fiscalía también señala que Borràs y Herrero "fingieron" la forma de contratar para "ocultar" las adjudicaciones. En cada uno de los trabajos a hacer, aparecían tres presupuestos a nombre de proveedores diferentes para dar "cierta apariencia" de normalidad. "Dos proveedores no eran ofertas reales, sino presupuestos elaborados falsamente por los acusados [...] para encubrir que el adjudicatario real de todas era Herrero y enmascarar el fraccionamiento ilegal".

Con todo esto sobre la mesa, la Fiscalía concluye que Borràs "abusó de sus funciones como directora de la ILC" en cuanto que ella misma "aprobó la contratación, el gasto y la adjudicación de 18 contratos menores". Para Herrero, la Fiscalía pide la misma pena que para Borràs y lo acusa de los mismos delitos: 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. En cambio, solicita que el empresario pague 72.000 euros de multa, la mitad que la presidenta del Parlament, porque a Borràs le suma la agravante de ser cargo público. En la causa también ha implicado a un tercer actor, Andreu Pujol, para quien la Fiscalía pide 3 años de prisión y 10 de inhabilitación por los mismos delitos. A Pujol, también empresario, el ministerio público le otorga el rol de "colaborador necesario". Él "era conocedor" del fraccionamiento de contratos entre Borràs y Herrero y, "de común acuerdo con los dos anteriores, aceptó elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de la empresa APMGC & CE, SL".

A diferencia de la imputación que mantuvo el juez, por el contrario, la Fiscalía pide archivar la causa contra R.R.R., el funcionario de la ILC que aportó un informe de la Intervención de la Generalitat que recriminaba la gestión de Borràs y varios audios de WhatsApp a la causa: en una de estas grabaciones, Borràs pedía a R.R.R. que lo avisara si los Mossos volvían a presentarse a la ILC y en otra insistía que se pagara uno de los trabajos hechos por su amigo. El ministerio público considera ahora que no hay "indicios incriminatorios suficientemente sólidos" contra el funcionario.

Hasta 18 adjudicaciones

Según la Fiscalía, son 18 los contratos menores que Borràs habría adjudicado de manera fraudulenta: considera que se tendrían que haber agrupado en solo seis. Uno de ellos para el desarrollo de la web de la ILC, un segundo para la web del Any Vinyoli, un tercero para la plataforma virtual Què llegeixes?, un cuarto sobre el Any Ramon Rull, un quinto sobre la web dedicada a los 30 años de la publicación de la obra Pedra de tartera y el sexto para el mantenimiento de la web del Any Bertrana.

De los 18 contratos menores -la mayoría rondan los 21.000 euros-, algunos sí que se adjudicaron directamente a nombre de Isaías Herrero, pero los otros se adjudicaron a nombres tan varios como Xarxa Integral de Professionals i Usuàries, Freelance Sociedad Cooperativa Madrileña, APMGC & CE, Andreu Pujol Martín y SmartCooper. Fuera cual fuera el nombre de quien ganaba la adjudicación, el ministerio público sostiene que "el verdadero adjudicatario" siempre era Herrero. Lo que sí que concede el fiscal es que los precios de los contratos no estuvieron nunca inflados y que, por lo tanto, el que abonaba la ILC por el trabajo tenía un coste adecuado. Sería por este motivo que en el escrito de acusación se exime a la presidenta del Parlament de los delitos de malversación y fraude administrativo.